*Además, el representante a la Cámara Alejandro Toro denunció que al parecer se sugirió que las periodistas y presentadoras indígenas sólo podrían salir en cámara “si vestían de civil”.

El representante a la Cámara por el Pacto Histórico, Alejandro Toro, anunció que citarán a la ministra de las TIC, Alexandra Falla, y a la gerente de Inravisión a un debate de control político por la suspensión de 20 emisoras de paz y otras decisiones recientes que se han tomado en el sistema de medios públicos.

Según indicó el congresista, estas decisiones “configurarían un detrimento patrimonial, incumplimiento de acuerdos de Estado y vulneración al derecho a la información a más de 460.000 personas en zonas de conflicto”. El representante también recordó que el funcionamiento de estas emisoras “no va a los vaivenes ideológicos, políticos o de gobierno, es un acuerdo de estado que sale del acuerdo de paz”.

También señaló que “a más de 467.000 personas se les está vulnerando el derecho a la información, que justamente de ahí nace este compromiso del estado”.

El congresista también denunció que, al parecer, el periodista Omar Jaimes participó en un consejo de redacción sin un vínculo contractual y sugirió que las periodistas y presentadoras indígenas solo podrían salir en cámara “si vestían de civil”.

“Preguntaremos esto en el cuestionario anexo a la citación de debate de control político, puesto que el artículo 134A del Código Penal, incorporado por la Ley 1482 de 2011 y modificado por la Ley 1752 de 2015. Sanciona a quien arbitrariamente impida, obstruya o restrinja el pleno ejercicio de los derechos de una persona por una razón discriminatoria. La legislación protege expresamente frente a discriminaciones por etnia y otras razones discriminatorias”, indicó Toro.

*Fue presentada por la bancada del Pacto Histórico en la Cámara de Representantes.

La mañana de este martes fue radicada la moción de censura contra el Ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, por su viaje de paseo a Santa Marta, el pasado fin de semana, en medio de la emergencia por el terremoto que deja más de 300 muertos y más de 400 desaparecidos.

La moción fue presentada por la bancada del Pacto Histórico en la Cámara de Representantes.

«Que no nos vengan con excusas. Un ministro tiene responsabilidades públicas que no se suspenden porque haya decidido tomarse un descanso. Mientras hay familias que no saben dónde van a dormir, el ministro de Vivienda tiene que responder por sus prioridades y por su actuación durante esta emergencia», indicó la representante María Fernanda Carrascal.

«Desde el Congreso no vamos a dejar pasar esto. El país merece funcionarios que estén a la altura de la tragedia, no un Gobierno desconectado de quienes más lo necesitan», agregó.

La polémica

Con menos de diez días en el Gobierno del Presidente Abelardo De La Espriella, que comenzó el 7 de agosto, Beltrán fue fotografiado el fin de semana con su esposa en un hotel de playa en Santa Marta.

En los días siguientes al terremoto, el ministro visitó varias ciudades afectadas para evaluar los daños y anunciar planes de recuperación, pero el sábado fue a una boda en Santa Marta y al parecer se quedó de descanso en esa ciudad, según denunció el portal Desigual.

El terremoto de hace una semana deja hasta el momento, cerca de 300 muertos y de 200 desaparecidos, así como 127.608 viviendas averiadas, 26.392 destruidas y 197 edificios colapsados, por lo cual el paseo del ministro es objeto de numerosas críticas.

«¡Increíble esto! Ni más ni menos que el ministro de Vivienda en plena tragedia. Qué falta de todo. Este solo gesto debería sacarlo de su cargo y que se vaya de paseo tranquilo», reclamó en X la representante a la Cámara Cathy Juvinao, del partido Alianza Verde.

Por su parte, el senador Jota Pe Hernández, aliado del gobierno, calificó de «indolente» a Beltrán por tomarse unos días de descanso, mientras el resto del gobierno, incluido De La Espriella, están dedicados a atender la emergencia.

«Es una lástima que el desatino y la falta de criterio de un ministro empañe la gran gestión que ha hecho el Gobierno para atender la crisis del terremoto», manifestó por su parte en X, el senador Andrés Forero, del partido uribista Centro Democrático, aliado del Gobierno, de De La Espriella.

*Tras un fuerte debate entre partidarios y opositores de que se le concediera al permiso.

El Senado autorizó este miércoles al expresidente Gustavo Petro (2022-2026) para que salga del país durante un año, tras un fuerte debate entre partidarios y opositores de que se le concediera el permiso.

«Con 73 votos por el Sí y 11 votos por el No, fue aprobada la proposición que autoriza la salida del expresidente Gustavo Petro Urrego», señaló el Senado en su cuenta de X.

Petro había pedido la víspera a la Cámara Alta la autorización citada, como lo establece la Constitución, que exige un permiso del Senado a todos los exmandatarios para abandonar el territorio nacional una vez salen del cargo.

«En cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 173 de la Constitución Política de Colombia y el artículo 323 de la Ley 5ª de 1992 (Reglamento del Congreso), me dirijo a ustedes para solicitar respetuosamente la autorización previa de la Plenaria del Senado de la República para salir del territorio nacional», señala la misiva de Petro.

Según dijo en la sesión de hoy el senador Enrique Gómez Martínez, del partido oficialista Movimiento de Salvación Nacional, «permitirle al expresidente que abandone el país es permitirle que cometa otro delito más, el delito de fuga», pues a su juicio, Petro debe responder por los problemas de corrupción, seguridad y económicos que dejó su Gobierno.

«Petro abandona el país con el permiso de esta cámara para no volver y para, fuera del país, seguir atentando contra la democracia colombiana», manifestó Gómez Martínez, cercano al nuevo presidente colombiano, Abelardo De La Espriella, cuya elección no reconoce Petro, quien ha anunciado que será el líder de la oposición.

Sin embargo la solicitud de Petro fue aprobada por amplia mayoría, incluso con los votos de senadores del partido de derecha Centro Democrático, que fue el principal opositor a su Gobierno.

Sobre Petro recaen más de un centenar procesos judiciales que siguen su curso en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, entidad encargada de investigar a los aforados en Colombia, entre esos, al presidente de la República y exmandatarios.

Petro, que dejó el poder el pasado 7 de agosto, indicó que su salida de Colombia tendrá como fin «atender compromisos fuera del país de carácter personal, social, político y académico» durante todo el año consiguiente al ejercicio de sus funciones presidenciales.