Cada día, 22 personas pierden la vida en las vías de Colombia. Con esta alarmante cifra, que refleja la tragedia diaria que viven cientos de familias en el país, inició la jornada de conmemoración del Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de siniestros viales, llevada a cabo este domingo en la Plaza de la Paz.

En el evento, organizado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), las autoridades -tanto locales como nacionales- presentaron cifras que, aunque reflejan una leve disminución en los índices de mortalidad vial, aún son motivo de preocupación.

De acuerdo con las estadísticas presentadas, entre enero y octubre de 2024, 6.707 personas fallecieron en siniestros viales en el país, una reducción del 2,2 % en comparación con el mismo periodo del año anterior, en el que se registraron 6.855 muertes.

A nivel departamental, el Atlántico reportó 221 víctimas fatales, ocho menos que en 2023, cuando la cifra se ubicó en 229, mientras que en Barranquilla las cifras descendieron de 103 a 97 fallecidos, lo que representa una reducción de 6 personas.

En ese sentido, los motociclistas siguen siendo los actores viales más vulnerables, representando el 64 % de las muertes en la capital del Atlántico.

Las autoridades incautaron en el departamento del Cauca, 7 toneladas de marihuana, el cargamento más grande desde 2017, avaluadas en más de 4 mil millones de pesos.

El comandante de la Tercera División del Ejército, el brigadier general Federico Mejía, dijo que el alijo, de propiedad de las disidencias de las FARC que están al mando de alias ‘Iván Mordisco’, estaba almacenado en un depósito en el caserío Cacique, que hace parte del municipio de Silvia.

El alto militar aseguró que «este cargamento es hasta el momento la incautación más grande realizada por las tropas desde el año 2017. Con esto se asesta un enorme golpe a las finanzas ilegales de esta estructura residual, cuya principal fuente de financiamiento es la producción y comercialización de este narcótico».

En la acción militar, a cargo del Grupo de Caballería Liviano No. 8 y del Batallón de Infantería No. 7, no hubo capturados y el material incautado fue dejado a disposición de las autoridades correspondientes.

Esta acción se une a la realizada el pasado 11 de este mes en La Guajira en donde tropas del Ejército decomisaron dos toneladas de marihuana.

De acuerdo con cifras del Ministerio de Defensa, en Colombia, a corte de septiembre, se han incautado 567 toneladas de cocaína y 339 de marihuana.

En un informe presentado el pasado 18 de octubre en Bogotá, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc, en inglés) señaló que los cultivos de coca crecieron un 10 % en Colombia en 2023 y alcanzaron las 253.000 hectáreas, lo que supone 23.000 más que en 2022, mientras que la producción de cocaína aumentó un 53 %.

El documento señala que el área sembrada con coca a 31 diciembre de 2023 fue de 253.000 hectáreas, mientras que la producción de clorhidrato de cocaína pura subió a 2.664 toneladas, cifra que en 2022 fue de 1.738 toneladas.

La vivienda del director de la Unidad de Tierras de Colombia, Giovani Yule, ubicada en una zona rural de Caloto, en el convulso departamento del Cauca, fue incendiada por desconocidos, denunció este domingo el funcionario, quien agregó que ese «atentado» puso en «grave riesgo» la vida de su hijo.

«Desperté con la noticia que mi residencia ubicada en la comunidad el Limonar del Resguardo de huellas Caloto había sido incendiada, colocando en grave riesgo la vida de mi hijo quien despertó a tiempo y avisó a la comunidad, y gracias a su ayuda lograron apagar el fuego», dijo.

La Unidad de Gestión de Restitución de Tierras tiene como objetivo fundamental servir de órgano administrativo del Gobierno Nacional para devolver las tierras a las personas que fueron despojadas.

Yule, que fue designado para el cargo en julio del año pasado por el presidente colombiano, Gustavo Petro, pidió a las autoridades que «investiguen y den con los responsables de este atentado».

Por su lado, la Unidad de Restitución rechazó el atentado y llamó a las autoridades «para que se identifiquen los responsables y respondan por estos hechos».

La publicación en redes sociales fue acompañada de fotos en las que se ve que las llamas consumieron las paredes de la entrada de la vivienda, ventanas y parte del techo, al igual que destrozos en el patio.

Por otra parte, la defensora del Pueblo, Iris Marín, se sumó a las voces que rechazaron el atentado. En su cuenta de X aseguró: «Exigimos que la violencia cese en el Cauca y en todo el país, para todas las personas. El trabajo de restitución de tierras y territorios que usted representa como director de la @URestitucion, su liderazgo como indígena, deben ser protegidos».

Entre tanto, el director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Alexander López, expresó su solidaridad a Yule y su familia «ante el cobarde y criminal atentado contra su familia y vivienda».

Igualmente, pidió a las autoridades competentes brindar acompañamiento a las «víctimas de este atentado, identificar a los criminales y llevar ante la justicia a los responsables de estos hechos».

En el departamento del Cauca hacen presencia las disidencias de las FARC, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y grupos de narcotraficantes, entre otros, que tratan de controlar las economías ilegales, principalmente los cultivos de coca y la minería ilegal.