*Entre los procesados está el señalado cabecilla del grupo delincuencial que habría ordenado el homicidio por el liderazgo que ejercía la víctima.

La Fiscalía General de la Nación judicializó a Jairo Andrés Miranda Ramírez, Brayan Stiven Rolón Borges y Johan Hernán Martínez Romero, tres posibles integrantes de un grupo delincuencial autodenominado ‘Los J’ que estarían implicados en la planeación y ejecución del homicidio del veedor ciudadano y defensor de derechos humanos, Fabio Álex Ortega Acero, ocurrido el 19 de diciembre de 2024, en Cúcuta (Norte de Santander).

La víctima, que estaba acompañada por su equipo de protección, fue abordada y atacada con arma de fuego por dos personas, entre ellas un menor de edad que también murió en el lugar en medio de un intercambio de disparos que se generó.

Las evidencias dan cuenta de que Miranda Ramírez, conocido como ‘J’, sería el cabecilla de la estructura ilegal y habría ordenado el crimen por la labor comunitaria que ejercía el veedor.

En ese sentido, es señalado de ordenar seguimientos para identificar las rutinas y condiciones de seguridad del defensor de derechos humanos, tarea que presuntamente desarrolló Rolón Borges, alias Drone.

Por su parte, Johan Hernán Martínez Romero es investigado por su posible participación en las labores de coordinación y recopilación de información sobre los desplazamientos y el esquema de protección del líder.

Con fundamento en estos elementos, un fiscal de la Unidad Especial de Investigación (UEI) les imputó, de acuerdo con su eventual responsabilidad individual, los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir, uso de menores de edad para la comisión de delitos; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Los procesados no aceptaron los cargos y fueron afectados con medida de aseguramiento en centro carcelario.

*Exigían más de mil millones de pesos a familiares de las víctimas. Alcanzaron a transferir más de 20 millones de pesos a través de operaciones bancarias.

Un fiscal de la Seccional Atlántico judicializó a Jhan Carlos Gamboa Jiménez y Yulieth Elizabeth Carvajal Gómez, por su presunta participación en los delitos de secuestro extorsivo y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Las víctimas fueron secuestradas al salir de un centro comercial del norte de Barranquilla con el propósito de asistir a una cita relacionada, supuestamente, con un negocio.

De acuerdo con la investigación, los hechos se registraron entre el 12 y el 16 de enero del año en curso, en jurisdicción de Juan de Acosta.

Familiares de las víctima conocieron de lo sucedido luego de recibir mensajes extorsivos en los que, al parecer, los hoy imputados exigían el pago de más de mil millones de pesos.

En ese lapso, los familiares alcanzaron a transferir más de 20 millones de pesos a través de operaciones bancarias.

Labores de policía judicial, así como actividades de seguimiento, análisis de datos y llamadas, permitieron que uniformados de la Policía Nacional lograron el rescate de las víctimas y la captura en flagrancia de los imputados en el mencionado sector.

Durante el procedimiento se incautaron un arma de fuego, dos cartuchos, cinco celulares, dos tarjetas SIM y un vehículo.

Un juez con funciones de control de garantías les impuso medida de aseguramiento intramural.

*Una fundación que no contaba con la experiencia ni la idoneidad para la construcción de embarcaciones fue beneficiada con un contrato que superó los 1.000 millones de pesos.

La Fiscalía General de la Nación vinculó formalmente a dos exfuncionarios de la Gobernación de Atlántico y a un particular a la investigación que se sigue por las presuntas irregularidades detectadas en un contrato que tenía por objeto garantizar el suministro de 200 cascos para lanchas pesqueras artesanales.

Se trata del exasesor financiero, Jorge Luis Sampayo Herrera; y la exasesora jurídica, Gertrudis María Peralta Vásquez, imputados por los delitos de contrato sin cumplimiento sin requisitos legales y falsedad ideológica en documento público; así como el contratista Julio Cesar Altamar Rodríguez, a quien le fueron formulados los cargos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, fraude procesal y peculado por apropiación.

Los elementos materiales probatorios dan cuenta de que el contrato 059 de julio de 2014, que superó en valor los 1.000 millones de pesos, habría sido direccionado para beneficiar a una fundación privada representada por Altamar Rodríguez, la cual no tenía la idoneidad para la construcción de embarcaciones.

En ese sentido, el contratista presuntamente presentó un Registro Único de Proponentes (RUP) expedido en Cámara y Comercio de Barranquilla, el cual contenía información falsa para acreditar la experiencia requerida y así cumplir con uno de los requisitos habilitantes.

Los dos exasesores investigados hicieron parte del comité evaluador que otorgó altas calificaciones a la fundación y se afirmó que cumplía con todos los requisitos habilitantes exigidos cuando no era cierto para dar viabilidad a la propuesta presentada.

Adicionalmente, se conoció que el contrato fue suspendido para que el plazo de ejecución de 30 días se prolongara indefinidamente, de tal manera que la fundación tuviera tiempo suficiente para elaborar y entregar los 200 cascos previstos.