*Recibió cerca de 250.000 dólares por aportar los nombres, experiencia e información financiera de dos empresas de su propiedad para conformar la Unión Temporal Centros Poblados.

Una Juez Penal de Conocimiento de Bogotá emitió el sentido de fallo condenatorio contra Ottomar Lascarro Torres por su participación en el caso de corrupción de Centros Poblados.

La Fiscalía logró probar su participación en las irregularidades detectadas en el contrato 1043 de 2020, por un billón de pesos, suscrito entre el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y la Unión Temporal Centros Poblados para llevar internet a más de 7.000 escuelas rurales del país.

El empresario fue declarado responsable de los delitos de enriquecimiento ilícito, fraude procesal y falsedad en documento privado.

Lascarro Torres aportó los nombres, la experiencia e información financiera de dos empresas de su propiedad para conformar la Unión Temporal Centros Poblados Colombia 2020, y acreditar la capacidad técnica y trayectoria suficientes.

De esta manera, hicieron incurrir en error a los funcionarios del MinTic que les adjudicaron el contrato de conectividad rural.

Por estas actuaciones irregulares el empresario recibió cerca de 250.000 dólares, los cuales fueron transferidos a una cuenta del procesado en Estados Unidos.

*La niña murió en un centro asistencial por un cuadro de neumonía que no fue atendido oportunamente.

La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a una mujer de 22 años, investigada por la muerte de su hija de seis meses, ocurrida el pasado 27 de mayo en Ibagué (Tolima).

De acuerdo con la investigación liderada por un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Tolima, la niña presentó durante varios días congestión nasal, tos, fiebre alta y episodios de convulsión.

Pese al deterioro progresivo de su estado de salud, no recibió atención médica oportuna.

Esta situación derivó en una neumonía que comprometió su pulmón derecho.

Actividades de policía judicial adelantadas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Sijin de la Policía Nacional, permitieron conocer que la mujer habría incumplido su deber de cuidado y protección al no gestionar la atención que requería la niña.

El 26 de mayo, la llevó a un centro asistencial de El Espinal, desde donde fue remitida a una clínica de mayor complejidad en Ibagué. Allí falleció al día siguiente.

Por todo lo anterior, la Fiscalía le imputó el delito de homicidio agravado en la modalidad de comisión por omisión en dolo eventual.

La procesada no aceptó el cargo y deberá cumplir una medida de aseguramiento en centro carcelario.

*El hombre es señalado de poner a disposición vehículos para movilizar personas a zonas campamentarias del oriente del país, donde serían entrenadas en manejo de armas y técnicas
de combate.

La Fiscalía General de la Nación puso en evidencia el presunto actuar ilegal de Fidel Escobar Ramírez, quien sería el responsable de garantizar el transporte de personas adultas y menores de edad reclutados por las disidencias de las Farc en Cauca.

De acuerdo con los elementos materiales probatorios, el 9 de noviembre de 2024, este hombre habría contratado a un conductor y puesto a disposición un vehículo de su propiedad para movilizar a una adolescente de 14 años de Popayán (Cauca) a Mesetas (Meta).

Durante el trayecto el automotor fue interceptado por unidades de la Dirección de Tránsito y Transportes de la Policía Nacional, y la joven recuperado para restablecimiento de sus derechos.

La víctima señaló en su momento que fue reclutada en medio de engaños y entrenada durante un año en el manejo de armas, desarme de fusiles y acondicionamiento físico.

Asimismo, le habrían asignado armamento de largo alcance hasta el momento en el que se definió su traslado hacia el oriente del país.

Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Cauca imputó a Escobar Ramírez el delito de reclutamiento ilícito.

El procesado no aceptó el cargo y, por disposición de un juez de control de garantías, deberá cumplir medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.