El Presidente Gustavo Petro, a través de un comunicado, cumplió fallo del Consejo de Estado y se retractó de la afirmación que hizo contra Enrique Vargas Lleras, hermano del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, por afirmar que hacía parte de la junta directiva de la Nueva EPS en una época donde hallaron presuntas irregularidades.

«Me retracto de la afirmación que hasta hoy es materia de investigación: «Hemos encontrado hallazgos de irregularidades en la Nueva EPS donde Enrique Vargas era miembro de la junta directiva. Esta corresponsabilidad debe ser investigada penalmente como hoy se hace. Esperemos los resultados de las investigaciones», se puede leer.

Señaló Petro, a manera de explicación, que «siempre ha actuado de manera crítica y directa denunciando la corrupción» y recalcó que lo dicho en su momento «está siendo objeto de investigación por las autoridades competentes».

Recordó que como servidor público «debo someterme al ordenamiento jurídico», pero agregó que pretende que «por razón de conciencia, se me permita apartarme del cumplimiento de esta orden judicial en concreto».

Esto recalcando que sus denuncias en el sistema de salud han «posibilitado que hoy puedan señalarse puntualmente, deban ser investigados para conocer si se han luchado ilegal e indebidamente a costa de los recursos y las necesidades en salud de los colombianos y las colombianas».

La tributaria tocará a personas que cuentan con ingresos que superan los $1.500 millones en el año, y así mismo moverá la tasa de renta para empresas.

Este martes el Gobierno, en cabeza del ministerio de Hacienda, radicó en el Congreso la reforma tributaria que va por $12 billones.

“En realidad, puesto en perspectiva, en la medida en que los estímulos reducen el recaudo y los otros ingresos recuperan parte de ese recaudo, la ley de financiamiento tiene una expectativa de un recaudo un poco mayor de $6 billones en materia de nuevos impuestos. El tercer elemento, que es traer la implementación de la regla fiscal de 2026 a 2025, nos entrega un escenario de $5,6 billones”, dijo el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla.

Son días de alto debate en Colombia a raíz de la puja del Gobierno Nacional por aprobar el proyecto de presupuesto para el 2025, mientras el Congreso argumenta no aprobarlo por estar desfinanciado.

La cuestión es que el presidente Gustavo Petro indicó que podría ir por decreto porque la Constitución se lo permite.

Al parecer, el Gobierno siente que está perdiendo el pulso con el Congreso de la República para obtener los votos que le den luz verde a su presupuesto por $523 billones.

La cuestión es que hay un grupo de por lo menos 30 congresistas que no están de acuerdo con que el Gobierno utilice una reforma tributaria o ley de financiamiento para terminar de financiar el presupuesto en $20 billones, por lo que piden un recorte y que quede en $511 billones. Incluso, algunos congresistas, como Angélica Lozano, piden un tijeretazo más grande y que cierre en cerca de $499 billones.

El propio presidente Petro reconoció que la mayor parte de las comisiones económicas del legislativo no aprobarían el proyecto de Presupuesto Nacional porque no están de acuerdo con la tributaria.