La Jurisdicción Especial para la Paz imputó como máximos responsables a seis exintegrantes del secretariado de las FARC-EP, por el reclutamiento y la utilización de niños y niñas, así como por otros crímenes de guerra cometidos en su contra en el contexto de la vida infantil, incluidos malos tratos, tortura, homicidio y violencias sexuales, reproductivas y por prejuicio.

Se trata de Rodrigo Londoño Echeverry, alias ‘Timochenko’, Jaime Alberto Parra Rodríguez, Milton de Jesús Toncel Redondo, Pablo Catatumbo Torres, Pastor Lisandro Alape y Julián Gallo Cubillo.

El alto tribunal indicó que, entre 1971 y 2016, las extintas FARC-EP reclutaron a 18.677 niños y niñas. Estos hechos ocurrieron con mayor frecuencia entre 1996 y 2016, marco en el cual la sala concentró su investigación.

La Sala de Reconocimiento determinó que cada uno de estos comparecientes, con sus acciones y omisiones durante su vida activa en la guerrilla, son responsables de cinco patrones macrocriminales determinados.

El Caso 07, que investiga el reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado, identificó cinco patrones macrocriminales por los que determinó el grado de responsabilidad de los comparecientes de las FARC – EP:

1. Reclutamiento y utilización de niños y niñas, incluidas personas menores de 15 años.

Por este patrón, la Sala llamó a reconocer responsabilidad a los comparecientes como coautores mediatos por el crimen de guerra de reclutar o alistar niños y niñas o utilizarlos para participar activamente en las hostilidades.

2. Malos tratos, torturas y homicidios en contra de niños y niñas reclutados en el marco de su vida intrafilas.

Por este patrón, la sala llamó a reconocer responsabilidad a los comparecientes como coautores mediatos de los crímenes de guerra de tratos crueles, tortura, condenas dictadas y ejecuciones sin previo juicio ante un tribunal regularmente constituido, con todas las garantías indispensables.

3. Violencias reproductivas que afectaron a niñas reclutadas.

Por este patrón, la sala llamó a reconocer responsabilidad a los comparecientes como coautores mediatos de los crímenes de guerra, de tortura, ultrajes contra la dignidad personal y homicidio.

El presidente Gustavo Petro firmó la resolución que designa como gestores de paz a 18 exjefes paramilitares, algunos de los cuales se encuentran actualmente presos en cárceles de Estados Unidos. Esta decisión se enmarca en el objetivo del Gobierno de avanzar en un proceso de reconciliación y reparación, aunque ha generado controversia debido al perfil de los involucrados.

En el documento figuran los nombres de reconocidos criminales, incluyendo a Carlos Mario Jiménez, alias ‘Macaco’; Rodrigo Tovar, alias ‘Jorge 40’; Héctor Buitrago, alias ‘Martín Llanos’; y hasta los extraditados Diego Fernando Murillo, alias ‘Don Berna’, y Ramiro Vanoy, alias ‘Cuco Vanoy’.

De acuerdo con la resolución, la designación será inicialmente por seis meses, tiempo en el cual los excriminales deberán hacer aportes y presentar propuestas para el desmonte de organizaciones paramilitares.

Los nuevos gestores de paz son Ramón Isaza; Rodrigo Tovar alias, “Jorge 40”; Diego Fernando Murillo, “Don Berna”; Fredy Rendón, “El Alemán”; Héctor Buitrago Rodríguez; Ramiro ‘Cuco Vanoy’; Hernán Giraldo; Hebert Veloza; Manuel Pirabán; Carlos Mario Jiménez; Rodrigo Pérez Alzate; Edwar Cobo Téllez; Héctor Buitrago Parada; Arnubio Triana; Luis Eduardo Cifuentes; Juan Francisco Prada; José Baldomero Linares y ya nombrado, Salvatore Mancuso Macaco.

La resolución firmada por el jefe de Estado señala que el “término de designación como gestores de paz será de seis meses y sus actividades serán desarrolladas en las condiciones excepcionales, temporales y territoriales que sean definidas en el plan de gestión que se suscriba en cada caso con el Consejero Comisionado de Paz”.

La investigación se abrió por los delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación en favor de terceros.

La Corte Suprema de Justicia abrió investigación formal contra el senador Iván Name, y el representante a la Cámara Andrés Calle, expresidentes del Congreso en la pasada lesgislatura, por los presuntos delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación en favor de terceros.

Los congresistas fueron señalados por Olmedo López y Sneyder Pinilla –testigos claves en el caso de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD)– como aparentes responsables de recibir dineros de la entidad para mover la agenda legislativa del Gobierno en el Congreso.

“Como contraprestación a su gestión, los congresistas habrían recibido pagos en efectivo de manos del exsubdirector de Manejo de Desastres de la unidad, Sneyder Pinilla Álvarez”, señaló la Corte en un comunicado.

La investigación que hasta ahora adelanta la Corte indica que el dinero que habrían recibido los funcionarios se destinó para la financiación de campañas para las elecciones locales y regionales del 29 de octubre de 2023.

La decisión de la Sala de Instrucción de la Corte se tomó luego de que evaluaron información que ha sido recaudada por la policía judicial, la Fiscalía y los testimonios que practicó el magistrado instructor.

“Se cumplen los requisitos para proceder a una investigación formal ante la probabilidad de que los congresistas hubieran incurrido en delitos que atentan o lesionan la administración pública”, añadió la Corte.

La Corte determinó que los congresistas deben ser citados a indagatoria y se le impartió orden a la Policía judicial para que inicie con la práctica de otras pruebas.