La Procuraduría General de la Nación (PGN) emitió recientemente una alerta sobre el avance de las obras de construcción de cárceles en los departamentos de Magdalena y La Guajira, tras una revisión exhaustiva del progreso de estos proyectos que, luego de cuatro años, aún presentan importantes retrasos.
El informe de la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia de la Función Pública destaca que las obras en la cárcel de mediana seguridad de San Ángel, Magdalena, con capacidad para 1914 reclusos, tienen un avance de solo el 34,94 por ciento. La situación en Riohacha es igualmente preocupante, con la cárcel en construcción alcanzando apenas el 48,14 por ciento de ejecución.
El ente de control señala que estos retrasos y modificaciones en los cronogramas han comprometido el cumplimiento de las condiciones pactadas inicialmente. Esto afecta directamente las metas destinadas a reducir el hacinamiento en los centros de reclusión y a garantizar los derechos de los internos.
El ente de control indica que podría haberse vulnerado el principio de planeación en materia contractual, dado que, a cuatro años de la firma de los contratos de obra e interventoría, la ejecución no supera el 50 por ciento. La alta inversión presupuestal, que supera los 400 mil millones de pesos, está en riesgo debido a estos atrasos.
En respuesta, la Procuraduría ha instado a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) a implementar medidas jurídicas, financieras y técnicas para evitar nuevas modificaciones contractuales y prórrogas. La meta, aseguró la Procuraduría, es asegurar la entrega de las obras en los plazos establecidos, junio y diciembre de 2025.
