*Según las autoridades, el vehículo iba a ser utilizado por el Frente ‘Jaime Martínez’ de las disidencias de alias ‘Iván Mordisco’ para atacar instalaciones militares y policiales en Cali durante los actos de posesión presidencial.

Un operativo de inteligencia y de control de la Policía Nacional permitió frustrar un atentado terrorista que, de acuerdo con las investigaciones, estaba planeado para ejecutarse en el marco de la posesión presidencial del próximo 7 de agosto en Cali.

Según inteligencia, estaba destinado a atacar instalaciones militares y de Policía.

La operación se llevó a cabo este martes sobre la vía Panamericana, en el kilómetro 87, sector de la vereda San Rafael, en jurisdicción de Santander de Quilichao, Cauca, donde las autoridades interceptaron un autobús de placas SKM465 acondicionado con 420 kilogramos de nitrato de amonio distribuidos en siete cilindros, además de estructuras que, al parecer, servirían como plataformas de lanzamiento.

De acuerdo con la información preliminar, el vehículo había sido acondicionado para ser utilizado como un bus bomba y, según la investigación, su objetivo era atacar instalaciones militares y policiales en Cali durante los eventos relacionados con la posesión del presidente electo Abelardo De La Espriella.

Las autoridades atribuyen la planeación del atentado al Frente ‘Jaime Martínez’, una estructura del Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’ y señalan como responsable de la preparación del vehículo a alias ‘Max Max’, identificado como el principal explosivista de esa organización.

Inteligencia militar también sostiene que la acción habría sido ordenada por el propio alias ‘Iván Mordisco’, con el propósito de generar un hecho de alto impacto durante la jornada de posesión.

Tras la interceptación, equipos antiexplosivos trasladaron los siete artefactos explosivos improvisados a una zona segura en zona rural de Santander de Quilichao, donde fueron destruidos mediante detonaciones controladas para eliminar cualquier riesgo para la población.

Además del material explosivo, las autoridades incautaron el autobús utilizado para transportar la carga y siete rampas de lanzamiento que hacían parte del acondicionamiento del vehículo.

*Defensora pidió a De La Espriella evaluar designación de Didier Blanco en la dirección de la UNP.  También le pidió «que no adopte decisiones regresivas constitucionalmente».

La Defensora del Pueblo, Iris Marín envió una carta al Presidente electo Abelardo De La Espriella, en la que le hace varias solicitudes, entre ellas evaluar la designación de Didier Blanco Rodríguez como nuevo director de la Unidad Nacional de Protección.

«En días pasados, han circulado publicaciones pasadas del director designado con expresiones ofensivas y estigmatizantes contra medios de comunicación, periodistas, dirigentes políticos y sectores de oposición», indicó la alta funcionaria.

Marín indicó que la persona que dirija esta entidad debe actuar con idoneidad, imparcialidad y pleno respeto por el pluralismo.

«Es importante recordar que al presidente le corresponde proteger a todas las personas que ejercen el periodismo, inclusive a aquellas que controviertan al Gobierno o sean adversas a sus líneas de política», expresó la Defensora del Pueblo.

También se refirió al regreso del antiguo modelo del Esmad (Escuadrón Móvil Antidisturbios).

«Es de anotar que el Decreto 003 de 2021 fue expedido en cumplimiento de una sentencia de tutela de la Corte Suprema de Justicia que ordenó la adopción de un ‘protocolo de acciones preventivas, concomitantes y posteriores’ a la protesta social, basado en el principio de neutralidad e imparcialidad de la Fuerza Pública», expresó.

Por otro lado, Marín indicó que, en el portal Defensores de la Patria, una publicación señala que De La Espriella manifestó el compromiso del nuevo Gobierno de ofrecer garantías democráticas a la oposición política.

«Su advertencia, sin embargo, parece infundada y puede alentar asociaciones indebidas entre oposición política y violencia que estigmatizan y pueden poner en riesgo a la oposición», manifestó.

Además le solicitó al mandatario electo que cualquier reorganización «se base en un plan de transición de carácter público que determine qué entidades asumirán cada función, con qué recursos, bajo qué mecanismos de coordinación y cómo se evitará la interrupción de los programas en curso».

«Le solicito que no adopte decisiones regresivas constitucionalmente», puntualizó la alta funcionaria.

«Le solicito que las decisiones que adopte en estos dos ámbitos respeten y garanticen los derechos de los pueblos étnicos y la protección de la naturaleza, de conformidad con la Constitución y la jurisprudencia constitucional», añadió en otra parte de la carta.

Por último, le hizo una solicitud específica a la Ministra de Educación designada, Viviane Morales.

«Le solicito asegurar que las creencias religiosas personales de quienes conduzcan la política educativa no obstaculizarán la garantía de los derechos de todas las personas en el sistema educativo, sin discriminación alguna por razones de género, orientación sexual, identidad de género, etnia, religión o condición física, social o cultural», expresó la Defensora del Pueblo.

*Aseguran que los recursos de Colombia Mayor no se utilizaron con fines electorales.

Desde el Departamento de Prosperidad Social respondieron a las declaraciones del presidente electo Abelardo De La Espriella según las cuales el programa Colombia Mayor estaría desfinanciado.

De la Espriella se refirió al tema el pasado domingo en la noche y aseguró que busca aumentar el subsidio de 230.00 a 400.000 pesos mensuales.

“El Gobierno irresponsable y ladrón, que gracias a Dios ya termina, se gastó la plata de nuestros viejitos en el primer semestre del año, en plena campaña electoral”, dijo De Da Espriella.

Desde el DPS respondieron que los recursos del programa están garantizados.

“En 2026 el programa contempla 12 ciclos de transferencias. A la fecha se han ejecutado seis ciclos y se encuentran garantizados los recursos entre Prosperidad Social y el Fondo de Solidaridad Pensional para realizar el séptimo ciclo, que iniciará en las próximas semanas. No es cierto que los recursos se hayan dilapidado en el primer semestre”, señala el DPS.

El Gobierno Petro explicó que el programa tiene un costo de 8.4 billones de pesos para este año. Según el DPS, 3.2 billones van a salir del Presupuesto General; otros 3.5, de cofinanciación con el Ministerio del Trabajo; y 1.7 de la Subcuenta del Fondo de Solidaridad Pensional.

“Es falso que recursos del programa hayan sido utilizados para fines electorales; por el contrario, los ciclos de las transferencias son mensuales y no se pueden suspender, porque incurriría en violación a la ley que reglamenta el programa”, agregan desde el DPS.