Un informe conjunto de Señal Colombia y la Revista Raya reveló que el software espía Pegasus, utilizado por gobiernos de diversos países, habría sido adquirido por Colombia a través de un esquema de lavado de activos.

Según el informe, la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) realizó la compra durante el mandato del expresidente Iván Duque, utilizando dinero incautado a organizaciones del narcotráfico.

Jorge Lemus, actual director de la DNI, expresó que la transacción, que involucró la compra del software Pegasus a la empresa israelí NSO Group, se realizó de manera clandestina entre junio y septiembre de 2021. Lea: Petro se reunió con fiscal Luz Camargo antes de denuncia por Pegasus.

“Ellos sabían que estaban cometiendo un delito y, por eso, actuaron de manera encubierta”, aseguró Lemus, en referencia a los involucrados en la operación. El monto de la compra fue de 11 millones de dólares, los cuales fueron transportados en efectivo desde Bogotá a Tel Aviv, sin ser reportados ante las autoridades fiscales colombianas

La operación secreta, que involucró a altos funcionarios y miembros de las fuerzas armadas del país, ha generado controversia debido a las posibles implicaciones legales y éticas. Entre los involucrados, el informe señala al entonces viceministro de Defensa, Jairo García, y al general retirado Juan Diego Sepúlveda, quienes habrían participado activamente en las negociaciones con la empresa israelí.

El periodista israelí Gur Megiddo, también citado en la investigación, aseguró haber recibido información sobre la transacción desde el Banco Hapoalim en Israel. “Una de las fuentes confirmó que el dinero incautado a narcotraficantes fue usado para la compra del software”, añadió el periodista. Le puede interesar: Escándalo Pegasus: así funciona el polémico software que denunció Gustavo Petro

La investigación periodística también destacó la falta de transparencia en el uso de estos recursos, lo que podría constituir un delito de lavado de activos. Alberto Lozano, exdirector de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), declaró que la omisión de reportar movimientos de grandes sumas de dinero en efectivo, como en este caso, podría traer consecuencias legales graves.

“La falta de transparencia en este tipo de transacciones puede generar graves consecuencias legales”, aseveró Lozano.

Además de la adquisición irregular del software, el informe reveló la primera víctima confirmada de Pegasus en Colombia. Se trata de María Fernanda Rangel, exfuncionaria de la Defensoría del Pueblo y candidata a la Contraloría General en 2023. Un análisis forense demostró que su teléfono fue infectado con el virus espía, lo que ha generado alarma sobre el uso de esta tecnología en el país. Lea también: EE.UU. sanciona a empresas de Israel, Rusia y Singapur por ciberespionaje

El senador Antonio José Correa, del Partido de la U, anunció que presentará un debate de control político en el Congreso en octubre, buscando respuestas sobre el uso del software y sus posibles impactos en la privacidad de los ciudadanos.

“Es necesario esclarecer cómo se adquirió esta herramienta y bajo qué circunstancias se ha utilizado en Colombia”, señaló Correa.