*Johan Sebastián Ovalle Vélez permanecía hospitalizado desde el 9 de septiembre, cuando protagonizó un hecho con disparos en una institución de Villa Lilliam.

Johan Sebastián Ovalle Vélez, el adolescente de 17 años que resultó herido durante un hecho ocurrido en un colegio público de Medellín, murió este viernes 25 de septiembre, 16 días después de haber recibido un disparo en la cabeza con un arma traumática.

El menor falleció cerca de las 6:00 de la tarde en el Hospital San Vicente Fundación, donde permanecía internado desde el pasado 9 de septiembre, cuando fue trasladado inicialmente a la Clínica Sagrado Corazón tras resultar herido dentro de la Institución Educativa Gabriel García Márquez, en el barrio Villa Lilliam.

Ese día, Johan Sebastián, estudiante de grado décimo, ingresó al plantel por una de las rejas y, según el reporte de las autoridades, realizó varios disparos con un arma de menor letalidad, generando temor entre estudiantes, docentes y directivos. Posteriormente, en medio de un forcejeo con varios jóvenes, se ocasionó una lesión en la cabeza.

Desde entonces, las autoridades adelantaron investigaciones para establecer las circunstancias del hecho y determinar qué motivó al adolescente a ingresar armado al colegio. Entre las hipótesis que fueron objeto de indagación estuvieron una posible situación de matoneo, eventuales amenazas contra docentes y la participación de terceros.

Antes del episodio, el estudiante había sido semiescolarizado y recibía acompañamiento psicológico. La Secretaría de Educación había señalado que desde 2025 presentaba comportamientos contrarios a la convivencia y que se había activado el código dorado.

Por estos hechos, dos adultos, de 37 y 46 años, fueron judicializados por su presunta responsabilidad en la instrumentalización de menores para la comisión de delitos y porte de armas de fuego. Según las autoridades, fueron identificados cuando ingresaron al colegio para recuperar el arma.

Por lo pronto, la Fiscalía continúa con la investigación para esclarecer lo ocurrido el pasado 9 de septiembre.

*Los uniformados habrían recibido hasta 4 millones de pesos mensuales para evitar registros y controles en ciertas zonas.

Un operativo de las autoridades en Medellín permitió la captura de cinco policías y cuatro personas señaladas de estar vinculadas con ‘La Oficina’, en medio de una investigación por una presunta red de corrupción que habría facilitado actividades criminales en diferentes zonas de la ciudad.

Entre los detenidos se encuentra alias ‘Gordo’, señalado por las autoridades como coordinador del grupo delincuencial organizado Cotranal, quien tendría una trayectoria criminal cercana a 15 años al servicio de esa estructura.

De acuerdo con la investigación, los uniformados presuntamente habrían utilizado sus funciones para omitir procedimientos de registro y control en las zonas que tenían asignadas, permitiendo así el accionar de organizaciones dedicadas a actividades ilícitas.

Las autoridades indicaron que, de manera preliminar, los policías habrían recibido entre 3 y 4 millones de pesos mensuales por parte de coordinadores de la estructura criminal, a cambio de favorecer sus operaciones.

«Aquí no hay espacio para funcionarios corruptos ni para servidores públicos al servicio del crimen ni para los criminales. Aquí manda la ley y vamos por todos, absolutamente todos los ilegales. Vamos por los criminales, vamos por sus rentas, por sus redes, por quienes pretendan protegerlos desde adentro», indicó el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa.

Entre los uniformados capturados hay patrulleros adscritos a las estaciones de Policía de Manrique, Bello y Doce de Octubre, además de un integrante vinculado a la Dirección de Educación Policial de la Policía Nacional, por lo que se busca establecer el alcance de las conexiones entre los agentes y las estructuras criminales.

*Por el escándalo en el que estuvo involucrado siendo presidente del Congreso en el periodo 2023- 2024.

El Consejo de Estado declaró, en primera instancia, la ‘muerte política’ del senador Iván Leónidas Name Vásquez, elegido senador de la República para el periodo constitucional 2022-2026, quien además fungió como presidente de esa corporación para la legislatura 2023-2024, por tráfico de influencias debidamente comprobado.

«Los hechos en los que se sustenta esta decisión están relacionados con la entrega de sumas de dinero al señor Iván Leónidas Name, por parte de los funcionarios de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres – UNGRD, Olmedo López y Sneyder Pinilla, y con la intervención de los altos funcionarios del Estado, Carlos Ramón González y Sandra Ortiz».

Todo ello «con el propósito de favorecer las reformas impulsadas por el Gobierno Nacional (de Gustavo Petro), que se tramitaban en el Senado de la República, entre ellas, el proyecto de reforma pensional»

El alto tribunal señaló que se demostró que cuando Name ostentó la condición de congresista, recibió una suma de dinero derivada del acuerdo alcanzado para impulsar el trámite legislativo con recursos del erario, destinados a atender las necesidades del departamento de La Guajira.

«La conducta desplegada por el entonces congresista resultó contraria al principio de representación democrática, a la integridad ética del mandato representativo, a la dignidad parlamentaria y a la rectitud, pulcritud y decoro que envuelven el cargo de congresista, cuyo ejercicio debe estar al servicio del interés general», precisó el Consejo de Estado.

Por ello, la sanción de pérdida de investidura cierra de manera definitiva a Iván Name la posibilidad de volver al Congreso.