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Por paro armado del ELN, 85 comunidades están confinadas en el departamento del Chocó

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Más de 72 horas han pasado desde que inició el paro armado anunciado por el Frente de Guerra Occidental del ELN en buena parte del sur del departamento de Chocó, y la situación es cada vez más crítica. Más de 50 mil personas pertenecientes a comunidades indígenas y afro, están confinadas y en riesgo inminente de desabastecimiento.

El panorama humanitario es preocupante, no solo por las acciones violentas de los criminales, sino por las amenazas de desbordamiento del río San Juan a causa de la temporada de lluvias.

Según la Defensoría, al menos 85 comunidades están siendo doblemente afectadas, padeciendo las consecuencias de una interminable guerra y el saqueo de su territorio y recursos naturales. Lo que es aún más grave, es la ausencia de medidas de fondo para liberar a las comunidades del dominio de los actores armados. Allí, los elenos están en guerra con los criminales del Clan del Golfo por el control del territorio.

“La limitación del acceso a los servicios esenciales como alimentación, salud, educación agravan el lamentable panorama. Los hechos ponen en riesgo y amenazan el ejercicio de derechos y libertades civiles, sociales, económicas y culturales de los pueblos étnicos, toda vez que las personas están siendo expuestas a reiterados eventos de confinamiento”, dijo el defensor del Pueblo, Julio Balanta Mina.

En la actualidad el paro armado afecta a los pobladores que habitan en inmediaciones de los ríos San Juan, Sipí y Cajón y a las comunidades indígenas de los resguardos Sanandocito (Sipí), Unión Wounán, Puadó, Mataré, La Lerma, Macedonia (Medio San Juan), Unión Chocó-San Cristóbal, Puadó-Mataré-La Lerma (Istmina), Docordó-Balsalito, Santa María de Pangala, Río Taparal, Tiosidilio, Togoroma, Buena Vista, Río Pichimá, Chagpien, Chagpien Tordó, así como de quienes forman parte de los consejos comunitarios del San Juan-Acadesan y Mayor de Nóvita-Cocoman.

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Falleció el sargento Fabio Zúñiga, tercera víctima del atentado en Arauca

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El sargento viceprimero Fabio Andrés Zúñiga Burbano falleció la tarde de este jueves, luego que fuera víctima del atentado terrorista del Ejército de Libración Nacional (ELN), en la base militar de San Jordán.

Zúñiga Burbano se encontraba hospitalizado en Arauca, pues debido a la gravedad de sus heridas no había podido ser trasladado al Hospital Militar en Bogotá.

Con la muerte del sargento, se convierte así en la tercera víctima del atentado terrorista en las instalaciones militares de Arauca. Este hecho conllevó a que el Gobierno suspendiera los diálogos de paz con esta guerrilla.

Las primeras víctimas que murieron fueron los soldados profesionales Bayron Andrés Correa Vargas y Julián Patiño Arango. Quedando 16 en el Hospital Militar, de los cuales 8 están en la Unidad d Cuidados Intensivos (UCI).

Estos militares están en pronóstico sujeto a la evolución de sus lesiones, y el Hospital Militar señaló que en 48 horas daría un parte médico de su evolución.

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Capturan a alias ‘Mauricio’, señalado de atentar contra el padre de Francia Márquez

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Las autoridades capturaron en zona rural del departamento del Valle del Cauca, al presunto responsable de dos atentados contra el padre de la vicepresidenta, Francia Márquez, y la caravana de la alta funcionaria.

«Ha sido capturado Pablo León Solís del EMC (Estado Mayor Central, principal disidencia de las FARC) del Cauca, responsable de atentar contra el padre de la vicepresidenta y contra la vicepresidenta de Colombia», informó este jueves el presidente Gustavo Petro.

El detenido, a quien se le buscaba por los delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio, fue capturado en una zona rural de Jamundí, en el departamento del Valle del Cauca, en una operación conjunta de la Policía, el Ejército y la Fiscalía.

Se trata de alias ‘Mauricio’, quien es supuestamente el cabecilla de las redes de apoyo de la estructura ‘Jaime Martínez’, del EMC que no está en las negociaciones de paz, afirmó el director de la Policía, el general William René Salamanca.

En la operación también fue aprehendido un menor de edad y se incautaron dos armas de fuego, según el director de la Policía.

‘Mauricio’ estaba señalado de ser el autor del ataque con disparos a uno de los vehículos de la vicepresidenta y ministra de Igualdad y Equidad el pasado mes de julio cuando la caravana vicepresidencial, en la que no viajaba Márquez, salía desde Suárez.

El ataque sucedió en este municipio del convulso departamento del Cauca (suroeste), del que Márquez es oriunda, que los últimos meses ha sido el escenario de numerosas acciones terroristas del EMC contra instalaciones militares y de Policía, que han dejado muertos y heridos.

El pasado 16 de junio, Sigifredo Márquez, padre de la vicepresidenta, fue objeto de otro atentado cuando viajaba junto a un sobrino de seis años de la alta funcionaria entre las localidades de Timba, en el Cauca, y el caserío Robles, una zona rural de Jamundí.

Las autoridades también acusan al detenido de este otro atentado contra el padre de Márquez.

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Consejo de Estado no abre incidente de desacato contra el presidente Petro

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El Consejo de Estado se abstuvo este jueves de abrir incidente de desacato por el supuesto incumplimiento a la orden que se le impartió al presidente Gustavo Petro para que se retractara de unas afirmaciones que hizo contra el ciudadano Enrique Vargas Lleras, por irregularidades en el manejo de recursos de la salud que se habrían producido por parte de una EPS.

Para el Consejo de Estado, el escrito que presentó el mandatario para dar cumplimiento a ese fallo contiene su retractación expresa de las imputaciones que dieron origen a la demanda.

El Presidente, consideró el Consejo de Estado, admitió haberse referido al accionante, Enrique Vargas Lleras, por su participación en la junta directiva de la EPS y señaló que los hechos afirmados en la realidad solo son objeto de investigación.

Frente a la objeción de conciencia solicitado por el Presidente, el Consejo de Estado precisó que la tutela solo estaba encaminada a garantizar el derecho fundamental a la honra y buen nombre de un ciudadano; no a coartar la libertad de expresión del jefe del Estado, ni a impedir el cumplimiento de la obligación que tiene todo servidor púbico de denunciar ante las autoridades competentes irregularidades o ilícitos de los que tenga conocimiento.

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