*La procesada aceptó su responsabilidad y fue sentenciada a más de 10 años de prisión.

Nancy Catalina Agudelo Arango aceptó mediante preacuerdo su responsabilidad en la estafa de alrededor de 30 personas que entregaron dinero para supuestas inversiones en la producción y comercialización de bolsas ecológicas y otros productos en Medellín (Antioquia) y Bucaramanga (Santander). En ese sentido, fue condenada a 10 años y 3 meses de prisión.

La investigación, adelantada por una fiscal de la Unidad de Estafas de la Seccional Medellín, permitió conocer que entre enero de 2019 y noviembre de 2024 la mujer se presentó como empresaria y promovió oportunidades de negocio a través de dos compañías. Para generar confianza entre los interesados, aseguraba contar con contratos con reconocidas multinacionales y ofrecía rendimientos de entre el 7 % y el 45 % del capital aportado, con plazos de devolución que oscilaban entre 8 y 60 días.

Las personas afectadas entregaron recursos que iban desde 1 millón hasta 763 millones de pesos, mediante pagos en efectivo o transferencias a cuentas de otras dos personas. En uno de los casos, la procesada recibió un vehículo como parte de la inversión. Cuando no cumplía con los pagos prometidos, justificaba los retrasos con supuestos bloqueos bancarios o incumplimientos de los clientes con los que, según afirmaba, tenía relaciones comerciales.

De acuerdo con las pruebas recaudadas, Agudelo Arango obtuvo un provecho económico ilícito superior a 3.914 millones de pesos. Además, durante el periodo investigado registró movimientos financieros superiores a 11.520 millones de pesos. Por estos hechos, un juez de conocimiento la sentenció por los delitos de estafa agravada en modalidad de masa y enriquecimiento ilícito de particulares. La decisión es de primera instancia y contra ella proceden los recursos de ley.

*De acuerdo con la Fiscalía, preliminarmente se han identificado más de 250 posibles víctimas nacionales e internacionales a quienes les practicaron procedimientos sin tener todos los conocimientos.

La Fiscalía General de la Nación imputó cargos contra Verónica Lengua y Felipe Henao, señalados como falsos cirujanos estéticos, por los delitos de falsedad en documento público, estafa y lesiones personales, dentro de una investigación que involucra a víctimas nacionales e internacionales, quienes aceptaron cargos.

De acuerdo con la Fiscalía, preliminarmente se han identificado más de 250 posibles víctimas, de las cuales 59 ya han sido entrevistadas. El ente investigador también estableció una cuantía de 558 millones de pesos relacionada con los procedimientos que, según la investigación, habrían sido realizados bajo el supuesto de que Lengua y Henao eran cirujanos plásticos, pese a que no contarían con los títulos y habilitaciones requeridos.

Durante la audiencia de imputación, la Fiscalía sostuvo que Verónica Lengua se habría presentado de manera individual, sistemática y sostenida como cirujana plástica y que habría practicado directamente procedimientos estéticos sin contar, según el ente investigador, con formación médica ni habilitación sanitaria.

Respecto de Felipe Henao, la Fiscalía señaló que se habría vinculado desde 2022 a la actividad de realización de cirugías estéticas que ya desarrollaba Lengua. Según el ente acusador, ambos se presentaban como cirujanos plásticos y habrían exhibido diplomas falsos en las instalaciones donde atendían a las pacientes.

“Verónica Lengua no solo se presentó ante el público de manera individual, sistemática y sostenida como cirujana plástica, donde en un inicio usted mencionaba que tenía otro nombre y cambiaba su nombre, sino que además practicó de manera directa diversas cirugías estéticas sobre las víctimas, sin contar con ningún tipo de formación médica ni habilitación sanitaria ni nada relacionado con la salud”, señaló la fiscal.

Sobre Henao, agregó: “Esteban Felipe, usted se vinculó de manera activa a la actividad de desarrollo de cirugías que ya venía ejerciendo Verónica. Desde el año 2022 donde empezaron a realizar cirugías estéticas, entonces, ustedes se presentaban ambos como cirujanos plásticos, colgaron en la clínica los diplomas. Las mujeres entraban allí a la clínica, era bastante extensa, trabajaban con bastantes personas, tenía varios pisos, tenían allí dos quirófanos. Y estando allí, entonces, lo primero que veían las víctimas eran los diplomas, y esto le generaba confianza”.

La Fiscalía también afirmó que los dos procesados habrían utilizado varias clínicas irregulares y estrategias de promoción para captar pacientes. Según la investigación, los procedimientos tenían costos de entre 9 y 15 millones de pesos inicialmente, aumentando su valor con el tiempo. Además, ofrecían paquetes promocionales en fechas como el Día de la Madre y Navidad, como también de servicios como masajes posoperatorios y fajas.

“Se hacían pasar, se disfrazaban de médicos cirujanos idóneos, pero no ostentaban el título de medicina. Cobraban mucho, al inicio cobraban entre 9 y 15 millones de pesos por cada cirugía, ofrecían paquetes promocionales para el día de la madre, para Navidad”, sostuvo la fiscal.

El ente investigador también señaló que las cirugías se realizaban en horas de la madrugada. Según la Fiscalía, algunas pacientes eran citadas a las 2, 3, 4 o 5 de la mañana y se les habría indicado que durante el día se realizaba un estudio.

Los elementos materiales probatorios obtenidos por la Fiscalía General de la Nación dan cuenta de que los profesores habrían aprovechado la confianza depositada por las niñas y adolescentes a su cargo para someterlas a distintas conductas en contra de su voluntad.

En una fundación de música de Ginebra (Valle del Cauca), dos docentes que tenían a su cargo la iniciación y formación artística de niños, niñas y adolescentes del municipio se habrían aprovechado de su posición de garantes para presuntamente agredir sexualmente de sus estudiantes menores de edad entre 2010 y 2022.

Se trata de Samuel Ibarra Conde y Rodrigo José Solano Gómez, quienes son señalados de solicitarles fotografías íntimas a varias de sus alumnas, ejercer actos sexuales en contra de su voluntad y someterlas a distintos vejámenes dentro y fuera de la sede de la institución.

Valoraciones neuropsicológicas, estudios victimológicos y otras labores investigativas dan cuenta de que Ibarra Conde estaría involucrado en agresiones a cinco víctimas en diferentes hechos delictivos, relacionados con menores de edad entre los 12 y 18 años; mientras que a Solano Gómez se le atribuyen agresiones sexuales a dos estudiantes.

De acuerdo con su posible responsabilidad individual en los hechos conocidos, una fiscal de la Seccional Valle del Cauca los imputó por delitos como acto sexual violento, acceso carnal violento, acoso sexual y acto sexuales abusivos con menor de 14 años, todas las conductas agravadas.

Los procesados no aceptaron los cargos y, por disposición de un juez de control de garantías, deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso penal.