*Es señalada de contratar directamente, a través de un convenio interadministrativo celebrado con Aldesarrollo, el análisis de la implementación del Sistema de Validación Nacional y del proceso de acceso a los estadios por valor superior a 4.950 millones de pesos.

Una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia formuló la acusación contra la entonces ministra del Deporte, María Isabel Urrutia Ocoró, por su presunta responsabilidad en los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público, con ocasión de la contratación delsistema de validación de ingreso a los estadios de fútbol prevista en el Decreto 1622 de 2022.

La investigación da cuenta de que, siendo el Ministerio del Deporte el encargado de implementar la herramienta tecnológica que permitiría asociar el documento de identidad de los aficionados con las boletas de ingreso a los escenarios y verificar sus antecedentes, con el propósito de restringir el acceso a quienes tuvieran impedimentos para hacerlo, la entonces jefe de la cartera contrató directamente mediante la figura de convenio interadministrativo con Aldesarrollo, por más de 4.950 millones, con desconocimiento de las disposiciones que exigían garantizar pluralidad de oferentes.

Asimismo, las evidencias indicarían que la contratación condicionó la subcontratación de una particular específica con la que, al parecer, se acordó previamente la ejecución de la iniciativa.

De igual manera, fueron detectadas irregularidades desde la etapa precontractual como ausencia de estudios de mercado y de procedimientos para establecer el valor del negocio jurídico y los costos de las actividades contempladas.

Adicionalmente, se conoció que Urrutia Ocoró desatendió las advertencias formuladas por los equipos técnico y jurídico del Ministerio que alertaban de los vicios e ilegalidades de varios trámites durante la etapa precontractual.

Pese a ello, celebró el convenio el 30 de diciembre de 2022.

*Los detenidos son señalados de integrar una red transnacional que utilizaba veleros para transportar cocaína hacia Estados Unidos y Europa.

A disposición de la Fiscalía General de la Nación quedarán los ciudadanos rusos, Oleg Khazov y Vitali Zhikarev, quienes fueron capturados con fines de extradición por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Armada Nacional y la agencia estadounidense DEA.

Los procedimientos se realizaron en el muelle de Cartagena (Bolívar) y en el sector de El Poblado, en Medellín (Antioquia), respectivamente. De acuerdo con el requerimiento de una Corte del Distrito Este de Luisiana (Estados Unidos), los dos extranjeros harían parte de una red trasnacional conformada por colombianos y europeos, con presencia en la Costa Atlántica y el Golfo de Urabá, dedicada al envío de toneladas de clorhidrato de cocaína a destinos internacionales.

En ese sentido, Khazov sería el encargado de coordinar la logística de los cargamentos de estupefacientes, mientras que Zhikarev tendría a su cargo la adquisición y adecuación de veleros, así como su tripulación, para ocultar y transportar la sustancia ilícita. La organización, al parecer, trasladaba la cocaína desde Bogotá y Medellín hacia distintos puntos de la Costa Atlántica y el Golfo de Urabá. Allí acondicionaba las embarcaciones para camuflar los alijos y garantizar su posterior salida a Estados Unidos y Europa.

Los dos ciudadanos rusos estarían relacionados con el envió de 77 kilogramos de clorhidrato de cocaína, los cuales fueron descubiertos por las autoridades estadounidenses el 25 de mayo de 2025, en Metairie, estado de Luisiana.

Las capturas serán comunicadas por los canales diplomáticos a la justicia de Estados Unidos, para iniciar la formalización del pedido de extradición por cargos relacionados con tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y concierto para delinquir.

*Informes del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses aportaron evidencias sobre agresiones anteriores a la muerte. El cuerpo de la víctima fue encontrado en una alcantarilla en la localidad de Ciudad Bolívar.

La Fiscalía General de la Nación adicionó nuevos cargos relacionados con violencia sexual a Shenner José Rojas Lárez, quien le habría causado la muerte a una niña de 9 años cuyo cuerpo fue encontrado el pasado 15 de septiembre en un canal de aguas lluvias de la localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá.

Tras recaudar nuevos elementos materiales probatorios, un fiscal de la Unidad Especial de Investigación de Delitos Priorizados Cometidos contra Niños, Niñas y Adolescentes (UENNA) de la Seccional Bogotá le imputó el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado.

El procesado, de nacionalidad venezolana, ya había sido vinculado por feminicidio y actos sexuales con menor de 14 años, ambas conductas agravadas.

El dictamen del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses evidenció que la menor de edad habría sido víctima de agresiones sexuales el día del crimen y meses atrás.

Estos comportamientos en contra de su integridad y formación sexual no se habrían limitado a tocamientos abusivos.

Los hechos investigados comenzaron el 14 de septiembre en una vivienda de Mosquera (Cundinamarca), donde Rojas Lárez sostuvo una discusión con su compañera sentimental, hermana de la víctima.

Ante la actitud violenta que presuntamente asumió el hombre, la niña salió del inmueble en busca de ayuda. Rojas Lárez habría ido tras ella y, una vez la alcanzó, la convenció de subir a su motocicleta.

Luego la trasladó hasta un inmueble ubicado en Fontibón, en el occidente de Bogotá.

Al día siguiente, el cuerpo de la menor de edad fue hallado en el sur de la ciudad.