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Más de 70 exmilitares reconocerán crímenes de guerra ante la JEP

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Un total de 74 comparecientes de la fuerza pública se presentarán ante la justicia transicional para reconocer ante 140 víctimas su participación en crímenes de guerra y de lesa humanidad, una diligencia que se realizará del 8 al 10 de agosto, informó la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

En una audiencia, 28 máximos responsables, entre ellos tres excomandantes del Batallón ‘Cacique Pigoanza’, los tenientes coroneles en retiro Carlos Yair Salamanca Robles, Orlando Pico Rivera y Ricardo Andrés López García, contarán «cómo se ejecutó el plan criminal para exhibir como resultados operacionales legítimos homicidios perpetrados en combates simulados en el departamento de Huila» entre 2005 y 2008.

La diligencia es una oportunidad para que los comparecientes contribuyan a la satisfacción de los derechos de las víctimas.

De acuerdo con la Sala de Reconocimiento de la JEP, los máximos responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad participaron en la comisión de 200 asesinatos, 32 desapariciones forzadas y ocho tentativas de homicidio.

En sus intervenciones, los comparecientes de la fuerza pública se referirán a los hechos y conductas imputadas por la JEP, su rol en la comisión de estos crímenes y los daños causados a las víctimas, las comunidades y el territorio.

Asimismo, hablarán sobre algunos de los proyectos a los que se podrían vincular para contribuir a restaurar, aliviar y dignificar a quienes les causaron los daños.

Por su lado, las víctimas, que también estarán en la diligencia, describirán los impactos que les causaron los crímenes y presentarán demandas restaurativas que orientarán las sanciones que se impondrán.

En este Subcaso Huila del Caso 03, que investiga asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado, los mayores generales Alberto Rodríguez y Marcos Pinto, así como el mayor general Miguel Ernesto Pérez Guarnizo y el general Jaime Lasprilla Villamizar, que fue comandante del Ejército, manifestaron que no reconocen su responsabilidad por los crímenes imputados.

En ese mismo sentido se manifestaron el brigadier general William Fernando Pérez y el coronel Fernando Moncayo Guancha, todos en condición de retiro.

En estos casos, sus procesos fueron trasladados a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA, la Fiscalía de la JEP) que, si decide acusarlos ante la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad del Tribunal para la Paz, iniciaría un procedimiento en el que se exponen a una sanción de cárcel de hasta 20 años.

La JEP ha contabilizado 6.402 de estos casos, que fueron cometidos sobre todo entre 2002 y 2010, durante la Presidencia de Álvaro Uribe.

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El activista Beto Coral llegó a Colombia deportado de Estados Unidos

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El activista Franklin Humberto Coral, conocido como Beto Coral, llegó a Colombia deportado de Estados Unidos tras permanecer un mes detenido por las autoridades migratorias de ese país y aseguró que continuará su labor política y de denuncia, al tiempo que renunció a solicitar asilo en territorio estadounidense.

«Primero que todo, la dignidad. He renunciado a cualquier posibilidad de un asilo político en los Estados Unidos», afirmó Coral a su llegada a Bogotá, donde fue recibido por la canciller, Rosa Yolanda Villavicencio, y la directora de Migración Colombia, Gloria Arriero.

El activista colombiano explicó que, por ahora, no se referirá a las circunstancias de su detención porque busca garantizar la salida de su familia de Estados Unidos y evitar posibles represalias.

«No puedo referirme a los detalles de mi detención (…) lo único que quiero es sacar de forma urgente a mi familia de ese país», señaló.

Coral fue detenido el pasado 16 de junio en el estado de Arizona por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), un caso que el presidente colombiano, Gustavo Petro, denunció como una «persecución política» y que atribuyó en su momento al candidato y hoy mandatario electo, Abelardo de la Espriella.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos asegura que Coral permaneció en el país después del vencimiento de su visado y lo considera un «extranjero ilegal».

El activista sostiene que ingresó legalmente a Estados Unidos en 2015 y que desde 2016 tiene una solicitud de asilo pendiente, al tiempo que niega haber cometido delitos o haber actuado como agente del Gobierno colombiano.

Denuncias contra la derecha

Coral, conocido por sus denuncias contra sectores de la derecha colombiana y por su apoyo a Petro, aseguró que su detención no logró silenciarlo.

«Creo que se equivocaron los que pretendían silenciarme. Antes solamente tenía mi celular y un micrófono. Creo que desde ahora en adelante van a ser muchos más micrófonos, van a ser muchas más cámaras para enviar un mensaje de lucha», afirmó.

Asimismo, hizo un llamado a De la Espriella para que atienda la situación de los colombianos detenidos en centros migratorios de Estados Unidos.

«El mensaje es para que el próximo presidente, más allá de cualquier diferencia, entienda la problemática de la inmigración colombiana», manifestó Coral, al denunciar que hay connacionales que permanecen detenidos durante largos periodos «sin el debido proceso».

Por su parte, la canciller colombiana aseguró que el Gobierno hizo todas las gestiones diplomáticas para facilitar el retorno de Coral y anunció que continuará acompañando el proceso para lograr la salida de su familia de Estados Unidos.

La ministra recordó que, desde el endurecimiento de las políticas migratorias estadounidenses en enero de 2025, tras el retorno de Donald Trump a la Casa Blanca, Colombia ha realizado más de 78 vuelos de repatriación con aeronaves de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

En estos vuelos, los colombianos son deportados «de manera digna, sin esposas ni cadenas», dijo la ministra, quien señaló además que durante el Gobierno de Gustavo Petro han retornado al país 16.988 colombianos bajo esa modalidad.

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Nuevo atentado con carro bomba en Tibú, Norte de Santander, cerca de un batallón

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Durante la tarde de este jueves se registró un nuevo atentado terrorista que sacudió a la población de Tibú, Norte de Santander, donde a 500 metros del batallón de ingenieros número 30 fue activado un carro bomba.

Se conoció que el carro bomba estalló antes de lo previsto, evitando así una tragedia mayor dentro del batallón. En el sector se escucharon cuatro fuertes estruendos que generaron pánico entre los habitantes y alertaron a las tropas acantonadas en la base militar.

Dos de los artefactos cayeron en el área del batallón, uno de ellos impactando en la zona del gimnasio y otro cerca de la entrada principal sin dejar militares heridos. Tras este hecho, el Ejército activó un plan de reacción y contraataque para asegurar el área y dar con los responsables de este hecho.

Las autoridades mantienen las investigaciones para establecer quiénes estarían detrás de este nuevo ataque en el Catatumbo, una región donde delinquen estructuras como el ELN y las disidencias del frente 33 de las Farc.

Inicialmente, las autoridades no reportan heridos, pero están en la verificación de una menor que habría resultado afectada. Además, a raíz de este atentado se conocen las primeras imágenes de los daños causados por el carro bomba.

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El activista colombiano Beto Coral será deportado hoy por los Estados Unidos

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El activista colombiano Franklin Humberto Coral, conocido como Beto Coral, llegará hoy al país deportado desde los Estados Unidos. Coral será deportado en un vuelo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) junto con otros 92 colombianos.

El vuelo parte desde el Aeropuerto Internacional de Alexandra, en Luisiana, Estados Unidos. Beto Coral fue detenido el 16 de junio por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Arizona.

El colombiano había pedido asilo político en Estados Unidos y su detención fue catalogada el Gobierno de Gustavo Petro como una persecución política. Trascendió que el presidente Gustavo Petro estaría considerando acudir al aeropuerto para recibir al activista, uno de los simpatizantes más cercanos al mandatario.

La deportación ocurre pese a que Coral mantiene una solicitud de asilo político en trámite y contaba con un permiso de trabajo vigente al momento de su captura, de acuerdo con información confirmada por la agencia EFE y la organización WOLA (Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos). La captura de Coral se produjo pocos días después de que participara en una manifestación en Miami contra Abelardo De La Espriella, candidato presidencial, en ese momento.

El caso ha generado reacciones en Colombia debido a la cercanía del activista con el presidente Gustavo Petro, quien anteriormente cuestionó públicamente su detención y la calificó como un caso de persecución política. La llegada de Coral se producirá en un vuelo que transporta a 93 colombianos deportados desde Estados Unidos, en medio de un contexto de tensiones diplomáticas por la situación de varios ciudadanos colombianos sometidos a procesos migratorios en ese país.

Desde que se conoció la detención de Beto Coral, el presidente Gustavo Petro ha cuestionado públicamente la actuación de las autoridades estadounidenses y ha solicitado su liberación. Incluso, el mandatario ordenó a la Cancillería intervenir ante el Gobierno de Estados Unidos para gestionar el caso del activista.

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