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Sacerdote denuncia a un hombre por amenazas tras oponerse a invasión de predio donde funciona una iglesia en Caucasia

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La ambición y codicia parecen no tener límites entre inescrupulosos e impostores que buscan invadir tierras privadas para obtener lucros personales. Tal es el caso de un sujeto que ha querido pescar en río revuelto aprovechando la cercanía de unos terrenos donde funciona desde hace años una iglesia a la hacienda Santa Helena, en Caucasia, Antioquia, lugar donde se levanta la invasión más grande de Colombia y una de las mayores de Latinoamérica.

Sin embargo, gracias a la valentía de un sacerdote y al apoyo de las autoridades policiales y la feligresía, los planes del sujeto se fueron al traste. La historia, conocida por noticaribe.co es la siguiente:

Desde el año 2018, la Prelatura Apostólica Corpus Christi en Colombia, con personería jurídica eclesiástica especial Nro. 1423 del 18 de septiembre de 2017, viene haciendo uso en misión evangelizadora de un terreno situado al norte de la Hacienda Santa Helena, invadida desde hace cuatro meses por más de siete mil familias.

El sacerdote Carlos Mario Gallego Duque fue asignado por la Prelatura Apostólica Corpus Christi de Colombia a realizar misión evangelizadora en Caucasia, y su lugar de estadía es ese terreno donde convive con una familia que lo ayuda en las labores de mantenimiento, y gracias a su gestión hoy funciona allí la iglesia Camino a la Morenita, lugar donde se congregan decenas de feligreses para escuchar la palabra de Dios y participar de los grupos de oraciones y la sagrada eucaristía.

A pesar de la cercanía con la invasión que se registra en la Hacienda Santa Helena, todo marchaba bien, con algo de tensión, pero nada extraordinario. Incluso, varias personas que tienen lotes en ese asentamiento humano, asisten a los actos litúrgicos en la iglesia Camino a la Morenita, donde el padre Carlos Mario los ha acogido y les ha brindado apoyo y asesoría espiritual.

Nefasto personaje

Hace dos semanas, la tensa calma que reinaba en la referida iglesia se quebró con la aparición de un nefasto personaje identificado como Hernán Darío Orozco Sánchez, quien se presentó ante el padre Carlos Mario diciendo que era director de un observatorio a la gestión pública en Colombia y a la vez coordinador de la Red Integral de las Veedurías Colombianas, Rivecol.

Ni corto ni perezoso, el referido sujeto, a quienes muchos en Caucasia aseguran que se trata de un impostor llegado de Medellín, le exigió al sacerdote, sin mostrar ninguna identificación ni documentos legales, que le diera diez hectáreas de tierra de las trece en donde el padre realiza su misión sacerdotal. El hombre le aseguró al presbítero que allí iba a construir supuestamente una escuela y unos huertos que serían manejados por un grupo de familias.

«Lo que este hombre pretendía era invadir los predios desde donde realizamos nuestra misión sacerdotal Camino a la Morenita. Esta tierra fue entregada a nuestra misión por el doctor Farid Henao, director de los Politécnicos Ciandco de Colombia. En estas tierras estamos desarrollando una serie de proyectos, tales como un galpón de gallinas ponedoras, pollos de engorde, criadero de cerdos, cultivos de plátano, yuca, maíz y huerta casera, asesorados por personal técnico de la Umata de Caucasia», explica el padre Carlos Mario.

Destaca el sacerdote que ya llevan seis años ininterrumpidos con la misión, y realizan el mantenimiento de dicha propiedad con la reestructuración de la casa y sus alrededores, «es decir tenemos una sana posesión de las trece hectáreas asignadas por el Politécnico de Caucasia en un ambiente de paz y sana convivencia», subraya el religioso.

Las amenazas

Debido a que el padre Carlos Mario Gallego Duque se opuso desde un principio a las pretensiones de Hernán Darío Orozco Sánchez, este le dijo que iba a tomar posesión de diez hectáreas de tierra a las buenas o a las malas. Y en efecto el sujeto cumplió con su palabra, pues el domingo 4 de agosto, en horas de la mañana, irrumpió con un grupo de personas y una máquina retroexcavadora al predio con la intención de invadirlo.

El sacerdote y la familia que convive con él en la casa llamaron a las autoridades policiales de Caucasia, quienes hicieron presencia en el lugar para persuadir a los invasores liderados por Orozco Sánchez a que salieran de esos predios privados. Al cabo de discusiones, falsos argumentos y amenazas de volver, el hombre se retiró con el grupo de personas, a quienes, supuestamente, les exigió cien mil pesos por lote para que pudieran construir sus casas. Aseguran que fueron más de 40 las personas que le dieron al tipo esa suma de dinero, más o menos unos cuatro millones de pesos.

El caso picó y se extendió cuando a las 6:30 de la mañana del miércoles festivo 7 de agosto, aparecieron nuevamente cerca de 60 invasores liderados por Hernán Darío Orozco, quien ya había proferido amenazas contra el padre Carlos Mario y la familia que lo acompaña si no les entregaba las diez hectáreas de terreno. Es decir, el sujeto estaba dispuesto a meterse a la brava al predio donde se levanta una casa de Dios, en claro irrespeto al Todopoderoso.

Ocurrió algo inesperado

Sin embargo ocurrió algo sorpresivo e inesperado. Sin que nadie lo llamara, al lugar llegó un hombre joven, en una motocicleta de alto cilindraje, que sostuvo una breve pero fuerte conversación con el grupo de invasores, entre ellos su líder Orozco Sánchez. Personas que estaban cerca al sitio aseguran que el misterioso hombre les exigió categóricamente que salieran inmediatamente del lugar porque esos eran terrenos privados de una comunidad religiosa, y a Hernán Darío Orozco Sánchez le dio un ultimátum para que ese mismo día les regresara a las familias los cien mil pesos que les había quitado bajo engaños. Hasta la fecha no se sabe si ya lo hizo.

Tras escuchar al hombre de la moto, sobre quien se han tejido una serie de rumores que circulan por la invasión Santa Helena, todos pusieron pies en polvorosa, entre ellos Orozco Sánchez, a quien no se le ha vuelto a ver la cara por esos predios que pretendía invadir.

No obstante, el padre Carlos Mario Gallego Duque instauró en contra de él una denuncia penal en la Fiscalía de Caucasia por los presuntos delitos de amenazas, constreñimiento ilegal, perturbación a posesión sobre inmueble e instigación a delinquir.

En la denuncia impetrada contra este sujeto, el padre Carlos Mario dice temer por su vida e integridad física así como las de los integrantes de la familia que lo acompaña en el predio. «Anexo en esta denuncia un video donde aparece el señor Hernán Darío Orozco Sánchez haciéndome sus exigencias de entrega de las tierras, y una fotografía donde se ve a este hombre portando un arma de fuego de largo alcance porque, al parecer, fue combatiente de las FARC», se lee en la denuncia.

El caso ya está en manos de la Fiscalía de Caucasia, y el presbítero Carlos Mario Gallego Duque, la familia que lo acompaña y la feligresía de la iglesia Camino a la Morenita esperan que se haga justicia.

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Por amenazas del Clan del Golfo han cerrado más de tres mil puntos en la Región Caribe

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Más de 3 mil puntos de SuperGIROS en la región Caribe han tenido que cerrar por las amenazas del Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) o ‘Clan del Golfo’.

La ofensiva se ha recrudecido después del asesinato de Fernanda Mozo, una colocadora de SuperGIROS en Bosconia, el pasado 4 de noviembre.

El ‘Clan del Golfo’ ordenó con amenazas el cierre de los puntos de SuperGIROS en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Sucre, César, Magdalena y Guajira.

De hecho, este sábado se registraron ataques en puntos de Luruaco y Barranquilla, en la calle Murillo con carrera 9B, dejando una colaboradora herida.

Sujetos armados han incursionado también contra puntos de la red de servicios en Carmen de Bolívar, lugar en el que hicieron seis disparos para obligar al cierre de varios locales comerciales.

En otros municipios de la región hombres armados que se identifican como miembros de este grupo ilegal que actualmente hace parte de la llamada mesa de negociación de la ‘Paz Total’. En estas poblaciones ordenaron con intimidación y amenazas el cierre de los locales.

Se calcula que tres mil locales de la red de la empresa que presta servicios de giros y pago de servicios públicos y que opera como corresponsal bancario en los municipios más apartados de Colombia cerraron sus puertas ante la falta de garantías para operar .

«Llegan en grupos de dos o tres y dan la orden de cierre dejando ver armas de fuego», sostienen las colaboradoras que minutos después cierran los locales.

En el Golfo de Morrosquillo, en Sucre, por ejemplo, la red está paralizada dejando sin actividad a miles de personas que dependen de su labor en este sector de la economía.

La Defensoría del Pueblo se manifestó a través de su cuenta de X rechazando las acciones de los grupos armados, sobre todo contra las mujeres, que son en su mayoría las colocadoras de la empresa .

No obstante, SuperGIROS indicó que pese al apoyo de las autoridades de Policía y Ejército la acción de estos grupos al margen de la ley se ha incrementado en las últimas horas poniendo en riesgo la vida de miles de personas que trabajan en los puntos de SuperGIROS en esta región del país.

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El excongresista Musa Besaile, condenado por corrupción, quedó en libertad condicional

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Musa Besaile, excongresista del Partido de la U condenado por parapolítica y el escándalo del ‘Cartel de la Toga’, recibió libertad condicional y salió de su centro de reclusión. Estaba condenado a más de seis años de prisión.

Una decisión del Juzgado Segundo de Ejecución de Penas de Montería le dio la libertad condicional al exsenador, quien estaba recluido en el Centro de Ejecución Militar del batallón de la capital de Córdoba.

Besaile había sido condenado por la Corte Suprema por los delitos de concierto para delinquir agravado, tráfico de influencias y peculado por apropiación. El parlamentario estuvo implicado en redes de corrupción en donde hizo uso de su poder para obtener algunos beneficios.

Su libertad se habría dado debido al cumplimiento de tres quintas partes de la condena, así lo habría asegurado su abogado Hernando Bocanegra, quien también informó que Besaile se encontraba en delicado estado de salud.

Inicialmente, la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia había condenado al exsenador a 6 años y 20 días de prisión, además de imponerle una multa por un valor de $415.268.652 y una inhabilidad para ejercer cargos públicos por 83 meses; sin embargo, en el mes de mayo de 2023 el mismo tribunal le sumó 7 años de prisión por alianzas con grupos paramilitares.

Además, en febrero, Besaile había recibido una sentencia de dos años y seis meses de prisión por tráfico de influencias en el proceso Fonade, pues de acuerdo con el alto tribunal el excongresista, junto al Ñoño Elías, efectuaron “actividades burocráticas y de intermediación legal” en los asuntos contractuales de la entidad.

Debido a estas sentencias, las condenas de Besaile sumaron un total de 168 meses y 9 días de prisión, y se permitió que accediera a la libertad condicional por el cumplimiento de una parte de la pena.

Otro de los motivos que favoreció esta medida es que el excongresista no es solicitado por ninguna otra entidad, esto lo confirmó el Inpec, la autoridad carcelaria del país, y el Ejército, en una de cuyas sedes estaba recluido Besaile.

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Hombres que intentaron quemar vivos a 15 policías en un CAI fueron condenados a 18 y 20 años de prisión

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Dos sujetos fueron judicializados este viernes, 22 de noviembres, por el atentado realizado contra el CAI de La Aurora en Usme, Bogotá, en donde le prendieron fuego a una estructura en donde se encontraban 15 uniformados de la Policía que resultaron casi calcinados luego del ataque.

En medio de lo que fue catalogado como el estallido social, en la noche del pasado 4 de mayo de 2021 una multitud atacó con palos, piedras y bombas incendiarias al CAI que está ubicado en el barrio La Aurora, en la localidad de Usme, en Bogotá.

En esta estructura estaban refugiados 15 uniformados, quienes cumplían turno en su momento. El ataque fue más allá cuando, según la narración del juez quinto especializado de Bogotá, dos sujetos lanzaron bombas ‘Molotov’ a través de uno de los vidrios blindados, los cuales ya estaban debilitados gracias a los golpes.

Estos hombres son Kevin Hernández y Edwin Murcia, quienes fueron condenados por los delitos de terrorismo agravado y violencia contra servidor público.

“El juzgado emitirá sentencia de condena contra Kevin Hernández y Edwin Murcia únicamente por los delitos de terrorismo agravado y violencia contra servidor público (…) Adicionalmente, se emitirá sentencia de condena en contra de Edwin Murcia por el delito de tenencia, fabricación y tráfico de sustancias y objetos peligros”, fue la declaración en la audiencia del juez quinto especializado de la capital.

Ante los hechos, el togado los sentenció a 18 y 20 años de prisión respectivamente, pues en el caso de Murcia se encontraron dos artefactos explosivos en su residencia y los cuales tienen relación con las sustancias que en aquella noche le arrojaron a los policías.

La sentencia fue basada en pruebas contundentes en donde se destacan varios videos de las cámaras de seguridad, los cuales fueron claves para identificar a los responsables del hecho. También se desestimaron las pruebas presentadas por la defensa de estos hombres, las cuales fueron calificadas como contradictorias e inconsistentes.

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