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Se desconoce paradero de 400 bienes entregados por Mancuso al Estado

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El Gobierno y el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso denunciaron este lunes que casi 400 bienes entregados para reparación a las víctimas por el excomandante de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) no están en el inventario del ejecutivo y desconocen su paradero.

Mancuso ha ido entregando al Estado colombiano por los procesos de Justicia y Paz desde 2007 más de 500 bienes, sobre todo fincas, predios y comercios que usaban las AUC, de los cuales la Unidad para las Víctimas solo tiene inventariados 123.

«Nos hemos dado cuenta que faltan alrededor de 400 bienes que no aparecen en las bases de datos como entregados por el Estado, eso significa que en todos estos años se han perdido una enorme cantidad de bienes», dijo a periodistas el director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Felipe Harman.

El funcionario se manifestó así luego de reunirse con la directora de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (Uariv), Lilia Solano, y con Mancuso.

Justamente el exjefe paramilitar, que ha sido nombrado gestor de paz por el Gobierno del presidente Gustavo Petro, aseguró que efectivamente entregó todos los bienes y que de esos faltan «aproximadamente 380-400» en la lista de la UARIV, que es el organismo que los administra.

«Me comprometo a ayudarles a esclarecer los hechos», apuntó Mancuso, reafirmando su compromiso en la reparación de víctimas y lamentando los obstáculos encontrados en Justicia y Paz para esta labor.

Mancuso, en libertad desde julio

Mancuso recibió la orden de libertad y salió en julio pasado de la cárcel La Picota, donde estaba detenido desde que llegó a Colombia en febrero pasado tras ser deportado de EE.UU. donde cumplió una condena de 15 años y 10 meses por narcotráfico.

Sin embargo, desde que llegó deportado a Colombia el 27 de febrero, estaba en duda su estado, pues hay varias justicias -la ordinaria, Justicia y Paz (creada tras la desmovilización de las AUC) y la Jurisdicción Especial para la Paz (operativa por el acuerdo de paz con las FARC)- que debaten quién debería ocuparse del exparamilitar.

Finalmente, Justicia y Paz dio luz verde para su liberación y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), tras remitir 31 oficios a varios despachos judiciales para saber si había medidas de aseguramiento en su contra, dio también viabilidad a la libertad del exparamilitar.

Las AUC es el grupo al que más homicidios se le atribuyen durante el conflicto colombiano, crímenes de guerra por los que Mancuso no ha sido aún juzgado, pues la pena pagada en Estados Unidos es por narcotráfico.

Sin embargo, el Gobierno considera que como «gestor de paz» puede ayudar a reparar algunas de esas heridas y, por ejemplo, ayudar en la recuperación de cuerpos de desaparecidos por los paramilitares tanto en Colombia como en Venezuela.

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Por amenazas del Clan del Golfo han cerrado más de tres mil puntos en la Región Caribe

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Más de 3 mil puntos de SuperGIROS en la región Caribe han tenido que cerrar por las amenazas del Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) o ‘Clan del Golfo’.

La ofensiva se ha recrudecido después del asesinato de Fernanda Mozo, una colocadora de SuperGIROS en Bosconia, el pasado 4 de noviembre.

El ‘Clan del Golfo’ ordenó con amenazas el cierre de los puntos de SuperGIROS en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Sucre, César, Magdalena y Guajira.

De hecho, este sábado se registraron ataques en puntos de Luruaco y Barranquilla, en la calle Murillo con carrera 9B, dejando una colaboradora herida.

Sujetos armados han incursionado también contra puntos de la red de servicios en Carmen de Bolívar, lugar en el que hicieron seis disparos para obligar al cierre de varios locales comerciales.

En otros municipios de la región hombres armados que se identifican como miembros de este grupo ilegal que actualmente hace parte de la llamada mesa de negociación de la ‘Paz Total’. En estas poblaciones ordenaron con intimidación y amenazas el cierre de los locales.

Se calcula que tres mil locales de la red de la empresa que presta servicios de giros y pago de servicios públicos y que opera como corresponsal bancario en los municipios más apartados de Colombia cerraron sus puertas ante la falta de garantías para operar .

«Llegan en grupos de dos o tres y dan la orden de cierre dejando ver armas de fuego», sostienen las colaboradoras que minutos después cierran los locales.

En el Golfo de Morrosquillo, en Sucre, por ejemplo, la red está paralizada dejando sin actividad a miles de personas que dependen de su labor en este sector de la economía.

La Defensoría del Pueblo se manifestó a través de su cuenta de X rechazando las acciones de los grupos armados, sobre todo contra las mujeres, que son en su mayoría las colocadoras de la empresa .

No obstante, SuperGIROS indicó que pese al apoyo de las autoridades de Policía y Ejército la acción de estos grupos al margen de la ley se ha incrementado en las últimas horas poniendo en riesgo la vida de miles de personas que trabajan en los puntos de SuperGIROS en esta región del país.

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El excongresista Musa Besaile, condenado por corrupción, quedó en libertad condicional

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Musa Besaile, excongresista del Partido de la U condenado por parapolítica y el escándalo del ‘Cartel de la Toga’, recibió libertad condicional y salió de su centro de reclusión. Estaba condenado a más de seis años de prisión.

Una decisión del Juzgado Segundo de Ejecución de Penas de Montería le dio la libertad condicional al exsenador, quien estaba recluido en el Centro de Ejecución Militar del batallón de la capital de Córdoba.

Besaile había sido condenado por la Corte Suprema por los delitos de concierto para delinquir agravado, tráfico de influencias y peculado por apropiación. El parlamentario estuvo implicado en redes de corrupción en donde hizo uso de su poder para obtener algunos beneficios.

Su libertad se habría dado debido al cumplimiento de tres quintas partes de la condena, así lo habría asegurado su abogado Hernando Bocanegra, quien también informó que Besaile se encontraba en delicado estado de salud.

Inicialmente, la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia había condenado al exsenador a 6 años y 20 días de prisión, además de imponerle una multa por un valor de $415.268.652 y una inhabilidad para ejercer cargos públicos por 83 meses; sin embargo, en el mes de mayo de 2023 el mismo tribunal le sumó 7 años de prisión por alianzas con grupos paramilitares.

Además, en febrero, Besaile había recibido una sentencia de dos años y seis meses de prisión por tráfico de influencias en el proceso Fonade, pues de acuerdo con el alto tribunal el excongresista, junto al Ñoño Elías, efectuaron “actividades burocráticas y de intermediación legal” en los asuntos contractuales de la entidad.

Debido a estas sentencias, las condenas de Besaile sumaron un total de 168 meses y 9 días de prisión, y se permitió que accediera a la libertad condicional por el cumplimiento de una parte de la pena.

Otro de los motivos que favoreció esta medida es que el excongresista no es solicitado por ninguna otra entidad, esto lo confirmó el Inpec, la autoridad carcelaria del país, y el Ejército, en una de cuyas sedes estaba recluido Besaile.

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Hombres que intentaron quemar vivos a 15 policías en un CAI fueron condenados a 18 y 20 años de prisión

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Dos sujetos fueron judicializados este viernes, 22 de noviembres, por el atentado realizado contra el CAI de La Aurora en Usme, Bogotá, en donde le prendieron fuego a una estructura en donde se encontraban 15 uniformados de la Policía que resultaron casi calcinados luego del ataque.

En medio de lo que fue catalogado como el estallido social, en la noche del pasado 4 de mayo de 2021 una multitud atacó con palos, piedras y bombas incendiarias al CAI que está ubicado en el barrio La Aurora, en la localidad de Usme, en Bogotá.

En esta estructura estaban refugiados 15 uniformados, quienes cumplían turno en su momento. El ataque fue más allá cuando, según la narración del juez quinto especializado de Bogotá, dos sujetos lanzaron bombas ‘Molotov’ a través de uno de los vidrios blindados, los cuales ya estaban debilitados gracias a los golpes.

Estos hombres son Kevin Hernández y Edwin Murcia, quienes fueron condenados por los delitos de terrorismo agravado y violencia contra servidor público.

“El juzgado emitirá sentencia de condena contra Kevin Hernández y Edwin Murcia únicamente por los delitos de terrorismo agravado y violencia contra servidor público (…) Adicionalmente, se emitirá sentencia de condena en contra de Edwin Murcia por el delito de tenencia, fabricación y tráfico de sustancias y objetos peligros”, fue la declaración en la audiencia del juez quinto especializado de la capital.

Ante los hechos, el togado los sentenció a 18 y 20 años de prisión respectivamente, pues en el caso de Murcia se encontraron dos artefactos explosivos en su residencia y los cuales tienen relación con las sustancias que en aquella noche le arrojaron a los policías.

La sentencia fue basada en pruebas contundentes en donde se destacan varios videos de las cámaras de seguridad, los cuales fueron claves para identificar a los responsables del hecho. También se desestimaron las pruebas presentadas por la defensa de estos hombres, las cuales fueron calificadas como contradictorias e inconsistentes.

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