La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) concedió la amnistía por el delito de rebelión a Juvenal Ovidio Ricardo Palmera Pineda, alias ‘Simón Trinidad’, uno de los cabecillas de la ya disuelta guerrilla de las FARC, que cumple una condena en Estados Unidos por el secuestro de tres ciudadanos de ese país.
La JEP, que aceptó el sometimiento de ‘Simón Trinidad’ en septiembre del año pasado, determinó que «cumple con los requisitos para recibir el beneficio jurídico por esta conducta», según explicó este lunes en un comunicado este tribunal especial creado por el acuerdo de paz de 2016 para juzgar crímenes cometidos con ocasión del conflicto armado colombiano.
«La Sala de Amnistía o Indulto concluyó que en este caso la conducta de rebelión es amnistiable por cumplir con los ámbitos de aplicación de tiempo, al ocurrir antes de la firma del Acuerdo Final de Paz; personal, ya que el compareciente perteneció a las FARC y material, dado que la rebelión es un delito político amnistiable», indicó la JEP.
‘Simón Trinidad’ fue uno de los máximos cabecillas de la extinta guerrilla y, desde mediados de los años 90’, uno de los comandantes del Bloque Caribe de las FARC.
Fue capturado el 2 de enero de 2004 en Quito, durante el Gobierno del entonces Presidente Álvaro Uribe, y extraditado ese mismo año a EE.UU., donde actualmente se encuentra privado de la libertad en una prisión del estado de Colorado, condenado a 60 años de cárcel por el secuestro de tres estadounidenses cometido en 2003.
Durante las negociaciones de paz con las FARC, esa guerrilla presionó varias veces al Gobierno para que le permitiera a ‘Simón Trinidad’ hacer parte de su equipo negociador, pero esa opción fue descartada ante la imposibilidad de que Estados Unidos lo dejara en libertad.
Sin embargo, ‘Simón Trinidad’ pidió su integración al sistema de justicia de la JEP, que puede conceder penas alternativas a la prisión si hay un acto de reconocimiento de verdad, que lo aceptó.
En concreto, esta amnistía se da solo por el delito de rebelión por los hechos ocurridos entre el 1 y el 3 de mayo de 2002 en Bojayá, en el departamento del Chocó, donde las FARC cometieron una de las peores masacres del conflicto, al atacar una iglesia donde murieron calcinadas más de un centenar de personas.
El exguerrillero ha sido procesado en Colombia por terrorismo, homicidio, desplazamiento y desaparición forzada; narcotráfico, utilización de medios y métodos de guerra ilícitos; destrucción y apropiación de bienes protegidos; apoderamiento de aeronaves, naves o medios de transporte colectivo, secuestro extorsivo y rebelión, entre otros delitos cometidos durante el conflicto armado.
