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438 conflictos sociales por problemas con luz y agua en todo el país

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Los bloqueos de vías por falta de energía ha sido el denominador en Barranquilla y su área metropolitana.

Los bloqueos de vías por falta de energía ha sido el denominador en Barranquilla y su área metropolitana.

Situación que ha tendido a aumentar, principalmente en los departamentos de Bolívar, Sucre y Córdoba.

Entre enero del 2022 y el 15 de marzo del 2024, en Colombia fueron registrados 438 conflictos sociales a causa de inconformismos de la ciudadanía con la prestación de servicios públicos domiciliarios, así lo dio a conocer la Defensoría del Pueblo en la reciente presentación de un informe en Cartagena, durante una sesión del Diálogo Defensorial para la Transformación.

El documento ‘Conflictividad social asociada a la prestación de servicios públicos domiciliarios: Estudio de caso Bolívar, Sucre y Córdoba’ evidencia que de todos los eventos, 203 estuvieron asociados al agua potable (46,3%) y 195 al servicio de energía eléctrica (44,5%); es decir, los dos servicios abarcaron el 90,9% de la totalidad de los conflictos manifiestos.

Los eventos tuvieron como causas, principalmente, la interrupción del suministro del servicio, las altas tarifas y la falta de infraestructura adecuada. Estos problemas afectaron en particular a comunidades vulnerables de zonas rurales y asentamientos irregulares. Bolívar, Sucre y Córdoba fueron los departamentos que más afrontaron la problemática.

El informe, elaborado por el Observatorio de Conflictividad Social de la entidad, también da a conocer que Magdalena fue el departamento que reportó la mayor cantidad de conflictos sociales, con 58 casos (13,2%); le siguieron Atlántico, con 57 (12,3%); Bolívar, con 54 (12,3%); Córdoba, con 31 (7,1%), y la Guajira, con 28 (6,4%). Los seis departamentos concentran el 58,9% de la totalidad de los eventos.

«Como institución de derechos humanos y en su compromiso constante con la protección de los derechos fundamentales de los colombianos, participó durante el 2022 y el 2023 en 34 espacios de diálogo y mesas de negociación relacionados con conflictos generados por la prestación de los servicios públicos. La mayoría fueron realizados en Magdalena, Nariño, Cauca, Bolívar y Córdoba», indicó la Defensoría.

Así mismo señaló la Defensoría del Pueblo que «teniendo en cuenta el aumento de la conflictividad y el impacto económico y social que afecta a las comunidades, les recomienda al Gobierno Nacional, a las autoridades territoriales y a las empresas prestadoras de servicios públicos a atender las solicitudes de los ciudadanos y buscar alternativas que permitan la construcción conjunta de acciones, cuyo fin sea solucionar las problemáticas identificadas en el sistema de servicios públicos no solo en el Caribe, sino en las demás regiones del territorio nacional».

En la sesión del Diálogo Defensorial fue acordada para el 19 de este mes la instalación de una primera mesa de trabajo, que contará con la participación de voceros del operador de energía eléctrica Afinia, lideresas y líderes de la comunidad, así como con representantes de los gobiernos de Bolívar y Cartagena.

«El fin será tratar asuntos sobre la calidad y continuidad de los servicios, la construcción de las obras y el desmonte y la retirada de postes que están afectando la movilidad en un sector de Cartagena, pues la comunidad tiene programado para el próximo 30 de julio realizar un bloqueo en la vía La Cordialidad», puntualizó la Defensoría.

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Por amenazas del Clan del Golfo han cerrado más de tres mil puntos en la Región Caribe

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Más de 3 mil puntos de SuperGIROS en la región Caribe han tenido que cerrar por las amenazas del Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) o ‘Clan del Golfo’.

La ofensiva se ha recrudecido después del asesinato de Fernanda Mozo, una colocadora de SuperGIROS en Bosconia, el pasado 4 de noviembre.

El ‘Clan del Golfo’ ordenó con amenazas el cierre de los puntos de SuperGIROS en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Sucre, César, Magdalena y Guajira.

De hecho, este sábado se registraron ataques en puntos de Luruaco y Barranquilla, en la calle Murillo con carrera 9B, dejando una colaboradora herida.

Sujetos armados han incursionado también contra puntos de la red de servicios en Carmen de Bolívar, lugar en el que hicieron seis disparos para obligar al cierre de varios locales comerciales.

En otros municipios de la región hombres armados que se identifican como miembros de este grupo ilegal que actualmente hace parte de la llamada mesa de negociación de la ‘Paz Total’. En estas poblaciones ordenaron con intimidación y amenazas el cierre de los locales.

Se calcula que tres mil locales de la red de la empresa que presta servicios de giros y pago de servicios públicos y que opera como corresponsal bancario en los municipios más apartados de Colombia cerraron sus puertas ante la falta de garantías para operar .

«Llegan en grupos de dos o tres y dan la orden de cierre dejando ver armas de fuego», sostienen las colaboradoras que minutos después cierran los locales.

En el Golfo de Morrosquillo, en Sucre, por ejemplo, la red está paralizada dejando sin actividad a miles de personas que dependen de su labor en este sector de la economía.

La Defensoría del Pueblo se manifestó a través de su cuenta de X rechazando las acciones de los grupos armados, sobre todo contra las mujeres, que son en su mayoría las colocadoras de la empresa .

No obstante, SuperGIROS indicó que pese al apoyo de las autoridades de Policía y Ejército la acción de estos grupos al margen de la ley se ha incrementado en las últimas horas poniendo en riesgo la vida de miles de personas que trabajan en los puntos de SuperGIROS en esta región del país.

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El excongresista Musa Besaile, condenado por corrupción, quedó en libertad condicional

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Musa Besaile, excongresista del Partido de la U condenado por parapolítica y el escándalo del ‘Cartel de la Toga’, recibió libertad condicional y salió de su centro de reclusión. Estaba condenado a más de seis años de prisión.

Una decisión del Juzgado Segundo de Ejecución de Penas de Montería le dio la libertad condicional al exsenador, quien estaba recluido en el Centro de Ejecución Militar del batallón de la capital de Córdoba.

Besaile había sido condenado por la Corte Suprema por los delitos de concierto para delinquir agravado, tráfico de influencias y peculado por apropiación. El parlamentario estuvo implicado en redes de corrupción en donde hizo uso de su poder para obtener algunos beneficios.

Su libertad se habría dado debido al cumplimiento de tres quintas partes de la condena, así lo habría asegurado su abogado Hernando Bocanegra, quien también informó que Besaile se encontraba en delicado estado de salud.

Inicialmente, la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia había condenado al exsenador a 6 años y 20 días de prisión, además de imponerle una multa por un valor de $415.268.652 y una inhabilidad para ejercer cargos públicos por 83 meses; sin embargo, en el mes de mayo de 2023 el mismo tribunal le sumó 7 años de prisión por alianzas con grupos paramilitares.

Además, en febrero, Besaile había recibido una sentencia de dos años y seis meses de prisión por tráfico de influencias en el proceso Fonade, pues de acuerdo con el alto tribunal el excongresista, junto al Ñoño Elías, efectuaron “actividades burocráticas y de intermediación legal” en los asuntos contractuales de la entidad.

Debido a estas sentencias, las condenas de Besaile sumaron un total de 168 meses y 9 días de prisión, y se permitió que accediera a la libertad condicional por el cumplimiento de una parte de la pena.

Otro de los motivos que favoreció esta medida es que el excongresista no es solicitado por ninguna otra entidad, esto lo confirmó el Inpec, la autoridad carcelaria del país, y el Ejército, en una de cuyas sedes estaba recluido Besaile.

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Hombres que intentaron quemar vivos a 15 policías en un CAI fueron condenados a 18 y 20 años de prisión

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Dos sujetos fueron judicializados este viernes, 22 de noviembres, por el atentado realizado contra el CAI de La Aurora en Usme, Bogotá, en donde le prendieron fuego a una estructura en donde se encontraban 15 uniformados de la Policía que resultaron casi calcinados luego del ataque.

En medio de lo que fue catalogado como el estallido social, en la noche del pasado 4 de mayo de 2021 una multitud atacó con palos, piedras y bombas incendiarias al CAI que está ubicado en el barrio La Aurora, en la localidad de Usme, en Bogotá.

En esta estructura estaban refugiados 15 uniformados, quienes cumplían turno en su momento. El ataque fue más allá cuando, según la narración del juez quinto especializado de Bogotá, dos sujetos lanzaron bombas ‘Molotov’ a través de uno de los vidrios blindados, los cuales ya estaban debilitados gracias a los golpes.

Estos hombres son Kevin Hernández y Edwin Murcia, quienes fueron condenados por los delitos de terrorismo agravado y violencia contra servidor público.

“El juzgado emitirá sentencia de condena contra Kevin Hernández y Edwin Murcia únicamente por los delitos de terrorismo agravado y violencia contra servidor público (…) Adicionalmente, se emitirá sentencia de condena en contra de Edwin Murcia por el delito de tenencia, fabricación y tráfico de sustancias y objetos peligros”, fue la declaración en la audiencia del juez quinto especializado de la capital.

Ante los hechos, el togado los sentenció a 18 y 20 años de prisión respectivamente, pues en el caso de Murcia se encontraron dos artefactos explosivos en su residencia y los cuales tienen relación con las sustancias que en aquella noche le arrojaron a los policías.

La sentencia fue basada en pruebas contundentes en donde se destacan varios videos de las cámaras de seguridad, los cuales fueron claves para identificar a los responsables del hecho. También se desestimaron las pruebas presentadas por la defensa de estos hombres, las cuales fueron calificadas como contradictorias e inconsistentes.

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