*El capturado, identificado como Arif Jhuman, está acusado de traficar más de 100 armas de fuego desde el estado de Florida hacia Canadá entre 2023 y 2024.

Autoridades colombianas en coordinación con organismos internacionales propinaron un duro golpe al crimen trasnacional, tras capturar en una exclusiva zona del sur de Medellín a un ciudadano canadiense requerido por la Interpol.

Se trata de Arif Jhuman, de 36 años de edad, quien fue sorprendido por agentes de la Policía Antinarcóticos y la DEA cuando se encontraba en un gimnasio en el sector de El Tesoro.

La información conocida hasta ahora indica que Jhuman tiene actualmente en su país de origen una sentencia vigente de más de 9 años de prisión por porte y tráfico de estupefacientes.

Además, según la justicia norteamericana, está acusado junto a otras cuatro personas de traficar más de 100 armas de fuego desde el Estado de Florida a Canadá entre 2023 y 2024. De esas armas, 29 fueron recuperadas en escenas del crimen.

A finales del año anterior, reportes de prensa estadounidenses también destacaron que la Fiscalía del Distrito Medio de Florida indicó que el objetivo del contrabando de esas armas, adquiridas con recursos producto del narcotráfico, era netamente económico, pues aunque valían solo cientos de dólares en Estados Unidos, podrían venderse por miles una vez introducidas en Canadá.

Se espera que en las próximas horas las autoridades colombianas brinden mayores detalles sobre el desarrollo del operativo y la relación del hoy capturado con la capital antioqueña.

Un fuerte golpe contra la ilegalidad y una grave amenaza a la salud pública propinaron las autoridades en el norte del departamento de Antioquia. En un megaoperativo conjunto, la SIJIN, el CTI de la Fiscalía y el Ejército Nacional intervinieron centros de sacrificio clandestinos de animales en los municipios de Don Matías y Santa Rosa de Osos.

Las autoridades descubrieron que en esos lugares sacrificaban de manera completamente insalubre a cerdos, vacas, caballos y burros que se encontraban enfermos.

En lugar de desecharse, la carne de estos animales era transportada en pésimas condiciones higiénicas para ser comercializada y vendida al público en las calles y carnicerías de Bello y Girardota, lo cual constituye un peligro inminente para la salud de miles de familias de esa región del país.

La investigación permitió establecer que los implicados presuntamente incumplían las normas sanitarias y distribuían el producto en diferentes puntos de venta.

De acuerdo con las autoridades, los animales eran sacrificados en condiciones clandestinas y sin ningún tipo de control sanitario. Entre las especies sacrificadas había equinos, porcinos y bovinos que presentaban enfermedades o no eran aptos para el consumo. La carne era procesada y posteriormente vendida como si cumpliera con los requisitos legales, engañando a los compradores.

La Fiscalía adelanta el proceso judicial contra los presuntos responsables, quienes deberán responder por los delitos que les sean imputados por estos hechos. Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para adquirir productos cárnicos únicamente en establecimientos autorizados, con el fin de proteger la salud y evitar el consumo de carne de procedencia ilegal

*La actuación judicial se fundamenta en elementos que relacionarían los hechos con un presunto debilitamiento del esquema de seguridad asignado a Pizarro, la posible filtración de información sobre sus desplazamientos, entre otros.

La Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia resolvió la situación jurídica del exdirector del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), Miguel Alfredo Maza Márquez, y lo vinculó como presunto coautor del asesinato del entonces candidato presidencial Carlos Pizarro Leongómez, asesinado el 26 de abril de 1990.

La Fiscalía le atribuye, en calidad de presunto coautor, el delito de homicidio con fines terroristas, en concurso sucesivo y heterogéneo con concierto para delinquir, dentro de la investigación por el crimen del excomandante del M-19 y candidato presidencial.

De acuerdo con el ente investigador, la actuación judicial se fundamenta en elementos que relacionarían los hechos con un presunto debilitamiento del esquema de seguridad asignado a Pizarro, la posible filtración de información sobre sus desplazamientos y una eventual articulación entre funcionarios del extinto DAS y estructuras paramilitares comandadas por Carlos y Fidel Castaño.

Según la Fiscalía, estas circunstancias habrían facilitado la ejecución del atentado perpetrado el 26 de abril de 1990 y el posterior encubrimiento de quienes serían los responsables del asesinato en un avión que cubría la ruta Bogotá – Barranquilla. La decisión obedeció a que, se tuvieron en cuenta la avanzada edad de Maza Márquez y su estado de salud.