Una fiscal delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá ratificó en segunda instancia la resolución de acusación en contra del excongresista Tiberio Villarreal Ramos, por su presunta participación en la denominada masacre de ‘La Rochela’, que dejó 12 personas muertas y 3 heridas el 18 de enero de 1989, en zona rural de Simacota (Santander).

El procesado deberá responder en juicio como posible responsable de los delitos de homicidio agravado, tentativa de homicidio agravado y concierto para delinquir.

Los elementos de prueba en poder de la Fiscalía dan cuenta de Villareal Ramos, al parecer, se reunió en varias oportunidades con cabecillas paramilitares del Magdalena Medio para recibir apoyo político y financiero. En medio de uno de los encuentros ilícitos habría presionado para que fueran asesinados los integrantes de una comisión judicial que investigaba la desaparición de 19 comerciantes de la región, y les robaran el expediente y la evidencia relacionada con el caso.

En atención a esa instrucción, hombres armados interceptaron a los funcionarios y, con el pretexto de que tenían información valiosa, los llevaron por una vía rural, donde fueron emboscados por una estructura a cargo de alias Vladimir. En la acción criminal murieron dos jueces, dos secretarios de despacho, seis investigadores judiciales y dos conductores. Este proceso se sigue por los parámetros de la Ley 600 de 2000 (anterior Sistema Penal).

Las denuncias de los comerciantes y agricultores, especialmente del sector arrocero de Casanare, en las que indicaban que eran víctimas de extorsiones e intimidaciones, fueron el punto de partida de una investigación liderada por la Fiscalía General de la Nación contra una estructura del ‘Clan del Golfo’ que tendría injerencia en el oriente del país.

Las evidencias y los elementos materiales de prueba recopilados permitieron identificar a José Arandú Segua, alias Guandú o Fermín, quien sería el cabecilla de ese grupo armado ilegal, y el principal articulador de extorsiones y otras conductas delictivas.

Este hombre fue capturado en Yopal (Casanare), en una diligencia realizada de manera conjunta por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), unidades del Gaula del Ejército Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana. Un fiscal de la Seccional Casanare lo presentó ante un juez de control de garantías y le imputó los delitos de concierto para delinquir con fines extorsivos. El procesado no aceptó los cargos y deberá cumplir medida de aseguramiento
en centro carcelario.

Alias Guandú o Fermín es el presunto responsable de imponer cuotas ilícitas a los arroceros y agricultores de Yopal, Aguazul y otras poblaciones de Casanare. Al parecer, les exigía entre 30.000 y 90 millones de pesos. La suma variaba según las hectáreas que las víctimas tenían cultivadas y en producción.

En el curso de la investigación se estableció que esta persona habría asumido el control del ‘Clan del Golfo’ en la región, luego de la reestructuración de la organización producto de la muerte de Robinson Oquendo Guisao, alias Camilo, en una operación policial ejecutada en Mapiripán (Meta) en septiembre de este año

Las expectativas de viaje y los ahorros de muchas familias se esfumaron en manos de ‘Los Mágicos’. Esta red delincuencial es señalada de utilizar la fachada de una agencia para promover paquetes turísticos a diferentes destinos, cautivar a sus víctimas con ofertas y ofrecimientos llamativos, y desaparecer intempestivamente luego de quedarse con el dinero que les exigían para asegurar el supuesto plan.

La labor investigativa realizada por la Fiscalía General de la Nación permitió identificar y obtener órdenes de captura contra cuatro de los señalados integrantes de esta red ilegal, las cuales fueron materializadas por funcionarios del CTI, con apoyo de la Policía Nacional, en Santa Marta (Magdalena) y Armenia (Quindío).

Los detenidos, identificados como Braiton Stiven Cifuentes Guerrero, Breynner Alfonso Silva Socarras, Yury Estefanía Montes Macías y Stephany Tovar Martínez, fueron presentados ante un juez de control de garantías e imputados por los delitos de concierto para delinquir y estafa en modalidad masa, ambas conductas agravadas.

Los procesados no aceptaron los cargos y deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.
Las evidencias físicas y los elementos de prueba recaudados dan cuenta de que ‘Los Mágicos’, al parecer, alquilaban oficinas en edificios, centros comerciales y lujosos sectores de Neiva (Huila), Bucaramanga (Santander), Armenia (Quindío) y Santa Marta (Magdalena).

Desde estos puntos ofrecían planes todo incluido a las ciudades de la Costa Atlántica y el Eje Cafetero, con aparentes facilidades de pago.

Los ciudadanos interesados que se acercaban eran inducidos a firmar contratos en los que se comprometían a pagar entre 1 y 6 millones de pesos para que les aseguraran el viaje en las condiciones pactadas. Sin embargo, después de un tiempo los vendedores desaparecían, sin cumplir lo prometido y con el dinero que les había sido confiado.

Hasta el momento han sido acreditadas más de 130 víctimas de ‘Los Mágicos’, la mayoría conductores, amas de casa, adultos mayores y trabajadores de la construcción, entre otros.

Los cálculos preliminares dan cuenta de una defraudación superior a 300 millones de pesos. Las investigaciones continúan para identificar a otros afectados.