Va creciendo el nuevo escándalo del Gobierno del presidente, Gustavo Petro. Las supuestas interceptaciones ilegales, denunciadas el pasado domingo por el magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, parecieran ser apenas la punta de una actuación irregular que se habría extendido a otras dignidades.
De ello, según la denuncia del magistrado estarían detrás “órganos de inteligencia oficial uno de los cuales opera en la Presidencia de la República y la Dirección Nacional de Inteligencia, en coordinación con la Dian y la Unidad de Análisis Financiero del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (Uiaf)”,
Pocas horas después del remolino político y judicial por la resucitada y temerosa práctica de las ‘chuzadas’ se conoció un comunicado de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en el que solicita a la Fiscalía General y a las autoridades competentes iniciar las investigaciones tendientes a establecer si en efecto y como desde allí lo sospechan, los magistrados de esa jurisdicción transicional también estarían siendo víctimas de las interceptaciones.
“Lo anterior sumado a que algunos medios de comunicación expusieron que algunos Magistrados y Magistradas de la Jurisdicción Especial para la Paz –JEP– también han manifestado su sospecha de ser objeto de presuntas interceptaciones ilegales”, se lee en un comunicado de ese tribunal.
La denuncia del magistrado Ibáñez, quien la semana pasada en sala Plena expuso el caso a sus demás compañeros y ante la Fiscalía radicó la respectiva denuncia, despertó todas las alertas y como era de esperarse, propició el respaldo unánime de las cuatro altas cortes en pleno.
“Rechazamos con vehemencia los hechos que han sido puestos en conocimiento de la opinión pública y de las autoridades, que, de verificarse, ponen en riesgo la independencia de la Rama Judicial y constituyen una grave afrenta a la democracia colombiana y la seguridad de los jueces y magistrados que imparten justicia”, se lee en el comunicado conjunto firmado por los presidentes de las Cortes.
