En el marco de la investigación por la presunta corrupción en el Congreso con recursos arañados irregularmente de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), este martes la Corte Suprema de Justicia llamó a indagatoria formal cinco congresistas y un exrepresentante.

Se trata de los senadores Liliana Bitar Castilla (Partido Conservador) y Juan Pablo Gallo (Partido Liberal), así como los representantes Wadith Alberto Manzur (Partido Conservador), Julián Peinado (Partido Liberal) y Karen Astrith Manrique (curul de víctimas). A ellos se suma el exrepresentante Juan Diego Múñoz (Partido Conservador).

La Sala de Instrucción de la Corte anunció que los investigará formalmente por el presunto delito de cohecho impropio. Por ello, serán citados a diligencia de indagatoria.

De acuerdo con la alta corte, los investigados participaron en presuntos acuerdos ilegales para aprobar proyectos y eventuales contrataciones en la Unidad. Lo anterior, tras analizar más de 50 pruebas documentales obtenidas con órdenes de policía judicial y más de 10 pruebas testimoniales.

“Esto permitió construir una hipótesis, según la cual los investigados, como miembros de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público (CICP), habrían aceptado emitir conceptos respecto de operaciones de crédito público presentadas por el Ministerio de Hacienda, a cambio de dádivas que se materializarían en contratos de la UNGRD”, explicó la Corte Suprema.

Según el tribunal, a cambio de avalar los conceptos de operaciones de crédito, los congresistas supuestamente habrían acordado dádivas, correspondientes a proyectos que se tramitarían en la UNGRD, en Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y en Carmen de Bolívar (Bolívar).

“En los últimos 18 días del periodo de sesiones del año pasado, entre el 28 de noviembre y el 15 de diciembre, en la CICP se emitieron 13 de los 18 conceptos que, en total, el Ministerio de Hacienda presentó a consideración de los miembros de esa comisión durante el 2023”, agregó la Corte.

Por estos hechos hay una investigación preliminar contra el senador Julio Elías Chagüi Flórez (Partido de La U). En su caso, la Sala consideró que las supuestas irregularidades de las que se lo señala corresponden a situaciones distintas a las que se investigan en este momento.

“Por tratarse de hechos distintos, se decidió enviar a reparto lo correspondiente al aforado Chagüi Flórez, para que, en otro radicado, se asigne un magistrado para que conozca de tales señalamientos”, concluyó la Corte.

La Procuraduría General destituyó e inhabilitó por 10 años al excanciller Álvaro Leyva, tras hallarlo responsable de incurrir en faltas gravísimas cuando, en 2023, revocó licitación para la expedición de pasaportes, argumentando irregularidades en el proceso.

“La conducta del ministro Leiva Durán, evidenció un actuar contrario a las reglas y principios que rigen los procesos de la selección contractual, determinándose a declarar desierta licitación pública de pasaportes cuando conoció que existía un oferente habilitado para la publicación, situación que generó un proceso y desgaste administrativo que como máximo jerarca de la cancillería públicamente desconoció las calidades del proponente calificado y puso en riesgo los derechos de los connacionales, contrario a sus deberes funcionales que le obligaban a desempeñarse como un gerente público que diera ejemplo de responsabilidad, eficiencia, eficacia en el cumplimiento de su gestión”, se lee en el fallo de sanción.

La Procuraduría General destituyó e inhabilitó por 10 años al excanciller Álvaro Leyva, tras hallarlo responsable de incurrir en faltas gravísimas cuando, en 2023, revocó licitación para la expedición de pasaportes, argumentando irregularidades en el proceso.

“El ministro de Relaciones Exteriores, optó por declarar desierta la solicitación bajo el argumento que se trató de un proceso con un único oferente, lo cual carece de fundamento legal si se tiene que en el ordenamiento jurídico colombiano no existe un veto para que se adjudique el contrato al único oferente en las licitaciones públicas. A su vez, el disciplinado tuvo la oportunidad de corregir ese error, que en su sentido impedía la selección objetiva del contratista. Sin embargo, esperó hasta el informe final de la evaluación para declarar desierta la solicitación”, añade el fallo.

En ese sentido, el órgano de control confirmó que Leyva Durán incurrió en falta gravísima a título de dolo al desconocer con su actuación los principios de transparencia, economía y responsabilidad que regulan la contratación estatal.

Esta decisión representa un duro golpe al presidente Gustavo Petro, pues Leyva Durán no solo es uno de sus colaboradores más cercanos y experimentados en política exterior, sino que, además, es el primer exfuncionario de su Gobierno en recibir una sanción de tal magnitud. La medida genera un precedente en la administración Petro, subrayando los desafíos y tensiones que enfrenta en el ámbito de transparencia y gestión pública.

La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa, en averiguación de responsables, por el presunto manejo irregular de los fondos de las empresas Coosalud, Servicio occidental de Salud, Asmet Salud EPS y Emssanar EPS.

El posible mal manejo de estos recursos fue denunciado por la Superintendencia de Salud en un informe que, además, reveló que, al parecer, parte de los dineros habrían sido desviados hacia paraísos fiscales.

Según información de un medio de comunicación, en estos hechos podrían estar involucrados el asesor de Coosalud, Mario Andrés Urán, y los señores Tony Negrete e Indira Ocando, quienes la parecer actuaban como enlaces con empresas de auditoría del sector salud y habrían facilitado el acceso a Urán de información crítica.

Con el objetivo de identificar e individualizar al posible autor o autores de la falta, la Tercera Delegada para la Contratación Estatal solicitó a la Superintendencia de Salud información sobre la auditoría realizada por este organismo a las entidades cuestionadas, en la cual se evidenciaron las aparentes irregularidades, entre otras pruebas documentales.