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Policía Aduanera incauta 443 botellas de whisky ilegal en local del Centro de Barranquilla

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La Policía Fiscal y Aduanera incautó, en un local comercial en el centro de Barranquilla, 443 botellas de whisky ilegal de diferentes marcas.

El licor, que era comercializado, no contaba con la documentación legal exigida para su ingreso al territorio aduanero nacional y está avaluado comercialmente en $85.480.890.

La operación se desarrolló con base en investigaciones que señalaban la comercialización de licor sin los debidos requisitos aduaneros, lo cual constituye un delito que afecta directamente la economía formal del país.

La Policía Fiscal y Aduanera invitó tanto a consumidores como a comerciantes a seguir las siguientes recomendaciones clave para identificar licores adulterados:

Verificar el estado de la tapa: Debe estar perfectamente sellada, sin abolladuras, desprendimientos ni evidencias de haber sido removida previamente.

Anillos o precintos de seguridad intactos: Asegúrese de que no haya alteraciones visibles en los anillos o precintos.

Verificar la claridad del líquido: El licor debe ser transparente y libre de partículas en suspensión o sedimentos extraños.

Observación de turbidez o cambios de color: La presencia de turbidez o cualquier color inusual es un indicio de posible adulteración.

Desconfíe de presentaciones inusuales: botellas con defectos evidentes o empaques que no correspondan con la imagen habitual de la marca deben generar sospechas.

Precio sospechosamente bajo: Desconfíe de licores cuyo precio sea significativamente inferior al de su precio habitual.

Compre sólo en establecimientos confiables: Evite comprar productos en puntos de venta informales o no verificados.

“Este tipo de acciones son muy importantes para erradicar el comercio de licores ilegales y adulterados y así proteger la economía del país. Continuaremos trabajando con firmeza para garantizar la legalidad en las transacciones comerciales y proteger los intereses de los consumidores y la industria legal”, señaló el mayor Jesús Eduardo Restrepo Cruz, jefe de la División de Control Operativo Barranquilla.

Además, hizo un llamado a la ciudadanía para que colabore en la lucha para combatir el contrabando informando sobre cualquier irregularidad a través de la Línea Anticontrabando 159, la línea de WhatsApp al 321 394 2169 o al correo electrónico polfa.anticontrabando@policia.gov.co.

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Muere mujer al recibir una fuerte descarga eléctrica en su casa, en Candelaria, Atlántico

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Una mujer, de 52 años de edad, murió al recibir una fuerte descarga eléctrica cuando se encontraba en su vivienda, en el barrio Nueva Candelaria II, en el municipio de Candelaria, en el sur del Atlántico. La víctima fue identificada por las autoridades como Never Regina Silvera Rodríguez.

“De acuerdo con la información preliminar, la mujer fue encontrada por su esposo en una de las habitaciones de la vivienda, con aparentes lesiones ocasionadas por una descarga eléctrica. Al lugar acudió personal médico del Hospital de Candelaria, cuyos profesionales confirmaron que la ciudadana no presentaba signos vitales”, aseguró la Policía de Atlántico.

Al parecer, la mujer habría recibido la descarga cuando intentaba encender un ventilador.

“La Policía Nacional expresa sus condolencias a los familiares y allegados de la fallecida e invita a la ciudadanía a revisar periódicamente las instalaciones eléctricas de sus viviendas, evitar manipular conexiones en mal estado y adoptar medidas de prevención para evitar este tipo de situaciones”, puntualizó la Policía.

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Corte Suprema de Justicia deja en firme condena contra Santiago Uribe por caso de los 12 apóstoles

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*Con esta determinación, las autoridades judiciales explicaron que ya no existen más instancias legales ni recursos ordinarios a los que pueda recurrir la defensa del procesado para intentar revocar la decisión.

La Corte Suprema de justicia deja en firme la condena de Santiago Uribe, hermano del expresidente de Álvaro Uribe Vélez, por el caso de los 12 apóstoles. Tendría que cumplir 28 años de prisión. La decisión proferida por la Sala Civil y Agraria resolvió no dar paso a la tutela interpuesta por la defensa, dejando plenamente en firme el fallo que lo responsabiliza por la conformación de estructuras paramilitares y por la comisión de homicidios en el departamento de Antioquia a finales de la década de 1990.

A través de la revisión de una tutela, la sala examinó la solicitud del equipo defensor de Santiago Uribe Vélez, el cual buscaba impugnar y tumbar la sentencia que había sido dictada previamente por la Sala Penal del tribunal. Sin embargo, la resolución ratificó el fallo en su totalidad. Con esta determinación, las autoridades judiciales explicaron que ya no existen más instancias legales ni recursos ordinarios a los que pueda recurrir la defensa del procesado para intentar revocar la decisión.

De esta forma, la condena de 28 años de cárcel adquiere carácter final y ejecutorio por orden de los magistrados de la Corte.

Los hechos por los cuales fue juzgado y hallado culpable el empresario se desarrollaron principalmente en el norte del departamento de Antioquia. Las investigaciones judiciales determinaron que Santiago Uribe Vélez participó activamente en el liderazgo y articulación de la estructura armada al margen de la ley conocida como ‘Los 12 Apóstoles’.

Dicha agrupación paramilitar ejecutó múltiples homicidios y acciones violentas bajo la modalidad de «limpieza social» en diversos municipios de la región. Por estas conductas, la justicia lo halló penalmente responsable de los delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio agravado.

 

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Juez mexicano acusado de supuestos vínculos con el cartel de Sinaloa es detenido en Bogotá

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La Policía colombiana, en coordinación con el FBI, detuvo en el aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá al ciudadano mexicano Luis Benítez Alcántara, alias El Juez, quien es requerido en extradición por Estados Unidos por supuestos vínculos con el cartel de Sinaloa.

Benítez Alcántara fue retenido mediante una notificación roja de Interpol cuando se disponía a abordar un vuelo de regreso a Ciudad de México, informó la Policía en un comunicado.

El mexicano, quien se desempeñaba como juez en Ciudad de México y tenía a su cargo procesos de extradición, es acusado de nueve cargos, entre ellos “conspiración para distribuir, poseer y exportar cocaína y metanfetaminas, participación en una empresa criminal, asesinato y tentativa de asesinato”.

“Las labores investigativas permitieron establecer que, entre octubre de 2024 y febrero de 2025, Benítez Alcántara se valió de su investidura como juez federal a cargo de procesos de extradición para otorgar beneficios jurídicos ilícitos a integrantes del Cártel de Sinaloa”, apuntó la Policía.

Uno de los hechos que se le atribuyen es recibir un soborno de dos millones de dólares en efectivo a cambio de conceder una fianza fraudulenta y ordenar la liberación de Ryan James Wedding, un narcotraficante canadiense que estaba detenido en Guadalajara con fines de extradición.

De acuerdo con el expediente judicial estadounidense, Benítez Alcántara negoció la operación a través de intermediarios y ordenó la excarcelación de Wedding el 24 de febrero de 2025, el mismo día en que supuestamente recibió la totalidad del dinero.

Wedding es señalado por las autoridades de ser el segundo al mando de una organización criminal transnacional y uno de los principales proveedores de cocaína hacia Canadá, con operaciones e influencia en Colombia, México y Estados Unidos.

“El seguimiento de investigación criminal determinó que Luis Benítez Alcántara arribó a la capital colombiana presuntamente con el propósito de sostener reuniones clandestinas y realizar coordinaciones con organizaciones criminales locales para el envío de cargamentos de clorhidrato de cocaína hacia Centroamérica y los Estados Unidos”, denunció el director de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN), coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria.

Tras su detención, Benítez Alcántara quedó a disposición de la Fiscalía General, a través de la Dirección de Asuntos Internacionales, mientras avanzan los trámites para su extradición a Estados Unidos.

En territorio estadounidense, enfrenta una pena máxima de hasta 15 años de prisión por cada uno de los cargos que le fueron imputados.

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