La estrategia investigativa articulada de la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, que incluyó el análisis de más de 130 videos de cámaras de seguridad, búsquedas selectivas en bases de datos, entrevistas y otras técnicas de policía judicial, puso en evidencia a tres de los presuntos responsables del crimen del director de la cárcel La Modelo de Bogotá, coronel (r) Élmer Fernández Velásquez, ocurrido el pasado 16 de mayo en la localidad de Barrios Unidos.

Estas personas, identificadas como Anyelo Cárdenas Cuca, Diego Alejandro Murillo Rivera y Sharon Juliet Martínez Roa, fueron presentadas ante un juez de control de garantías.

Una fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá les imputó los delitos de homicidio agravado; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego. Los cargos no fueron aceptados y deberán cumplir medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

Las evidencias y los elementos material probatorios recopilados permitieron conocer los roles que habrían cumplido los dos hombres y las mujer para materializar la acción criminal.

En ese sentido, se estableció que Sharon Juliet Martínez Roa y Anyelo Cárdenas Cuca, al parecer, realizaron vigilancias en inmediaciones de La Modelo, detectaron el momento en el que el funcionario salió de la penitenciaría en un vehículo oficial y lo siguieron a bordo de una motocicleta. Durante el recorrido presuntamente mantuvieron comunicación con el sicario, y le marcaron con detalle la ruta, los desvíos y el destino que tomaba la víctima.

De otra parte, Diego Alejandro Murillo es señalado de transportar en motocicleta al hombre que disparó contra el entonces director de la cárcel. Así habría facilitado la ejecución del homicidio en la Avenida NQS con calle 79, y la posterior huida del sitio.

Cárdenas Cuca, Murillo Rivera y Martínez Roa fueron capturados en diligencias realizadas por el CTI y la Policía Nacional en la localidad Rafael Uribe Uribe, en Bogotá; y en Soacha (Cundinamarca).

La Fiscalía General de la Nación obtuvo una condena de 40 años de prisión contra Kalet Antonio Portacio Roa, por su responsabilidad en el asesinato de un niño de 12 años en Soledad (Atlántico).

Los hechos que motivaron la sentencia ocurrieron la noche del 29 de noviembre de 2023, entre los barrios Villa Karla y Villa Zambrano. La víctima de 12 años, jugaba fútbol con otros niños en la calle cuando Portacio, quien era perseguido por varias personas, lo atacó con un arma blanca para abrirse paso y continuar su huida. El menor fue trasladado a un hospital, donde falleció pese a los esfuerzos médicos.

Información proporcionada por la comunidad, permitió que fuera capturado minutos después en una zona enmontada cerca del lugar de los hechos.

Las pruebas presentadas por una fiscal de la Seccional Atlántico permitieron establecer la responsabilidad penal de Portacio en el crimen, lo que llevó a que fuera encontrado responsable del delito de homicidio agravado.

La modernización de las aulas de clase de la Universidad Tecnológica del Chocó (UTCH), uno de los objetivos previstos en un contrato suscrito en junio de 2021, no se cumplió como estaba previsto. La Fiscalía General de la Nación identificó varias irregularidades en el trámite, celebración y ejecución del proyecto, por lo que fueron capturados y judicializados cuatro de los presuntos involucrados.

Un fiscal de la Seccional Chocó presentó ante un juez de control de garantías al exrector del centro educativo, David Emilio Mosquera Valencia; al jefe de Sistemas y Soporte Técnico, Yunner Eduard Moreno Córdoba, al jefe de Contratación, Leiser Córdoba Mena; y al representante legal de la empresa que asumió el contrato, Francis Yoximar Palacios Sánchez.

El rector y los funcionarios fueron imputados por los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros, contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y falsedad ideológica en documento público. Mientras que el contratista fue vinculado por los delitos de peculado por apropiación a favor propio y contrato sin cumplimiento de los requisitos legales. Ninguno de los procesados aceptó cargos.

La investigación

El 21 de junio de 2021, fue celebrado un contrato para el fortalecimiento de herramientas tecnológicas en las aulas de clase de la sede principal de la UTCH, por un valor de 1.250 millones de pesos, en medio de múltiples anomalías y omisiones a la ley de contratación.

Moreno Córdoba elaboró los estudios técnicos previos, que abarcaban las condiciones técnicas, plazo de ejecución y valores estimados. Además, se encargó de la supervisión e interventoría. Por su parte, Córdoba Mena asumió lo relacionado con la convocatoria de oferentes. Sin embargo, dicha licitación no se realizó y fue declarada desierta.

Los elementos de prueba indican que no se aplicó el mecanismo adecuado de invitación pública, y se desconocieron los principios de planeación y selección objetiva, transparente, legal e imparcial. En ese sentido, el contrato habría sido direccionado para que quedara en manos de una empresa específica.

Palacios Sánchez, al parecer, permitió que se adjudicara el contrato, consciente de los antecedes que viciaban el proceso. Por su parte, Mosquera Valencia, como rector y representante legal de la universidad, firmó y avaló toda la documentación que respaldaba la contratación.

La investigación permitió conocer que el 31 de agosto de 2021, Moreno Córdoba certificó al contratista el 15,8% de avance de obra, sin que existiera un soporte verídico. Sin embargo, se autorizó un desembolso de algo más de 600 millones de pesos.

Posteriormente, a través de la Resolución 4114 de septiembre de 2021, se realizó una adición presupuestal al proyecto por 300 millones de pesos, la cual no estuvo debidamente justificada ni planeada con anticipación. La Fiscalía solicitó medida de aseguramiento en centro carcelario contra los investigados. Se espera el pronunciamiento del juez de control de garantías.