*El hombre permaneció retenido en un inmueble de Medellín (Antioquia) durante siete días. Por su liberación exigían 800 millones de pesos.

Con el supuesto de cerrar un negocio relacionado con la venta de unas tierras para la explotación minera en el sur de Bolívar, un comerciante de Cali (Valle del Cauca) se trasladó a Medellín (Antioquia) el pasado 23 de junio.

Al llegar al punto indicado, un grupo de hombres lo trasladó en un vehículo de servicio público a un predio del barrio La Iguaná y sometió violentamente.

Elementos materiales probatorios en poder la Fiscalía General de la Nación indican que fue intimidado con armas de fuego, obligado a entregar sus pertenencias, avaluadas en 15 millones de pesos, y retenido en contra de su voluntad. Entre tanto los familiares recibieron llamadas en las que les exigieron 800 millones de pesos a cambio de la libertad de su allegado.

Siete días después, en una labor articulada con el Gaula de la Policía Nacional, la víctima fue rescatada en el inmueble donde permanecía privada de la libertad. En el procedimiento fueron capturadas dos personas identificadas como Maicol Alexis Castrillón Agudelo y Santiago de Jesús Gallo Zuluaga, quienes serían las encargadas de custodiar al comerciante.

Adicionalmente, se incautaron un arma de fuego, un supresor de sonido y un proveedor de 12 cartuchos calibre 9mm.

Un fiscal Gaula de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales presentó a los detenidos ante un juez de control de garantías y les imputó los delitos de secuestro extorsivo, hurto calificado y fabricación, tráfico, porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos, todas las conductas agravadas.

Los procesados no aceptaron los cargos y recibieron medida de aseguramiento en centro carcelario.

*El hombre, capturado en Santa Marta, habría compartido 63 archivos mediante los servicios de mensajería de una plataforma de videojuegos.

La Fiscalía General de la Nación informó sobre la captura de un hombre señalado de, presuntamente, almacenar y distribuir material de abuso sexual infantil utilizando los servicios de mensajería de un videojuego en línea.

De acuerdo con el ente investigador, el caso se conoció tras una alerta emitida por una plataforma internacional de servicios de mensajería, que detectó la circulación de contenido explícito de menores de edad. La información fue recibida por el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC) de Estados Unidos y remitida a la Fiscalía mediante los canales de cooperación internacional.

Las investigaciones identificaron como presunto responsable a Wadin Rafael de Alba Navarro Carrera, quien, según la Fiscalía, operaba desde Santa Marta, Magdalena, y almacenaba y distribuía videos y fotografías de niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual a través de la plataforma de videojuegos.

Según las evidencias recopiladas, en febrero de 2026 el hombre habría utilizado los servicios de mensajería, chat, voz, videollamadas y mensajes de texto que ofrecía el videojuego para difundir 63 archivos con registros de abuso sexual de menores de entre 6 y 17 años.

La captura del presunto responsable se realizó en un operativo conjunto entre la Fiscalía y la SIJIN.

Un fiscal de la Dirección Especial de Investigación de Delitos Priorizados Cometidos contra Niños, Niñas y Adolescentes de Magdalena le imputó el delito de pornografía con personas menores de 18 años, en concurso homogéneo y sucesivo.

*Estaría implicado en la retención y posterior crimen de un hombre señalado de pertenecer a otro grupo armado ilegal.

La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez penal de control de garantías a Juan David Pineda Vargas, señalado integrante del ‘Clan del Golfo’ que estaría implicado en múltiples actividades delictivas perpetradas en Zaragoza, El Bagre y otras poblaciones del Bajo Cauca antioqueño.

Según la investigación, este hombre presuntamente asumió funciones como sicario en 2024.

A finales de ese año habría sido designado cabecilla urbano con la responsabilidad de coordinar homicidios selectivos, secuestros, extorsiones, tráfico de estupefacientes y extracción ilegal de minerales; además de recopilar información sobre movimientos de la fuerza pública en la zona.

De acuerdo con los elementos materiales probatorios, el 5 de agosto de 2024, hizo parte de un grupo armado que se trasladó a una vivienda ubicada en la vereda Cacales, en El Bagre, y retuvo en contra de su voluntad a un hombre y lo condujo hasta el sector conocido como La Arenosa, donde fue amarrado de manos y sometido a agresiones físicas para que revelara información sobre una agrupación rival.

Al no obtener lo que pretendían, la víctima fue llevada a otro lugar y asesinada con arma de fuego, mientras permanecía maniatada e indefensa.

Su cuerpo fue hallado al día siguiente, 6 de agosto de 2024. Pineda Vargas, al parecer, fotografió el cuerpo para reportar a sus superiores la ejecución del crimen.

Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales le imputó los delitos de concierto para delinquir agravado en calidad de cabecilla, secuestro simple agravado, homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

El procesado no aceptó los cargos y un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.