Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Joel Andrés Estor Gómez, alias Diomedes, y Daniel de Jesús González Palma, alias Danielito, señalados de par cipar en un atentado contra una empresa de vigilancia en Barranquilla.

Un fiscal de la Seccional Atlántico les imputó, de acuerdo con su responsabilidad individual, los delitos de homicidio agravado; homicidio en grado de tentativa; y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos.

Los procesados no aceptaron los cargos. De acuerdo con la investigación, el pasado 25 de mayo los procesados llegaron a la sede de una empresa de vigilancia, ubicada al norte de la ciudad, y habrían disparado contra varias personas que se encontraban en el lugar. Producto de la acción armada, un empleado falleció y otros cuatro resultaron heridos.

Posteriormente, los presuntos atacantes huyeron del lugar; sin embargo, fueron interceptados por el Gaula del Ejército Nacional, que adelantaba un procedimiento en la zona, y capturados en flagrancia. Durante el procedimiento les incautaron armas de corto y largo alcance.

Por estos hechos, la Fiscalía también imputó a un menor de edad, de 17 años, los mismos delitos. Un juez de Responsabilidad Penal para Adolescentes le impuso medida de internamiento preventivo en centro especializado.

*A una de las víctimas acreditadas le habrían hurtado 145 millones de pesos, a través de transferencias y compras, y un vehículo avaluado en 190 millones de pesos.

Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario a ocho presuntos integrantes del grupo delincuencial ‘Los Selectivos’, el cual estaría involucrado en casos de ‘paseos millonarios’ en Bogotá.

Los afectados con la decisión son Daniel Alfonso Mora Salazar, María Aliz Mendoza, Dilan Arley López Serrano, Felipe Morales Ramírez, Neider Sebastián Díaz Ulloa, Erick Esneider Gutiérrez Parra, Omar Javier Garzón Mendoza y Michael Alexander Cadena Parra. Estas personas serían las encargadas de cumplir diferentes roles como seleccionar las víctimas en la Zona T y en otras de las denominadas zonas de rumba en el norte de Bogotá, y ofrecerles servicio de transporte público para retenerlas, despojarlas de elementos de valor y desocuparles las cuentas bancarias.

Uno de los hechos que se les atribuye ocurrió en la madrugada del 3 de mayo de 2025. En esa oportunidad, un ciudadano salió de un establecimiento nocturno y tomó un taxi. Durante el recorrido el conductor compartió por el teléfono celular información sobre el trayecto que realizaba e intempestivamente detuvo la marcha.

De inmediato dos hombres subieron al vehículo y sometieron al pasajero, a quien posteriormente trasladaron hasta el sector de San Cristóbal Sur. Mientras lo golpeaban y amenazaban de muerte lo obligaron a entregar las claves de los productos bancarios y aplicaciones móviles, y realizaron transferencias, transacciones y compras por 145 millones de pesos.

Asimismo, dos de sus atacantes se trasladaron hasta la residencia de la víctima y se apoderaron de un automóvil avaluado en 190 millones de pesos, así como de un teléfono celular, unos audífonos y un reloj inteligente de alta gama, valorados en 12 millones de pesos. Finalmente, la dejaron abandonada en el barrio El Restrepo 18 horas después de haber sido retenida.

*Es señalada de garantizar la salida por el Golfo de Urabá de más de 800.000 ciudadanos extranjeros y ocultar los recursos obtenidos por la actividad ilícita, a través de diferentes maniobras comerciales y financieras, como la compra de bienes muebles e inmuebles.

La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos, adscrita a la Delegada para las Finanzas Criminales, y de manera articulada con la DIJIN de la Policía Nacional, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos, afectó de manera estructural a una organización delictiva señalada de facilitar el tráfico de migrantes y recurrir a diferentes maniobras para ocultar los recursos ilícitos y evitar su rastreo.

La estructura ilegal es señalada de promocionar por redes sociales supuestos paquetesnturísticos para conocer el Golfo de Urabá, que en realidad se convertían en un pretexto para cooptar ciudadanos extranjeros y, a cambio de dinero, coordinar su salida irregular del país por las costas de Necoclí (Antioquia), Capurganá, Acandí y Sapzurro (Chocó) con destino a Centroamérica.

De esta manera habrían sido trasladados por vía marítima y de manera ilegal más de 800.000 migrantes provenientes de Afganistán, Irak, Arabia Saudita, Haití, Venezuela, Costa Rica, China y otros países.

La labor investigativa permitió identificar en el sistema financiero formal ingresos superiores a 100.000 millones de pesos, durante el período de comisión de la conducta delictiva. Gran parte de esta suma fue obtenida en época de pandemia, cuando las actividades turísticas estaban suspendidas.

Asimismo, las evidencias recopiladas indican que la mayoría de los recursos por el tráfico de migrantes se movieron mediante transacciones en efectivo, la constitución de empresas de transporte marítimo y fluvial que les servían de fachada para dar apariencia de legalidad las ganancias, la compra de bienes muebles e inmuebles y transferencias fragmentadas en pequeños montos o ‘pitufeo’ implementados dentro de su esquema de lavado.