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Revelan antecedentes penales de mujer que logró tumbar transmisión del Consejo de ministros en canales privados

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El director del DPS, Gustavo Bolívar, compartió noticias de 2014 que indican que la ciudadana María Cristina Cuéllar Cárdenas fue sentenciada a nueve años de prisión por el delito de fraude procesal, por haber alterado los estados financieros de una empresa.

El director del DPS reveló que María Cristina Cuéllar Cárdenas fue hallada culpable del delito de fraude procesal. La abogada intentó llegar a casación tras la condena proferida en su contra – Ministerio de Minas y Colprensa
Por decisión del Consejo de Estado, el Gobierno nacional tendrá que abstenerse de transmitir los consejos de ministros a través de canales privados de televisión, en el canal Uno y en los canales locales, regionales y comunitarios. Esto, como resultado del estudio de una tutela que presentó una ciudadana identificada como María Cristina Cuéllar Cárdenas.

De acuerdo con el fallo del máximo juez de la administración pública, la mujer, que ejerce como abogada ocasionalmente, se quejó porque, en por lo menos dos oportunidades, no pudo acceder a contenidos de su interés, debido a que el Consejo de ministros del Gobierno del presidente Gustavo Petro interrumpió otras programaciones de manera “intempestiva”.

“La parte actora alegó que la autoridad accionada vulneró su derecho fundamental a la información porque con la transmisión de los consejos de ministros a través de medios radiales y televisivos, tanto públicos como privados, se restringía de manera desproporcionada la posibilidad de elegir libremente los temas que eran de su interés”, indicó el Consejo de Estado en el documento.

El Consejo de Estado amparó el derecho a la información de la ciudadana demandante, que se quejó de la transmision.

Tras evaluar los argumentos de la demandante, el juez de la administración pública dio la razón a la ciudadana, amparando su derecho a la información, que fue vulnerado por la transmisión de las reuniones del gabinete ministerial, las cuales suelen tardar varias horas. En ese sentido, ordenó al presidente de la República, a la Presidencia de la República (Dapre) y a la CRC dejar de mostrar los consejos de ministros a través de los canales privados de televisión, del canal Uno y de los canales locales, regionales y comunitarios de televisión abierta.

Los antecedentes penales de la demandante

La decisión del Consejo de Estado no gustó a los funcionarios del Gobierno. El director del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS), Gustavo Bolívar, se pronunció al respecto, asegurando que la limitación en las transmisiones obedece a que la información revelada en los encuentros del gabinete han generado incomodidad. “Obvio les debe molestar mucho que se sigan destapando ollas podridas desde el gobierno. #CensurarNoEsPluralidad”, precisó en X.

Además, reveló antecedentes penales que tuvo la demandante María Cristina Cuellar Cárdenas, junto con su esposo, Arnaldo Tascón. De acuerdo con noticias compartidas por el funcionario, publicadas en 2014, estas personas, que fundían como asesores jurídico y contable de la compañía Molinos del Cauca, fueron condenados a nueve años de cárcel luego de que el Juzgado 28 Penal del Circuito de Bogotá los declarara culpables del delito de fraude procesal, en calidad de coautores.

Para entonces, los exasesores fueron señalados de haber alterado los estados financieros de la empresa para mostrar liquidez ante la Superintendencia de Sociedades.

“María Cristina Cuellar Cárdenas y Arnaldo Tascón Saavedra, quienes fueran asesores jurídico y contable de la empresa presentaron ante la Superintendencia de Sociedades el 30 de junio de 2005, estados financieros falsos logrando con ello que esta entidad los acogiera a la promoción y acuerdos de reestructuración en los términos y finalidades de la Ley 550 de 1999 (Reestructuración de Pasivos), a sabiendas de que ya se encontraban en causal de liquidación”, detalló la Fiscalía General de la Nación en un boletín informativo emitido el 27 de mayo de 2014.

Por este caso también fueron imputados Luis Germán Osorno Calero, exrepresentante legal de Molinos del Cauca S.A.; Rodrigo de Jesús Palacio García, ex revisor fiscal titular; Yolanda de Jesús Vanegas Oquendo, ex revisora fiscal suplente; y Clara Isabel Rodríguez Diez, excontadora.

Los exasesores alteraron los estados financieros de la empresa para mostrar liquidez ante la Superintendencia de Sociedades.

Cuellar Cárdenas y Tascón Saavedra apelaron la sentencia, proferida finalmente el 30 de abril de 2015 por el Juzgado 28 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá.

Posteriormente, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá confirmó la decisión de primera instancia. Los exasesores volvieron a rechazar el fallo de segunda instancia, recurriendo a una demanda de casación, pero la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia no admitió el recurso. Ante su decisión procedía el mecanismo de insistencia.

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Asesinan a promesa del fútbol en Soledad, Atlántico: su hermano resultó herido

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Un ataque armado en la noche del domingo dejó muerto a un joven promesa del fútbol en la carrera 15 con calle 21, en el barrio Pumarejo, en el municipio de Soledad. área metropolitana de Barranquilla.

En el hecho de sangre, perpetrado por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta, resultó herido el hermano de la víctima.

El joven asesinado fue identificado como José David Sandoval López, de 21 años, mientras que el lesionado responde al nombre de Nicolás Elías Sandoval Orozco, de 28.

Según el reporte de las autoridades, ambos jóvenes se encontraban en la mencionada dirección, cuando los sicarios abrieron fuego contra José David. Durante el ataque las balas impactaron a Nicolás.

Con graves heridas en sus cuerpos los jóvenes fueron llevados a un centro asistencial, donde uno de ellos falleció.

De José David Sandoval López se estableció que desde muy niño era amante del fútbol y su sueño era llegar a las grandes ligas de este deporte.

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Muere joven colombiano en Ucrania: combatía contra el Ejército ruso

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*Familiares de Ever Pérez Villanueva contaron que el joven llevaba 6 meses combatiendo contra el ejército ruso. Le ofrecieron un salario de 15 millones de pesos mensuales.

La familia del joven de 25 años, Ever Pérez Villanueva, oriundo del corregimiento San José de Saco, en Juan De Acosta, Atlántico, dio a conocer que el miércoles de esta semana recibieron la noticia de su asesinato en una emboscada rusa que sufrió a los alrededores de un campamento del ejército ucraniano, para el que combatía.

Al parecer, tanto Ever como sus compañeros fueron rodeados por drones cargados con explosivos en la ciudad de Zaporiyia, Ucrania. Afirman sus allegados que ahora las fuerzas armadas ucranianas no se atreven a rescatar su cuerpo sin vida por temor a sufrir otra emboscada rusa.

Uno de sus tíos, Alci Villanueva, contó que la familia nunca estuvo de acuerdo con su partida a tierras ucranianas, sin embargo, el joven les dijo que iba a hacer un recorrido y cuando volvió a establecer comunicación con ellos ya estaba en el extranjero. Aseguraron también que le ofrecieron 15 millones de pesos como salario mensual.

“Le hicieron una oferta maravillosa en la que iba a ganar 15 millones de pesos mensuales. Él no atendió ninguna sugerencia de nosotros y cuando nos dimos cuenta ya estaba en Ucrania. Ahora el cuerpo no se ha podido recuperar porque cayó en un territorio que está bajo el control de Rusia. No se atreven a buscarlo porque temen a ser víctimas de otra emboscada”.

Allegados a Ever Pérez Villanueva realizaron una ceremonia simbólica, debido a las pocas probabilidades que tienen de darle cristiana sepultura. Su familia hizo un llamado a la Cancillería para que los ayuden a repatriar su cuerpo.

“Nosotros le rogamos a la Cancillería que intervenga, que nos ayude a resolver este asunto. Si es posible repatriar el cuerpo. No sé qué otra alternativa se pueda utilizar, ver si tenía algún seguro o si le reconoce algo el gobierno de Ucrania porque Ever se fue a defender esa guerra que a él no le correspondía”, comentó Alci Villanueva.

Ever Pérez Villanueva combatió en Ucrania durante seis meses. En Colombia prestó el servicio militar, pero no quiso seguir haciendo carrera dentro de la institución.

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Colombia extraditó a Chile a alias El Gocho por el asesinato de un exmilitar en Venezuela

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*Las autoridades chilenos señalan que el crimen del exmilitar venezolano Ronald Ojeda tuvo un «móvil político».

Extraditados desde Estados Unidos y Colombia llegaron a Chile este viernes Rafael Gámez Salas, alias ‘El Turko’, y Alfredo Carrillo Ortiz, conocido como el ‘Gocho’, dos de los inculpados por la Fiscalía en el caso del secuestro y homicidio del exmilitar venezolano Ronald Ojeda Moreno.

Según informó el Ministerio Público, ambos imputados habrían participado del crimen de disidente y refugiado político venezolano en calidad de miembros de la facción ‘Los Piratas’ del ‘Tren de Aragua’, estructura criminal transnacional que opera hace cerca de una década en Chile.

La tesis de la Fiscalía chilena desde un principio es que el crimen de Ojeda tuvo un «móvil político», y se han confirmado gestiones para interrogar al depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro, prisionero en Estados Unidos.

Gámez, extraditado desde Estados Unidos, y Carillo, desde Colombia, llegaron custodiados por una comitiva de Policía de Investigaciones (PDI) a la base Grupo 10 de la Fuerza Aérea ubicada en la capital, desde donde serán trasladados bajo fuerte medidas de seguridad para ser formalizados por la Justicia.

Ambos serán internados en el Recinto Penitenciario Especial de Alta Seguridad (Repas), destinado a internos de alta peligrosidad.

A la fecha, son 26 las personas detenidas en Chile y el extranjero por esta causa criminal, con 19 a la espera de juicio y tres condenados.

El ‘Tren de Aragua’ nació en las cárceles de Venezuela y se ha extendido por Colombia, Perú, Bolivia y Chile, donde las autoridades la acusan de cometer numerosos delitos, como narcotráfico, extorsión, secuestros y homicidios.

Catalogada como una de las bandas más peligrosas de la región, el ‘Tren de Aragua’ se instaló en Chile en los últimos años aprovechando la llegada de decenas de miles de personas migrantes que cruzaron la frontera por pasos terrestres controlados por la propia banda.

De acuerdo a las autoridades chilenas, esta organización se ha expandido a lo largo de todo el país llegando a controlar diversos mercales ilegales como la extorsión y la explotación sexual.

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