*La víctima, que presentaba una discapacidad cognitiva, fue retenida durante cerca de cinco horas y sometida a torturas que le causaron la muerte.

Las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación permitieron que el cabo segundo del Ejército Nacional Cristian Daniel Córdoba Piamba y los soldados Brayan Stiven Osorio, Jhon Edwin Quejada Fabra, Neider de Jesús Oyola Ortiz y Miguel Ángel Caicedo Hernández aceptaran, mediante preacuerdo, su responsabilidad en la tortura y posterior homicidio de un campesino, en hechos ocurridos el 7 de octubre de 2025 en una base militar de Frontino (Antioquia).

De acuerdo con la investigación adelantada por un fiscal de la Seccional Antioquia, la víctima, de 27 años y con discapacidad cognitiva, fue retenida en las instalaciones militares bajo la sospecha de pertenecer a un grupo armado ilegal. Allí fue desnudada, golpeada, amarrada y colgada de un árbol.

Las labores de policía judicial del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) establecieron que permaneció retenida durante cerca de cinco horas, tiempo en el que fue sometida a tratos crueles, entre ellos asfixia y sofocamiento.

La investigación demostró que el campesino murió en un baño de la base militar.

Posteriormente, su cuerpo fue envuelto en una hamaca, trasladado al helipuerto y arrojado al río El Cerro.

Tres semanas después fue recuperado por las autoridades y remitido al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que determinó que la muerte fue consecuencia de los actos de tortura.

Un juez de conocimiento avaló la negociación judicial y condenó a los cinco militares a 20 años y 2 meses de prisión por los delitos de tortura, homicidio y desaparición forzada, todas las conductas agravadas.

Por estos mismos hechos, el teniente Leider Ortiz Ortiz, comandante de la base militar, ya había sido condenado mediante preacuerdo a 20 años y 3 meses de prisión.

En este proceso también fueron acusados el sargento segundo Andrés Olivio Gutiérrez Mideros y los soldados Alberto Rojo Giraldo y Didian Fernando Ruiz Reyes, quienes permanecen privados de la libertad.

*El procesado, señalado de integrar el grupo delincuencial El Mesa, habría conducido el vehículo en el que la víctima fue retenida el 4 de abril de 2022.

Por su presunta participación en la desaparición de un ingeniero forestal ocurrida el 4 de abril de 2022 en San Andrés de Cuerquia (Antioquia), la Fiscalía General de la Nación judicializó a Weimar Alexander Castillo, alias 300.

Los elementos materiales probatorios indican que el procesado, presunto integrante del grupo delincuencial El Mesa, habría participado en la retención de la víctima junto con otros hombres armados y conducido la camioneta que le obligaron a abordar.

El día de los hechos, el ingeniero, quien realizaba labores ambientales en el municipio, salió del hotel donde se hospedaba para desayunar. En ese momento, presuntamente fue interceptado, intimidado con armas de fuego, golpeado y obligado a subir al vehículo.

La investigación permitió establecer que la víctima fue trasladada a una vivienda, donde fue vista con lesiones en el rostro y amarrada de las manos.

Posteriormente, fue llevada en un automotor hacia las afueras del municipio. Desde entonces, se desconoce su paradero.

La Fiscalía le imputó a alias 300 el delito de desaparición forzada. El procesado no aceptó el cargo y, por disposición de una juez de control de garantías, le fue impuesta medida de aseguramiento en establecimiento carcelario. Por este mismo caso, ya han sido judicializadas
otras dos personas.

La captura fue realizada por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo del Gaula Militar, en Bello (Antioquia).

*El contrato, suscrito el 31 de diciembre de 2024 por 32 millones de dólares, habría sido adjudicado a una empresa que no acreditaba la capacidad técnica, jurídica ni financiera para ejecutarlo.

La Fiscalía General de la Nación imputó ante un juez de control de garantías al exdirector de Logística de la Dirección de Contratación Estatal del Ministerio de Defensa Nacional, Herbert Arnulfo Buitrago Galán, y a los particulares Carlos Martín Uribe Forero y James Lester Montgomerie, ciudadano estadounidense, por su presunta intervención en las irregularidades detectadas en el contrato de diciembre de 2024 para el mantenimiento de los helicópteros rusos MI-17 del Ejército Nacional.

De acuerdo con la investigación adelantada por un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción, entre septiembre y diciembre de 2024 el proceso contractual habría sido direccionado a favor de la empresa representada por James Lester Montgomerie mediante una modalidad de contratación que no era procedente.

Para ese propósito, presuntamente se ajustaron las condiciones del contrato y se adelantaron actuaciones para facilitar su adjudicación. La investigación permitió establecer que Buitrago Galán, al parecer, impartió instrucciones para favorecer al contratista, coordinó el intercambio de información con los particulares involucrados, sirvió como traductor en las comunicaciones con Montgomerie y entregó una cotización por 36 millones de dólares para que fuera considerada en la estructuración del contrato.

Asimismo, habría conocido informes que advertían que la empresa no acreditaba la capacidad técnica, jurídica, financiera ni la experiencia requerida para ejecutar el contrato. Por su parte, Uribe Forero y Montgomerie habrían participado en reuniones de estructuración del proceso contractual.

Posteriormente, Uribe Forero, al parecer, intervino en la modificación de la forma de pago para autorizar un desembolso anticipado del 50 % del valor del contrato. En ese sentido, el 15 de abril de 2025 fueron girados 16.231.700 dólares, pese a que el contratista únicamente había ejecutado actividades por cerca de 2,6 millones de dólares.

En noviembre de 2025, el Ministerio de Defensa declaró el incumplimiento del contrato por la falta de mantenimiento de las aeronaves. Por estos hechos, la Fiscalía imputó a Buitrago Galán el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. A Uribe Forero y Montgomerie, de acuerdo con su posible participación, les fueron imputados los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, falsedad ideológica en documento público, fraude procesal, tráfico de influencias de servidor público, prevaricato por acción y peculado por apropiación. Los cargos no fueron aceptados.