Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las regiones, fue citada por la Fiscalía a imputación de cargos por sus aparentes vínculos con el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

La diligencia quedó programada para el próximo 29 de noviembre, y en ella la exfuncionaria quedará vinculada a un proceso en el que se le investigará por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias.

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La Fiscalía General de la Nación imputó el delito de peculado por apropiación a Juan Carlos Vargas Suárez, un exdepositario que estaría implicado en la desaparición de 10 lingotes dorados y 69 relojes que pertenecerían al señalado narcotraficante Carlos Felipe Toro Sánchez o ‘Pipe Montoya’.

Entre febrero de 2021 y abril de 2022, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) designó al hoy procesado para que administrara varios bienes que habían sido afectados con medidas cautelares con fines de extinción de dominio.

Algunas de las propiedades a custodiar eran las barras doradas, que de acuerdo con el dictamen de peritos certificados corresponderían a listones metálicos; y una colección de relojes, varios de estos de gama alta, que superarían en valor los 1.300 millones de pesos.

En su momento, los elementos fueron guardados en una caja fuerte que estaba instalada en un criadero de caballos de paso fino en Tenjo (Cundinamarca), pero al ser buscados para entregarlo a un nuevo depositario no fueron encontrados.

El depositario no entregó explicaciones sobre el paradero de los bienes extraviados, por lo que un fiscal de la Dirección Especializada contra la corrupción le atribuye haber fallado en su deber de cuidado y aseguramiento de los activos que le fueron confiados, los cuales tendrían un origen ilícito.

Una fiscal delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá ratificó en segunda instancia la resolución de acusación en contra del excongresista Tiberio Villarreal Ramos, por su presunta participación en la denominada masacre de ‘La Rochela’, que dejó 12 personas muertas y 3 heridas el 18 de enero de 1989, en zona rural de Simacota (Santander).

El procesado deberá responder en juicio como posible responsable de los delitos de homicidio agravado, tentativa de homicidio agravado y concierto para delinquir.

Los elementos de prueba en poder de la Fiscalía dan cuenta de Villareal Ramos, al parecer, se reunió en varias oportunidades con cabecillas paramilitares del Magdalena Medio para recibir apoyo político y financiero. En medio de uno de los encuentros ilícitos habría presionado para que fueran asesinados los integrantes de una comisión judicial que investigaba la desaparición de 19 comerciantes de la región, y les robaran el expediente y la evidencia relacionada con el caso.

En atención a esa instrucción, hombres armados interceptaron a los funcionarios y, con el pretexto de que tenían información valiosa, los llevaron por una vía rural, donde fueron emboscados por una estructura a cargo de alias Vladimir. En la acción criminal murieron dos jueces, dos secretarios de despacho, seis investigadores judiciales y dos conductores. Este proceso se sigue por los parámetros de la Ley 600 de 2000 (anterior Sistema Penal).