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Macabro hallazgo en Soledad: encuentran cuerpo de mujer enterrado en lote baldío

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En la mañana de este domingo, un espeluznante descubrimiento conmocionó a los residentes del barrio Villa Paraíso, en el municipio de Soledad. El cuerpo de una mujer fue hallado enterrado en un lote baldío, en lo que parece ser un caso de homicidio.

Según informaciones preliminares proporcionadas por testigos, la víctima ha sido identificada como Gina Paola Rivera Toloza, de 31 años de edad. De acuerdo con los reportes, la joven había sido declarada como desaparecida hace aproximadamente un mes, cuando su familia alertó a las autoridades sobre su ausencia.

Gina Paola Rivera, quien dejó tres hijos, fue vista por última vez en el barrio San Vicente de Soledad a las 9:00 de la noche del martes 16 de julio y desde entonces se desconoce su paradero. Ese día, Rivera Toloza fue vista por última vez presuntamente con su expareja sentimental.

Los testigos que presenciaron el hallazgo indicaron que el cuerpo se encontraba en avanzado estado de descomposición. Más perturbador aún, señalaron que el cadáver estaba desmembrado, lo que sugiere un acto de extrema violencia.

Las autoridades competentes se hicieron presentes en el lugar para iniciar las investigaciones correspondientes. En estos momentos, se están llevando a cabo las diligencias necesarias para confirmar oficialmente la identidad de la víctima y determinar las circunstancias que rodearon su muerte.

 

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Alias Primo Gay estuvo a punto de quedar en libertad por los «improperios» que le lanzó De La Espriella

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*Luego de la legalización de la captura de alias ‘Primo Gay’, causó revuelo la decisión que tomó un juez de compulsar copias para que se examine las supuestas, “expresiones totalmente despectivas” que usó el presidente Abelardo De La Espriella contra ese sujeto y otros que han sido capturados.

Luego de la legalización de la captura de alias ‘Primo Gay’, causó revuelo la decisión que tomó un juez de compulsar copias para que se examine las supuestas “expresiones totalmente despectivas” que usó el presidente Abelardo De La Espriella cuando confrontó al delincuente. Hay que recordar que en el video publicado por el mandatario se ve diciéndole al cabecilla del Clan del Golfo expresiones como: «porquería, asesino, despreciable, basura o miserable», palabras que, según el juez, afectaron la dignidad humana del capturado.

Sin embargo, hay otras declaraciones del presidente, que fueron divulgadas por el Ministerio de Defensa, y que también habrían entrado en consideración de las pesquisas que se le pidió realizar a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.

«Semejante asesino. ¿Cómo estás? Asustado, ¿verdad? Oye lo que te digo, te voy a mandar para Estados Unidos para que te pudras en una cárcel en los Estados Unidos. Y a tu mamá, que es una delincuente, y a tus hermanas las voy a hacer sacar de la domiciliaria que compraron y las voy a llevar también a una cárcel», indicó el presidente.

El video, que rápidamente se hizo viral en redes sociales y que ahora tiene en problemas al mandatario, habría sido el detonante para que alias ‘Primo Gay’ por poco quedara en libertad según se ha podido conocer desde la capital de Antioquia.

El abogado penalista, Santiago Trespalacios, dio a conocer algunos de los puntos por lo que considera, desde su profesión, que lo que ha hecho el mandatario en varios momentos podría afectar el proceso con las personas capturadas y llevadas ante el presidente.

El Derecho Internacional Humanitario (DIH), establecido en los Convenios de Ginebra, protege a las personas capturadas, rendidas o que han quedado fuera de combate. Esa protección incluye el respeto a su dignidad humana y prohíbe los tratos humillantes, degradantes y los ultrajes personales.

Por tanto, las autoridades militares, policiales y demás agentes del Estado no pueden maltratar, humillar ni someter a tratos degradantes a una persona que se encuentra bajo su poder, aunque sea integrante de un grupo armado ilegal o haya cometido delitos.

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Juez compulsa copias a Comisión de Investigación y Acusación por trato “despectivo” de De La Espriella a ‘Primo Gay’

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*También compulsó copias a la Procuraduría para indagar sobre funcionarios públicos que presuntamente ordenaron la autorización, organizaron o ejecutaron esa exhibición.

En un hecho sin precedentes en la justicia colombiana, un juez de la República compulsó copias a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes para que investigue al Presidente de la República, Abelardo De La Espriella, por un presunto trato “despectivo” contra Neider Yesid Uñates López, alias ‘Primo Gay’, y Henry Esneider Herrón Serna.

La decisión del juez de control de garantías se dio este mediodía en medio de la audiencia de legalización de captura de los dos hombres.

Hacía referencia el togado al video en el que De La Espriella califica a ‘Primo Gay’ de “porquería”, “miserable, asesino, despreciable” y “asesino de asesinos”.

El juez ordenó en la audiencia “compulsar copias a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes para que dentro de sus ámbitos de competencia constitucional y legal examine las presuntas intervenciones del Presidente de la República en la exhibición pública de los ciudadanos Neider Yesid Uñates López, alias ‘Primo Gay’, y Henry Esneider Herrón Serna, realizada en la ciudad de Montería al parecer el día de ayer 14 de noviembre del 2026”.

Señaló el juez que son “expresiones totalmente despectivas” que afectaron su dignidad humana.

El togado compulsó copias a la Procuraduría General de la Nación “para que en ejercicio de las atribuciones constitucionales y legales establezca si es necesaria la identidad y la participación de funcionarios públicos que presuntamente ordenaron la autorización, organizaron o ejecutaron esa exhibición de los capturados ante medios de comunicación”.

“Frente a esta decisión, proceden los recursos de ley, señora Fiscal”, enfatizó el juez.

 

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JEP condena a cinco exmilitares a trabajos restaurativos, por 35 ‘falsos positivos’

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*Las penas oscilan entre cinco años, seis meses y diez días y los seis años y seis meses.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) condenó este viernes a cinco exmilitares a trabajos restaurativos por su responsabilidad en dieciocho hechos que dejaron 35 víctimas de asesinatos y desapariciones forzadas de civiles presentados falsamente como guerrilleros muertos en combate.

Estas sanciones propias, que oscilan entre cinco años, seis meses y diez días, y seis años y seis meses, implican restricciones efectivas de derechos y libertades, así como mecanismos de monitoreo y supervisión para verificar su cumplimiento.

Los condenados por estos casos de los denominados «falsos positivos» son los oficiales Edie Pinzón Turcios, Hermes Mauricio Alvarado Sáchica y Efraín Enrique Prada Correa, y los suboficiales Jaime Coral Trujillo y William Andrés Capera Vargas, quienes ejercieron distintos cargos de mando en unidades militares que operaron en el departamento de Antioquia.

La JEP, un tribunal creado con los acuerdos de Paz de 2016 entre el Gobierno y la ahora extinta guerrilla de las FARC, declaró a los cinco responsables de desaparición forzada, en concurso con homicidio en persona protegida y asesinato, aunque estableció distintos grados de participación en los hechos.

La sentencia -correspondiente al caso conjunto 03 y 04, conocido como Cementerio Las Mercedes de Dabeiba-sanciona crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos entre 1997 y 2007 en ese municipio y otras localidades del noroeste de Colombia.

Sanciones restaurativas

La JEP explicó que las sanciones estarán orientadas a la búsqueda de personas desaparecidas, la construcción de memoria, la dignificación de las víctimas, el desminado humanitario, el mejoramiento de infraestructura rural y el fortalecimiento de iniciativas productivas.

«Las medidas estarán orientadas, entre otros objetivos, a la búsqueda de personas desaparecidas, la construcción de memoria y la transformación de los territorios afectados por la violencia», explicó la vicepresidenta de la JEP, la magistrada Diana Vega.

Antes de la sentencia, los condenados participaron en trabajos, obras y actividades con contenido reparador (TOAR) anticipados, entre ellos iniciativas de educación sobre el riesgo de minas antipersona, recuperación ambiental, mejoramiento de escuelas y vías, formación en género y construcción de murales de memoria.

La JEP destacó que estos trabajos constituyen un antecedente de las medidas de reparación que ahora deberán cumplir los sancionados bajo supervisión judicial.

En Colombia, los llamados ‘falsos positivos’ son la ejecuciones extrajudiciales de civiles cometidos por agentes del Estado que posteriormente presentaban a las víctimas como guerrilleros muertos en combate para hacer pasar los crímenes como resultados de operaciones militares.

La JEP estableció que al menos 6.402 personas fueron víctimas de esta práctica entre 2002 y 2008, periodo de mayor concentración de estos hechos durante los gobiernos del expresidente Álvaro Uribe (2002-2006 y 2006-2010).

 

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