Un juez de control de garantías envió preventivamente a prisión a Deibi Gabriel Acevedo Sánchez y su pareja Anggi Natalia Díaz, quienes fueron capturados por presuntamente asesinar a Cristian Garzón, guarda de seguridad de Transmilenio en la estación Terreros ubicada en Soacha.

Según la investigación de la Fiscalía, el guarda Cristian Garzón se opuso a que los dos capturados entraran a la estación sin pagar el pasaje, por lo cual presuntamente Acevedo Sánchez agredió con un cuchillo al empleado de seguridad, mientras era instigado por Anggi Natalia Díaz.

A pesar de los esfuerzos por parte de los compañeros de Garzón por mantenerlo con vida, y que alcanzó a ser trasladado a un centro asistencial, falleció en el centro médico. Por su parte, Acevedo Sánchez y su pareja fueron detenidos en vía pública y les fue incautada el arma blanca.

Los dos sindicados del asesinato no aceptaron los cargos imputados por la Fiscalía, la cual los presentó ante el juez por la presunta comisión del delito de homicidio agravado.

Nathaly Ariza, compañera del guarda de seguridad asesinado habló con Caracol Radio el pasado 18 de septiembre, y contó cómo se produjo la agresión.

Según su testimonio, Garzón se interpuso entre ella y el presunto agresor Deibi Acevedo, mientras discutían para impedir el ingreso irregular de estas personas a la estación.

En este momento, de acuerdo con su relato, el procesado por el crimen, en compañía de su pareja, sacó un cuchillo y le propinó dos puñaladas en el pecho al guarda Garzón.

Aunque trataron de auxiliarlo, Ariza narró que el guarda de seguridad se desvaneció en sus brazos, mientras trataban de llevarlo con urgencia a un centro de salud.

*Las víctimas habrían sido intimidadas con un arma cortopunzante y obligadas a suministrar las claves de sus aplicaciones financieras.

Una juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Juan José Estrada Vélez, de 24 años, el taxista que estaría involucrado presuntamente en cuatro hechos de hurto y agresión sexual contra mujeres que habrían tomado servicios en Medellín.

Los casos se habrían registrado entre el 7 de agosto y el 8 de septiembre de 2026 y, de acuerdo con los elementos materiales probatorios recopilados, tendrían características similares.

Estrada Vélez, al parecer, abordaba a las víctimas dentro del vehículo de servicio público, las intimidaba con un arma cortopunzante para despojarlas de sus pertenencias, las abusaba sexualmente y obligaba a suministrar las claves de acceso a las aplicaciones financieras instaladas en los teléfonos celulares, con el propósito de apoderarse del dinero disponible en las cuentas.

En los cuatro eventos delictivos conocidos, el hombre las habría abandonado en zonas solitarias y huía del lugar. Los artículos hurtados, entre celulares, dinero en efectivo y otros bienes, estarían avaluados en más de 12 millones de pesos.

La detención del procesado se registró en el barrio Laureles de Medellín, momentos después de que, presuntamente, hurtara y atacara sexualmente a una mujer.

Una fiscal de la URI de la Seccional Medellín le imputó los delitos de acceso carnal violento y hurto calificado y agravado. Los cargos no fueron aceptados.

Les imputarán el delito de tortura en circunstancias de agravación punitiva.

Unidades de la Fiscalía, a través de la estrategia de delitos contra la libertad, la integridad y formación sexual capturaron a una mujer y a su compañera sentimental por la presunta tortura a un niño, hijo de una de ellas.

La investigación la adelantaba la Fiscalía 12‎ por orden judicial del juzgado 15 Penal Municipal de Control de Garantías de Barranquilla-Atlántico

Las mujeres fueron capturadas como presuntas responsables del delito de tortura en circunstancias de agravación punitiva.

Las capturadas fueron identificadas como Sindy Patricia Santiago Echeverría y Mileydis Nohemi Viloria Sanjuanelo, quienes fueron aprehendidas en los barrios Simón Bolívar y Nueva Esperanza, de Barranquilla Atlántico.

Reseña el informe oficial que de acuerdo a las investigaciones realizadas se pudo establecer que los hechos de tortura se venían presentando desde el año 2024, por parte de la progenitora y su compañera sentimental.

Se añade incluso que “por la gravedad de las heridas fue necesario someter al niño a cirugía maxilofacial reconstructiva”.

Además de las torturas, el menor se encontraba desescolarizado con el propósito de evitar que terceros, especialmente personal de docentes o autoridades competentes, advirtieran o tuvieran conocimiento de las agresiones de las que era objeto.

Las torturas se constituyen en una grave vulneración de los derechos fundamentales del niño, especialmente su derecho a la vida, integridad física, dignidad humana y protección contra toda forma de violencia.

Para la Fiscalía, estos hechos revisten especial relevancia por tratarse de presuntos actos de violencia ejercidos por personas que tenían el deber de garantizar la protección y cuidado de la víctima.