*También compulsó copias a la Procuraduría para indagar sobre funcionarios públicos que presuntamente ordenaron la autorización, organizaron o ejecutaron esa exhibición.

En un hecho sin precedentes en la justicia colombiana, un juez de la República compulsó copias a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes para que investigue al Presidente de la República, Abelardo De La Espriella, por un presunto trato “despectivo” contra Neider Yesid Uñates López, alias ‘Primo Gay’, y Henry Esneider Herrón Serna.

La decisión del juez de control de garantías se dio este mediodía en medio de la audiencia de legalización de captura de los dos hombres.

Hacía referencia el togado al video en el que De La Espriella califica a ‘Primo Gay’ de “porquería”, “miserable, asesino, despreciable” y “asesino de asesinos”.

El juez ordenó en la audiencia “compulsar copias a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes para que dentro de sus ámbitos de competencia constitucional y legal examine las presuntas intervenciones del Presidente de la República en la exhibición pública de los ciudadanos Neider Yesid Uñates López, alias ‘Primo Gay’, y Henry Esneider Herrón Serna, realizada en la ciudad de Montería al parecer el día de ayer 14 de noviembre del 2026”.

Señaló el juez que son “expresiones totalmente despectivas” que afectaron su dignidad humana.

El togado compulsó copias a la Procuraduría General de la Nación “para que en ejercicio de las atribuciones constitucionales y legales establezca si es necesaria la identidad y la participación de funcionarios públicos que presuntamente ordenaron la autorización, organizaron o ejecutaron esa exhibición de los capturados ante medios de comunicación”.

“Frente a esta decisión, proceden los recursos de ley, señora Fiscal”, enfatizó el juez.

*Las penas oscilan entre cinco años, seis meses y diez días y los seis años y seis meses.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) condenó este viernes a cinco exmilitares a trabajos restaurativos por su responsabilidad en dieciocho hechos que dejaron 35 víctimas de asesinatos y desapariciones forzadas de civiles presentados falsamente como guerrilleros muertos en combate.

Estas sanciones propias, que oscilan entre cinco años, seis meses y diez días, y seis años y seis meses, implican restricciones efectivas de derechos y libertades, así como mecanismos de monitoreo y supervisión para verificar su cumplimiento.

Los condenados por estos casos de los denominados «falsos positivos» son los oficiales Edie Pinzón Turcios, Hermes Mauricio Alvarado Sáchica y Efraín Enrique Prada Correa, y los suboficiales Jaime Coral Trujillo y William Andrés Capera Vargas, quienes ejercieron distintos cargos de mando en unidades militares que operaron en el departamento de Antioquia.

La JEP, un tribunal creado con los acuerdos de Paz de 2016 entre el Gobierno y la ahora extinta guerrilla de las FARC, declaró a los cinco responsables de desaparición forzada, en concurso con homicidio en persona protegida y asesinato, aunque estableció distintos grados de participación en los hechos.

La sentencia -correspondiente al caso conjunto 03 y 04, conocido como Cementerio Las Mercedes de Dabeiba-sanciona crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos entre 1997 y 2007 en ese municipio y otras localidades del noroeste de Colombia.

Sanciones restaurativas

La JEP explicó que las sanciones estarán orientadas a la búsqueda de personas desaparecidas, la construcción de memoria, la dignificación de las víctimas, el desminado humanitario, el mejoramiento de infraestructura rural y el fortalecimiento de iniciativas productivas.

«Las medidas estarán orientadas, entre otros objetivos, a la búsqueda de personas desaparecidas, la construcción de memoria y la transformación de los territorios afectados por la violencia», explicó la vicepresidenta de la JEP, la magistrada Diana Vega.

Antes de la sentencia, los condenados participaron en trabajos, obras y actividades con contenido reparador (TOAR) anticipados, entre ellos iniciativas de educación sobre el riesgo de minas antipersona, recuperación ambiental, mejoramiento de escuelas y vías, formación en género y construcción de murales de memoria.

La JEP destacó que estos trabajos constituyen un antecedente de las medidas de reparación que ahora deberán cumplir los sancionados bajo supervisión judicial.

En Colombia, los llamados ‘falsos positivos’ son la ejecuciones extrajudiciales de civiles cometidos por agentes del Estado que posteriormente presentaban a las víctimas como guerrilleros muertos en combate para hacer pasar los crímenes como resultados de operaciones militares.

La JEP estableció que al menos 6.402 personas fueron víctimas de esta práctica entre 2002 y 2008, periodo de mayor concentración de estos hechos durante los gobiernos del expresidente Álvaro Uribe (2002-2006 y 2006-2010).

*La decisión se produjo tras una compulsa de copias de la Fiscalía. La JEP también le había pedido a la Corte Suprema establecer si existen elementos que relacionen a la exsenadora de Comunes con el asesinato.

La Corte Suprema de Justicia abrió una indagación previa contra la exsenadora del partido Comunes Sandra Ramírez y Luis Alberto Albán, conocido como ‘Marcos Calarcá’, en el marco de las investigaciones por el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. La decisión fue adoptada por la magistrada Patricia del Socorro Hernández Zambrano, luego de recibir una compulsa de copias de la Fiscalía General de la Nación relacionada con este caso, según confirmó la Corte.

La apertura de esta indagación se conoce después de que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) le solicitara al alto tribunal información oficial para establecer si Sandra Ramírez aparece relacionada con la investigación por el asesinato de Miguel Uribe Turbay.

A través de un auto del 3 de noviembre, la magistrada Lily Rueda, de la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP, le pidió a la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema precisar si la exsenadora está comprendida en la actuación que llegó a ese tribunal por la compulsa de copias de la Fiscalía.

La Jurisdicción también solicitó conocer si existen investigaciones, actuaciones judiciales o elementos de información que relacionen a Ramírez con el crimen. En caso de que existan, pidió conocer el estado de las diligencias y recibir las piezas procesales correspondientes, respetando la reserva legal, en el marco del seguimiento de condicionalidad de la excongresista.

En medio de este escenario, Sandra Ramírez deberá asistir este jueves, 12 de noviembre, a una nueva audiencia de versión libre ante la JEP, a partir de las 2:00 de la tarde y de manera virtual.

La diligencia corresponde a la continuación de su comparecencia dentro del Caso 07, relacionado con el reclutamiento y la utilización de menores de edad durante el conflicto armado. La primera sesión se realizó el pasado 4 de noviembre y en ella se abordaron señalamientos sobre las responsabilidades que habría tenido durante su permanencia en las antiguas Farc.