*Los hechos sucedieron zona rural de Puerto López. Se reportan cinco víctimas. El caso es atendido por la Policía, el Gaula y la Armada.

Los hechos se conocieron por denuncias ciudadanas, un reporte policial y una alerta de la ANT.

Una grave denuncia ciudadana originada desde la vereda Nare, del municipio de Puerto López (Meta), está siendo atendida por la Policía, y la Armada: se trata del ataque armado, posibles hechos de tortura y, además, amenazas de despojo por parte de actores armados, contra un grupo de víctimas del conflicto quienes acabaron de recibir tierras como beneficiarios de la Agencia Nacional de Tierras.

Según reportan las autoridades policiales, el caso ya se está manejando bajo la denominación de “lesiones y daños materiales contra una familia beneficiada por la Agencia Nacional de Tierras en la zona rural de Puerto López”.

Los hechos datan del pasado 24 de junio, cuando en la finca La Primavera irrumpieron cuatro hombres armados.

“Las víctimas corresponden a José Braulio González Melo, Fabio Andrés Rey Rey, Fidelina Roa Córdoba, Rosalba Córdoba Vega y una menor de 14 años, quienes presentan múltiples lesiones físicas realizada con objetos contundentes (machete y palos)”, explicaron en su reporte inicial las autoridades.

De acuerdo con los testimonios con los que cuenta la Fuerza Pública, a la finca La Primavera “habría llegado un sujeto a caballo portando un armada de fuego, quien les indica que iba de parte del señor Salomón y que era el poseedor del predio y que debían abandonarlo”.

Líderes sociales de la región, como Carlos Acero y Santiago Torres, así como el medio de comunicación local Decibeles FM, expresaron públicamente su rechazo por los hechos de violencia, ante las imágenes estremecedoras que dejó el paso de la cuadrilla de armados.

En las imágenes se ve las consecuencias de fuertes golpes en varias partes del cuerpo de las víctimas, quienes están siendo atendidas en el hospital municipal de Puerto López ante la arremetida criminal

*El equipo tiene la posibilidad de entrar a espacios colapsados y edificaciones, según la UNGRD.

Colombia enviará este jueves un primer contingente de 63 rescatistas especializados a Venezuela para apoyar las labores de búsqueda y rescate tras los dos terremotos que sacudieron el miércoles a ese país, informó Javier Pava, director encargado de Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD), en una rueda de prensa.

«Nosotros vamos a llevar lo que se llama un equipo USAR (por sus siglas en inglés, Urban Search and Rescue), que tiene la posibilidad de entrar a espacios colapsados y edificaciones, y cuenta con todos los implementos para rescatar personas atrapadas dentro de esos edificios», señaló el funcionario en Bogotá al término de una reunión del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo.

El equipo de rescatistas está conformado por personal de élite de bomberos, Defensa Civil, Cruz Roja, Policía y Ejército, especializado en operaciones de búsqueda y rescate urbano debido a su entrenamiento para operar en estructuras colapsadas.

Pava agregó que el grupo viajará acompañado por perros y que el operativo contará con dos aeronaves militares: un avión Hércules para el transporte del personal y un C-40 destinado a movilizar la carga y los equipos especializados.

Mientras tanto, la Cancillería informó que el Consulado de Colombia en Caracas permanece cerrado debido a afectaciones estructurales ocasionadas por el sismo, mientras se realizan inspecciones para determinar si puede reabrir sus servicios.

La viceministra de Asuntos Migratorios, Consulares y Protección Internacional, Paula Andrea Cerón, pidió a los familiares de colombianos en Venezuela utilizar exclusivamente los canales oficiales habilitados para reportar personas desaparecidas o solicitar información, con el fin de centralizar la atención.

«Tenemos habilitado el correo contactenos@cancilleria.gov.co, la línea en Colombia (601) 382 6999, opción 2; la línea gratuita 01 8000 938 000; la línea gratuita en Venezuela 0800 100 7214 y el WhatsApp del Consulado de Colombia en Caracas +58 422 204 3032, para que toda la información sobre connacionales desaparecidos o que requieran asistencia sea canalizada por los medios oficiales», afirmó la funcionaria.

La viceministra indicó que, hasta el momento, se han recibido reportes preliminares sobre tres posibles colombianos desaparecidos bajo los escombros, aunque aclaró que aún no existe un balance oficial.

Según el registro consular, en Venezuela hay inscritos 239.652 colombianos, aunque la Cancillería estima que la comunidad colombiana residente en ese país podría oscilar entre 850.000 y 1,5 millones de personas, debido a que la inscripción consular es voluntaria.

*Se comunicó con el periodista Daniel Coronell, a quien le dijo que ha sido  maltratado para presionar que firme su autodeportación de Estados Unidos a Colombia.

El activista colombiano Beto Coral detenido hace una semana en Phoenix, Arizona, fue trasladado en las últimas horas al Central Louisiana, un centro de procesamiento de Ice, considerado la última escala antes de la deportación.

«Anoche, poco antes del inicio del partido entre las selecciones de Colombia y Congo, llamó a un amigo suyo que a su vez se comunicó conmigo y me dijo que conserva la esperanza de ganar su caso ante un juez de inmigración», dijo Daniel Coronell.

Coral asegura que sus derechos han sido vulnerados, que fue despojado de documentos básicos para su defensa y que ha sido trasladado seis veces lo que le impidió acceder a la representación de un abogado por varios días.

Afirma que tiene cita ante un juez de inmigración el próximo martes, 30 de junio en El Paso, Texas, pero no tiene certeza de que podrá atenderla porque ahora está en Lousiana. Dice que ha sido presionado para firmar su autodeportación y que su familia también quisiera que lo hiciera.

Beto Coral dijo que no tiene ningún cargo criminal y que su detención por parte de agentes del cuerpo especial de HSI solo obedece a que la orden procedía del secretario de Estado.

Sostiene que inició un proceso para denunciar judicialmente al hoy presidente electo Abelardo de la Espriella, en ejercicio de sus derechos por haber grabado una conversación privada, una conducta que en Florida se sanciona hasta con 5 años de cárcel.

Dice que sueña con ver pronto su hijo de su 12 años, que estaba junto a él en el momento de su detención, y abrió la posibilidad de reencontrarse en un tercer país.

«Anoche, cuando hablé con Beto Coral me dijo que no conocía la carta que nueve congresistas demócratas le dirigieron al Secretario de Estado, Marco Rubio, y al secretario de seguridad nacional Markwayne Mulin pidiendo que sea liberado y sosteniendo que nadie en Estados Unidos puede ser detenido por expresar opiniones políticas», precisó el periodista Daniel Coronell.

Coral asegura que en sus pertenencias apareció súbitamente un hilo grueso y aclaró que no piensa suicidarse.