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Judicial

“La inseguridad, un flagelo que nos afecta a todos”

Published

2 años ago

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La larga trayectoria en el campo de la seguridad, acredita a Gioseppe Giovanni Borrás como uno de los profesionales más acreditados en esa área en Colombia. Actualmente realiza una maestría en ciberseguridad en la Escuela Internacional de Criminología y Criminalística de Estados Unidos. 

Para nadie es un secreto que Colombia es uno de los países de América Latina más azotado por diferentes manifestaciones delictivas: narcotráfico, terrorismo, secuestro, extorsión, robos, fleteos, entre otras conductas criminales. Sin embargo, a pesar de esta difícil coyuntura, el país cuenta con personal idóneo y calificado, en el sector privado, que aporta luces y propuestas para enfrentar el flagelo de la inseguridad.  

AL DÍA contactó a una de las voces más autorizadas, en estos momentos, para analizar esta problemática. Se trata de Gioseppe Giovanni Borrás Sanabria, un experto profesional en el campo de la seguridad. Borrás Sanabria cuenta con más dd 20 años de experiencia en el campo de la seguridad y actualmente se encuentra realizando una maestría de ciberseguridad en la Escuela Internacional de Criminología y Criminalística en Estados Unidos. 

El fleteo se ha constituido en el pan de cada día. Los casos, en las principales ciudades del país, abundan por doquier, incluyendo la pérdida de vida de personas que se oponen a los delincuentes. Al margen de esta situación, también aumentan las extorsiones a manos de bandas criminales organizadas, las estafas informáticas y el atraco callejero y en las unidades de transporte público por parte de la delincuencia común.  

“El hurto es el delito que más se denuncia en Colombia y el robo a personas es la modalidad más frecuente, con 21 robos cada hora, 419 personaa afectadas por día y 77.100 denuncias; seguido del robo de celulares, con 15 hurtos cada hora, 272 móviles robados por día y 49.949 denuncias por día”, según cifras de la Fiscalía y de las autoridades policiales, precisa al especialista. 

¿Qué hacer?  

“El delito se tecnifica, se moderniza, se adapta para burlar los esquemas y planes de seguridad de los organismos policiales. Por eso es que las autoridades están llamadas y obligadas a dar pasos de gigante ante las arremetidas de los delincuentes. Considero que es necesario que se profundice en el tema de la inteligencia, la cual nos permite analizar el accionar de las bandas criminales. Sin un trabajo de inteligencia, desarrollado en las calles, sin el apoyo de la comunidad, seremos incapaces de frenar el auge delictivo. Los organismos policiales deben colocarse a la vanguardia de la inteligencia porque el hampa también hace trabajo de inteligencia en las calles. Para nadie es un secreto que el fleteo se basa en la inteligencia que hacen los bandidos dentro y fuera de las entidades bancarias a un costo muy alto en vidas y en recursos económicos”, apunta el experto en seguridad.  

“Sería magnífico que se incremente el trabajo de inteligencia de la Sijín, Dijín y demás organismos policiales en el sector bancario, en las afueras de los bancos, para contrarrestar el fleteo. Recientemente las autoridades dieron a conocer un informe en el que se señalan algunas ciudades en donde se ha registrado un aumento en el hurto bajo la modalidad del fleteo: Cartagena, Riohacha, Santa Marta, Yopal, Cúcuta, Puerto Carreño, Mocoa, Popayán, Sincelejo, Leticia, Manizales, Quibdó, Montería, Barranquilla, Medellín e Inírida. En total son 23 ciudades. Esto debe llamar la atención del Estado colombiano porque la ciudadanía ya está hastiada de esos delitos”, precisa Borrás.  

Recomendaciones 

Sugiere a los ciudadanos una serie de medidas para no ser víctimas del hampa: No exhibir objetos de valor o llamativos como joyas y relojes en espacios públicos. No contar el dinero en espacios públicos. Evitar las multitudes. Mantener bolsos o maleta bien cerrados y en lugares visibles. En caso de ir en un vehículo mantener las ventanas cerradas y no dejar objetos de valor a la vista. Igualmente, al caminar por un andén, portar el bolso o maleta del lado contrario de la calle. No caminar arrinconado por la pared. Estar atentos a las personas que cruzan por su lado, que caminan cerca, que vienen en el sentido contrario. Si necesita hacer una llamada utilice los manos libres y mantenga el celular oculto en el bolso. No chatear en los buses y no llevar el celular en las manos.  

“El delito y el crimen organizado se combaten con políticas gubernamentales en las que se tengan en cuenta sus raíces y causas, apoyadas con el desarrollo de la tecnología y el concurso articulado de las diferentes instituciones del país, pero sobre todo con la participación activa de la ciudadanía, pues el flagelo de la criminalidad nos afecta a todos y traspasa las fronteras”, explicó.  

De acuerdo con su experiencia, las personas también deben ser cuidadosas con el tema de la extorsión. “No reciba, no atienda llamadas telefónicas de número desconocidos. Bloquee de inmediato esos números, tampoco responda mensajes de WhatsApp que no tenga en sus contactos. Proceda a bloquearlos de inmediato. En caso de que a su casa o negocio lleguen panfletos extorsivos, comuníquese de inmediato con el Gaula, la Fiscalía o demás autoridades policiales. No se atemorice pero tampoco se descuide. Lo ideal es denunciar la extorsión”, subrayó. 

De igual manera el experto considera que los ciudadanos también deben adoptar medidas de seguridad cuando se dispongan a sacar sumas de dinero en bancos o cajeros automáticos. “No vaya solo a realizar esas transacciones. Si se trata de sumas altas de dinero, pida acompañamiento policial, no haga visajes, esté atento a las personas que le despierten sospechas, no confíe en nadie ni diga a nadie que va a ir al banco o al cajero. Saque el dinero estrictamente necesario y procure hacerlo en bancos o cajeros ubicados en sectores vigilados por las autoridades policiales. Lo mejor sería realizar sus transacciones en el área virtual. Hoy, todos los bancos ofrecen a través de sus plataformas virtuales ese mecanismo”, puntualizó Borrás Sanabria. 

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‘El Gatico’, hijo de Enilce López, ‘La Gata’, denuncia que tres empresarios lo quieren matar

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23 horas ago

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31 de octubre de 2026

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*Alias ‘El Gatico’ también aseguró que varias personas tienen documentos, audios y videos que contendrían información.

Jorge Luis Alfonso López, alias ‘El Gatico’, hijo de la fallecida empresaria del chance Enilce López, conocida como ‘La Gata’, publicó un video en el que denunció que teme por su vida y responsabilizó directamente a tres empresarios de cualquier hecho que pueda ocurrirle a él o a sus familiares.

En la grabación, fechada el 30 de octubre de 2026, Alfonso López aseguró que las amenazas estarían relacionadas con una negociación que habría realizado su madre con empresarios. Según dijo, detrás de esa situación estarían Raúl Montes Flores, José Isaac Ureña Torres y Jorge Avizambra González.

“Si algo me pasa a mí o algún miembro de mi familia, sean mis hermanos, mis hijos, mi esposa, hago responsables a Raúl Montes Flores, José Isaac Ureña Torres y Jorge Avizambra González”, manifestó.

Alias ‘El Gatico’ también aseguró que varias personas tienen documentos, audios y videos que contendrían información sobre esa negociación y que podrían ser entregados a las autoridades. Advirtió que ese material permitiría conocer lo que, según él, estaría ocurriendo y pidió protección para sus familiares.

“Hay personas que tienen pruebas, documentos, audios y videos que en su momento se los harán llegar a las autoridades competentes”, señaló.

La denuncia se conoce en medio de las investigaciones y disputas que han rodeado los negocios de la familia López. En publicaciones periodísticas se han mencionado diferencias relacionadas con empresas y negocios de apuestas, así como señalamientos cruzados entre algunos de los involucrados. Estas acusaciones no constituyen por sí mismas una comprobación de las amenazas denunciadas por Alfonso López.

Además, el pasado 29 de octubre, Jorge Luis Alfonso López fue capturado nuevamente en Barranquilla por una investigación sobre el homicidio del dirigente campesino Guillermo León Montero Carpio, ocurrido en 1997. La Fiscalía indaga su presunta participación en la planeación y ejecución del crimen.

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Un delincuente fue abatido por la Policía y un adulto mayor murió al ser alcanzado por una ‘bala perdida’

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1 día ago

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31 de octubre de 2026

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*Uno de los dos presuntos asaltantes también resultó herido al igual que un adolescente de 13 años fue alcanzado por otra ‘bala perdida’.

Un delincuente fue abatido por la Policía y un adulto mayor murió al ser alcanzado por una ‘bala perdida’ en un enfrentamiento a bala este viernes entre patrulleros y antisociales que, según las autoridades, iban a asaltar un vehículo transportador de alimentos en el barrio Villa San Pedro III, en el sur occidente de Barranquilla.

En los mismos hechos, otro de los antisociales resultó herido al igual que un peatón menor de edad.

La Policía detalló que el abatido en el procedimiento policial es un joven identificado como Libardo Andrés Berrio Brieva de 19 años de edad. El herido y capturado responde al nombre de Eder De Jesús Rodríguez Escobar de 25 años.

Se identificó a la persona muerta por bala perdida como Gabriel Isaías Lobo De La Hoz, de 75 años.

El otro herido por bala perdida es un adolescente de 13 años.

Según el reporte policial, el abatido y el capturado, previo al hecho, venían realizando seguimiento a un vehículo repartidor de alimentos, al parecer con el fin de cometerle un hurto.

Libardo Andrés Berrio Brieva tenía cinco anotaciones judiciales por los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas de uso privativo de las fuerzas militares, tráfico de estupefacientes, porte ilegal de armas de fuego y hurto.

El capturado, Eder De Jesús Rodríguez Escobar, registra una anotación judicial por el delito de porte ilegal de armas de fuego.

Durante el procedimiento se logró la incautación de un arma traumática tipo pistola.

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JEP imputa a 12 exmilitares y policías por crímenes de guerra y lesa humanidad en la Comuna 13 de Medellín

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2 días ago

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30 de octubre de 2026

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*Entre los señalados están los generales retirados Mario Montoya y José Leonardo Gallego.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó a ocho antiguos integrantes del Ejército y cuatro de la Policía por su presunta responsabilidad en crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en la Comuna 13 de Medellín entre 2001 y 2004.

Entre los imputados se encuentran los generales retirados Mario Montoya, quien fue comandante del Ejército durante el Gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010), y José Leonardo Gallego, quien además está señalado de haber participado en otros crímenes como el secuestro de la periodista Jineth Bedoya.

«Las familias han esperado demasiado para saber qué ocurrió, quiénes fueron los responsables y dónde están las personas que continúan desaparecidas», expresó el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, durante una rueda de prensa celebrada en la Escombrera, el mayor vertedero de escombros de Medellín y lugar donde se han buscado restos de víctimas de desaparición forzada.

Según la investigación, los hechos comprenden 591 crímenes que dejaron 891 víctimas, entre ellas 87 personas desaparecidas. La JEP documentó homicidios, desapariciones forzadas, desplazamientos, torturas, violencia sexual, persecuciones y detenciones arbitrarias.

La Operación Orión, considerada la mayor intervención militar urbana realizada hasta entonces en Colombia, comenzó el 16 de octubre de 2002 con el objetivo de expulsar a los milicianos de las guerrillas de las FARC y del ELN que operaban en el sector.

«La operación fue la mayor intervención militar y policial desarrollada hasta entonces en entorno urbano en Colombia», explicó el magistrado Óscar Parra, quien agregó que durante el operativo, pese a su objetivo declarado, «se produjeron capturas masivas, allanamientos, desapariciones forzadas, homicidios, torturas y desplazamientos».

Más de dos décadas después, las heridas de la Operación Orión siguen presentes en la Comuna 13, cuyos habitantes han reconstruido parte de su historia a través de expresiones culturales.

Los muros del barrio se han llenado de grafitis y murales que recuerdan a las víctimas y mantienen viva la memoria de la violencia, pero también reflejan los esfuerzos de la comunidad por mirar hacia el futuro.

Ahora, los exfuncionarios imputados tienen 30 días hábiles para reconocer por escrito su responsabilidad o rechazarla. Si aceptan los hechos y aportan verdad plena, el caso pasará al Tribunal de Paz para la imposición de sanciones propias, que incluyen restricciones efectivas de libertad.

Si no lo hacen, el proceso será remitido a la Unidad de Investigación y Acusación y podrían enfrentar penas de hasta 20 años de cárcel.

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