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Gobierno de Petro se anotó un hit al lograr acuerdos para levantar bloqueos de vías sin violencia

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La disposición del Gobierno nacional para brindar canales de diálogo y concertación, permitió alcanzar acuerdos en las últimas horas con distintas organizaciones sociales y comunitarias de varias regiones del país, tras las distintas jornadas de movilizaciones que iniciaron el pasado lunes 21 de octubre en regiones como el Bajo Cauca Antioqueño, Boyacá, Caldas, Santander y Norte de Santander.

Las manifestaciones, llevadas a cabo por líderes comunitarios de sectores dedicados a la extracción minera y labores agrícolas, fueron monitoreadas a través del Puesto de Mando Unificado (PMU) liderado por el Ministerio del
Interior, en articulación con carteras como la de Minas y Energía, Agricultura y Desarrollo Rural, de Ambiente y Desarrollo Sostenible, de Transporte y de Defensa; y también entidades como la Policía Nacional, sumada a la participación de entes departamentales, municipales, organismos de emergencia y de socorro, y del Ministerio Público como la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo.

En Caucasia, municipio del Bajo Cauca Antioqueño, tras cinco días de bloqueos en carreteras de la región, el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho; la viceministra de Minas, Johana Rocha; y el viceministro para el Diálogo Social y los Derechos Humanos, Gabriel Rondón, con más de 36 horas de escucha y diálogo concertado, lograron acuerdos con organizaciones del Bajo Cauca y Nordeste antioqueños, Valdivia, Sur de Córdoba y Marmato (Caldas), para la
formalización y la regulación minera de pequeña y mediana escala.

«La diferencia no destruye, la diferencia construye. Entre todos y todas podemos construir país. No importa el punto donde estemos, no importa el espacio o la actividad o el cargo que tengamos. Somos un solo pueblo, un solo país. Este es el poder constituyente. Este es el mandato que nos han dado», destacó Gabriel Rondón tras la firma de los acuerdos.

Frente a la solicitud que tiene que ver con la incautación de maquinaria amarilla utilizada para extracción minera, se acordó construir un protocolo de intercambio de información entre el Ministerio de Minas y el Ministerio de Transporte, «con el  propósito de definir los instrumentos de identificación, registro y control de esas herramientas», tal como lo señala el documento firmado entre las partes.

«El objetivo es que esa maquinaria no caiga en las redes de los grupos ilegales, y así fijar una hoja de ruta en el marco de la transformación y la formalización de los mineros del Bajo Cauca», afirmó el Viceministro Rondón.

De manera simultánea se seguirá trabajando para reforzar la protección de medio ambiente, la formalización para luchar contra la ilegalidad, y fortalecer el tejido social de las organizaciones de base de la región.

Otros temas acordados a lo largo de esta jornada son la conformación de un comité de seguimiento que acompañará el Ministerio Público para brindar las garantías al ejercicio de la extracción minera.

Por su parte, las manifestaciones en Boyacá y Santander, contaron con la presencia de Tatiana Roa, Viceministra de Ordenamiento Ambiental del Territorio del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible; Geidy Xiomara Ortega,
viceministra de Asuntos Agropecuarios del Ministerio de Agricultura; en sinergia con las comunidades campesinas de los complejos de páramos Almorzadero, Santurbán – Berlín y Sierra Nevada del Cocuy. Allí llegaron a una serie de pactos que permitieron levantar los bloqueos viales en los sectores de Los Curos jurisdicción Piedecuesta (Santander), Sector El Picacho – jurisdicción de Tona (Santander), Paipa (Boyacá), Los Acacios – jurisdicción Cúcuta (Norte de
Santander), Chitagá (Norte de Santander), sector La Calavera y Morcatal en Tona (Santander).

Entre los puntos concertados se resaltan el compromiso de campesinos y campesinas para no ampliar las áreas destinadas a la producción agrícola, con el apoyo técnico de la Unidad de Planificación Agropecuaria (UPRA).

También se acordó instalar una mesa jurídica, el próximo 26 de noviembre, para el complejo de páramo de las jurisdicciones Santurbán – Berlín, la cual tendrá acompañamiento de los Ministerios de Ambiente, de Agricultura, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) y la participación de líderes y comunidades campesinas de estos territorios.

Por otro lado, la firma de acuerdos en Norte de Santander, más exactamente en el corregimiento de La Laguna, municipios de Mutiscua y Silos, facilitó el levantamiento de bloqueos viales en los sectores de La Laguna, Hato Grande, La Lejía y Pamplona. Entre los temas acordados están: socializar y explicar por parte de las autoridades competentes los mapas de frontera agropecuaria y los efectos en el desarrollo de las actividades, el acceso a créditos, entre otros.

En estas mesas se podrán identificar acciones para que la comunidad campesina comprenda mejor los alcances de las medidas para evitar la desinformación.

Finalmente, cabe resaltar que, tanto a lo largo de las movilizaciones, como las jornadas de diálogo y acuerdos, hizo presencia activa el Sistema Nacional de Convivencia para la Vida del Ministerio del Interior, a través de gestores
territoriales que, de la mano de las entidades y la fuerza pública, velaron por las garantías a los derechos fundamentales de quienes ejercieron su derecho a la protesta, así como la de los ciudadanos que pudieron verse afectados en materia de movilidad o seguridad.

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Familias del Pacífico colombiano aún viven entre grietas tres meses después del terremoto

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*Uno de los casos más graves se encuentra en Brubatá, una zona rural del municipio de Tadó, en el departamento del Chocó, donde solo quedó una casa en pie.

Numerosas familias del Pacífico siguen viviendo en casas dañadas, agrietadas o dependiendo de otros hogares para alojarse casi tres meses después del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el occidente del país, según un balance divulgado este jueves por Médicos Sin Fronteras (MSF).

«Observamos que muchas familias de las comunidades visitadas seguían ocupando sus casas afectadas o estaban siendo recibidas por familias de acogida, lo que afecta las condiciones de vida de ambas», señaló la organización humanitaria en su informe.

Uno de los casos más graves se encuentra en Brubatá, una zona rural del municipio de Tadó, en el departamento del Chocó, donde, según el censo de la comunidad, de las 65 viviendas que había antes del terremoto del pasado 10 de agosto solamente una quedó en pie.

La organización, que este jueves anunció el cierre de su atención a la emergencia tras diez semanas de trabajo, explicó que muchas viviendas continúan habitadas pese a presentar grietas por las que entra el agua y techos sostenidos con apoyos improvisados.

La emergencia agravó problemas que ya afectaban a las comunidades del Pacífico, especialmente en zonas rurales e indígenas con dificultades de acceso a servicios básicos, agua potable y atención sanitaria.

En las riberas de los ríos Baudó y San Juan, inundaciones que se produjeron después del terremoto destruyeron cultivos y dejaron a numerosas familias en una situación de mayor vulnerabilidad alimentaria, explicó la jefa de misión de MSF en Colombia, Siham Hajaj.

«Las problemáticas preexistentes se agudizaron por el terremoto. Centenares de familias afectadas por conflicto, violencia y restricciones de acceso a servicios básicos perdieron sus hogares», señaló Hajaj, quien reclamó una respuesta integral y sostenida para atender las necesidades de estas comunidades.

Durante las diez semanas de intervención, los equipos de MSF realizaron 5.001 consultas, de las cuales 4.645 fueron de salud física y 356 de salud mental, además de distribuir filtros de agua y artículos de primera necesidad.

En seis municipios del Chocó, la organización identificó que una parte importante de las enfermedades estaba relacionada con el consumo de agua no segura.

También detectó cerca de 100 casos de malaria y más de 40 de dengue, especialmente en las zonas rurales. El balance oficial del terremoto cifra en 335 los fallecidos, 103 los desaparecidos y 4.516 los heridos.

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Avanza megaoperativo en Bogotá para expulsar a más de 80 peligrosos delincuentes extranjeros

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En un megaoperativo articulado entre las principales fuerzas de seguridad e inteligencia del país, las autoridades avanzan en Bogotá con el traslado y posterior expulsión de más de 80 ciudadanos extranjeros que permanecían bajo custodia judicial por la comisión de diversos delitos de alta severidad. La intervención interinstitucional cuenta con la participación activa de la Policía Nacional, funcionarios de Migración Colombia, efectivos de las Fuerzas Especiales y unidades del Ejército Nacional.

El procedimiento operativo inició durante las horas de la tarde en las instalaciones de la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL (Sijín), ubicadas en el centro de Bogotá, en inmediaciones de la carrera décima y las antiguas dependencias de la Policía Metropolitana.

En la sede judicial se concentró a los requeridos, donde personal especializado de Migración Colombia, junto a oficiales de altos mandos de la Policía Nacional, adelantó uno a uno los trámites administrativos, la verificación de expedientes y el diligenciamiento de la documentación reglamentaria requerida para concretar la medida de expulsión del territorio colombiano.

Durante la tarde y la madrugada posterior, se coordinaron los esquemas de seguridad necesarios para garantizar el control del perímetro exterior e interior de las instalaciones de retención.

Hacia las 2:15 de la madrugada, las autoridades iniciaron la fase de evacuación de los detenidos desde las celdas de la Sijín. Los retenidos fueron extraídos en bloques organizados de a 20 personas, bajo la estricta custodia de comandos armados del GOES y uniformados del Ejército Nacional, quienes custodiaron el abordaje hacia los buses de la Policía Nacional dispuestos sobre las vías aledañas.

Una vez abordados los vehículos, se puso en marcha una fuerte caravana de seguridad con rumbo al occidente de la ciudad. El convoy tomó la calle Sexta escoltado por una decena de vehículos de la Policía, camionetas institucionales, motocicletas del personal de tránsito y tanquetas blindadas. El dispositivo garantizó el trayecto ininterrumpido hasta las instalaciones del Aeropuerto Militar de Catam, donde los trasladados quedaron bajo custodia a la espera de la logística aérea.

De acuerdo con los reportes de las autoridades y la cobertura en el lugar de los hechos, las personas objeto del operativo registran antecedentes y procesos vinculados a graves afectaciones a la seguridad ciudadana. Entre las conductas punibles imputadas a los extranjeros destacan delitos de extorsión, homicidio y diversas modalidades delictivas ejecutadas en Bogotá y distintas regiones del país.

Tras su arribo a la terminal aérea militar de Catam, se dispuso el transporte aéreo de los retenidos mediante un vuelo directo hacia la ciudad de Cúcuta, en el departamento de Norte de Santander. Desde este punto fronterizo se completará el trámite de expulsión y deportación terrestre hacia territorio venezolano en el transcurso de las próximas horas.

 

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Dos muertos y 10 heridos dejó riña e intento de motín en URI de Puente Aranda, en Bogotá

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*La emergencia se registró al interior de las instalaciones, donde un enfrentamiento entre personas privadas de la libertad obligó a la intervención de las autoridades.

dos personas murieron y otras 10 resultaron heridas en medio de una riña y un intento de motín registrado en la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Puente Aranda, en Bogotá.

De acuerdo con la información preliminar, los hechos se presentaron al interior de las instalaciones de esta URI, donde se habría desatado un enfrentamiento entre personas privadas de la libertad. La situación generó una emergencia que dejó varias personas lesionadas y obligó a la intervención de las autoridades.

Las autoridades no se han pronunciado oficialmente sobre el suceso, pero familiares de algunos de los detenidos han dado a conocer que la riña ya deja un saldo de dos muertos y ocho heridos. Varios de los involucrados que resultaron con heridas fueron trasladados a la Clínica de Occidente y al Hospital Santa Clara.

Sobre uno de los fallecidos, sus familiares fueron los encargados de confirmar que era uno de los detenidos en la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía General de la Nación y que resultó gravemente herido. A pesar de que alcanzó a ser trasladado con vida a la Clínica de Occidente, donde recibió atención médica, no logró sobrevivir.

Se está a la espera de que las autoridades que atienden la situación den un informe oficial sobre lo que ocasionó la emergencia en la URI, la cifra oficial de heridos y fallecidos, así como de las acciones que se tomarán por este hecho.

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