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Irregularidades en contratos en la UNGRD ascienden a 5 billones de pesos

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Luego del análisis de la contratación de los últimos 4 años de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, la Contraloría General de la República ha detectado irregularidades en contratos ejecutados en obras para desastres, calamidades y otras circunstancias, por cerca de $5 billones.

El ente de control analiza la contratación en los años 2021, 2022, 2023 y 2024, de los suministros de carrotanques, los contratos del programa «Hambre Cero», la contratación de obras en el departamento de Santander y la contratación de suministro de maquinaria amarilla.

Este es el desglose de las irregularidades encontradas hasta el momento durante esta investigación.

Contratación carrotanques en La Guajira, Córdoba, Bolívar y Boyacá  

Luego de un análisis a la contratación de suministros de carrotanques en los años 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024, la Contraloría General de la República advierte de un incremento del 700% para la contratación del 2024 por más de $37.5 mil millones. Esta contratación se ha concentrado en los departamentos de Córdoba, La Guajira, Bolívar y Boyacá.

Por tal motivo, el Vicecontralor en funciones de Contralor General de la República, Carlos Mario Zuluaga, ha decidido declarar de impacto nacional los hechos que generaron este inusual incremento de la contratación en dicha Unidad.

“Estamos atendiendo las advertencias sobre una presunta afectación de dineros públicos por la compra de carrotanques, realizadas por la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI) de la Contraloría” aseguró el contralor en funciones y explicó que todas las actuaciones del caso estarán lidereadas por la unidad de investigaciones especiales contra la corrupción, “atendiendo el grave menoscabo a la administración pública y el presunto direccionamiento y mal manejo de la contratación de este objeto”.

Para el ente de control llama la atención que la contratación de la UNGRD este focalizada únicamente en tres empresas a las que se les adjudicaron los millonarios contratos. De tal suerte, se investiga también un presunto favorecimiento en la contratación, dirigida a menoscabar el erario público.

Igualmente se observa la presencia y continuidad de algunas empresas en la adjudicación de los contratos, empresas que vienen presentando incumplimientos en la formalización de los mismos, presuntos sobrecostos y violación a las normas contractuales.

Por esto, la Contraloría General de la República abrirá investigaciones por la presunta pérdida de más de 80 mil millones de pesos en la sola contratación de carrotanques, atendiendo sobrecostos, ejecución y funcionabilidad de los proyectos de suministro y abastecimiento de agua potable, en todo el país.

Así mismo, compulsará las correspondientes copias a la Fiscalía General de la Nación, puesto que de este estudio se vislumbra la posible ejecución de delitos contra la administración pública; y a la Procuraduría General de la Nación por presuntas faltas disciplinarias.

Irregularidades en 31 contratos del programa «Hambre Cero» (Ollas comunitarias)  

La Contraloría General reveló, luego de un análisis minucioso adelantado por la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata, (DIARI), significativas irregularidades en 31 contratos durante el año 2023, destinados a la provisión de alimentos para damnificados por el Fenómeno de La Niña. Los contratos fueron otorgados por los funcionarios Sneyder Pinilla, subdirector de manejo de Desastres y Olmedo López, Director de la Unión de Gestión del Riesgo.

Estos 31 contratos, valorados en $131.812 millones, también fueron declarados de impacto nacional para que sean investigados por la Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción, toda vez que fueron otorgados a empresas que no contaban con personería jurídica o cuyo objeto de constitución no guarda relación con las actividades para las que fueron contratadas, carecen de experiencia o son presuntas empresas de papel. Se observa, además, un presunto interés indebido en la contratación e incumplimiento en el régimen contractual, por lo que se compulsarán copias a la Fiscalía General de la Nación.

Estos hallazgos serán objeto de investigaciones adicionales y posibles acciones legales para asegurar que los fondos destinados a los programas de ayuda lleguen efectivamente a quienes más los necesitan.

Contratación suministro de maquinaria amarilla

El ente de control advierte sobre un incremento del 160% en la erogación destinada a la contratación de suministro de maquinaria amarilla en 2023, pasando de aproximadamente $88 mil millones durante el 2022 a cerca de $227 mil millones en la vigencia del año pasado.

Dado el monto investigado, también en este caso, la Contraloría General decidió declarar estos hechos como de impacto nacional, a fin de atender un presunto detrimento patrimonial que pudo causarse por posibles irregularidades tales como: dobles pagos o maquinaria no utilizada.

A esto se suma la desconcertante concentración de recursos adjudicados a una sola empresa, que acumuló 13 contratos por un monto superior a los $21 mil millones entre el 2021 y el 2024, año en el que la empresa presuntamente habría obtenido un contrato por casi un tercio del total mencionado. De los hechos irregulares encontrados durante la investigación se compulsarán copias a la Fiscalía General de la Nación, toda vez que se observa un posible delito contra la administración pública.

Alto Riesgo en contratación de obras en Santander  

La CGR, tras un exhaustivo análisis de datos realizado por la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata, (DIARI), emitió una contundente advertencia sobre los riesgos elevados en la contratación de obras por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) en el departamento de Santander.

En los últimos cinco años, la ejecución de obras para la mitigación de riesgos ha estado sorprendentemente concentrada en ese departamento, alcanzando un 29.78% del total nacional. Este hallazgo surge de un análisis detallado de la información reportada por la UNGRD en su plataforma FIDUSAP.

Destaca el contrato actualmente en ejecución por la Unión Temporal Conexión Carrizal, con un valor de $185.439 millones, en una zona previamente intervenida por la UNGRD por los mismos riesgos.

Hasta la fecha, ya se han pagado $37.087 millones de este contrato, el cual tiene como objetivo realizar obras de emergencia para controlar inundaciones y socavaciones en Girón, Santander. Sin embargo, en este mismo sector ya se habían ejecutado los contratos 9677-PPAL001-797-2021, 9677-PPAL001-199- 2018, 9677-PPAL001-828-2017, y 9677-PPAL001-207-2018, con una inversión previa cercana a los $36.341 millones.

Estos repetidos contratos plantean serias dudas sobre la eficacia y transparencia en la gestión de estos proyectos. Desde el 2020, los contratos de obra para la mitigación de riesgos suman la cifra de $4.9 billones, en Santander, una concentración de obras que resulta alarmante a juicio de la CGR.

Desde 2016 en Santander se han ejecutado 43 contratos e interventorías por un total de $635.407.406.898, enfocados en mitigar riesgos de inundación y socavación en varios sectores, especialmente en Girón. A este departamento le siguen Magdalena con (10.36%) y Putumayo con (8.71%).

La Contraloría ha identificado la necesidad urgente de auditar y evaluar 25 contratos adicionales en Santander, que ascienden a $317.325 millones. Esta acción es crucial para garantizar la transparencia y el adecuado uso de los fondos públicos, ante los hallazgos que sugieren una posible repetición innecesaria de proyectos y un manejo cuestionable de los recursos destinados a la mitigación de riesgos.

La profunda y detallada analítica de datos realizada por la DIARI subraya la imperiosa necesidad de una vigilancia rigurosa sobre las contrataciones de la UNGRD, especialmente en el departamento de Santander, para prevenir el mal uso de dineros públicos y asegurar la eficacia de las obras de mitigación de riesgos.

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Estadounidense despertó sin un peso en una clínica de Bogotá: lo drogaron y le quitaron $70 millones

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*El ciudadano, de 77 años, reportó movimientos bancarios no autorizados y la pérdida de dispositivos electrónicos y joyas.

Un ciudadano estadounidense de 77 años denunció haber sido víctima de un robo en un hotel al norte de Bogotá. Según su relato, dos mujeres ingresaron con él a la habitación y, presuntamente, le suministraron una sustancia que le hizo perder el conocimiento.

La víctima fue identificada como Bakkar Mike Khaled, quien se hospedaba en el hotel Franda Belvedere, ubicado en la carrera 17A con calle 100. De acuerdo con la denuncia, los hechos ocurrieron el pasado 15 de octubre, hacia las 8:00 de la noche.

El hombre señaló que dos mujeres, cuyas edades estarían entre los 19 y los 30 años, llegaron a la recepción y preguntaron por él. Después de autorizar su ingreso, ambas subieron a la habitación. Minutos más tarde, comenzó a sentirse mareado. Al día siguiente, hacia el mediodía, se encontraba en la Clínica del Country y no podía recordar con claridad lo ocurrido durante la noche anterior.

Según declaró Khaled, sospecha que pudieron haberle suministrado alguna sustancia a través de su vaso de vidrio. Sin embargo, afirmó que no recuerda con claridad cómo ocurrieron los hechos. También aseguró que no tenía lesiones visibles y que no solicitó una valoración de Medicina Legal.

Entre los elementos reportados como hurtados están un iPad Pro, un iPhone 16 Pro, un reloj Apple, dos tarjetas de crédito —una Mastercard y una American Express— y varias joyas. A esto se suman movimientos bancarios que, según el ciudadano estadounidense, nunca autorizó y que ascenderían a cerca de $54 millones. En conjunto, las pérdidas materiales se estiman en aproximadamente $70 millones.

Personas cercanas al estadounidense señalaron que podría tratarse de un caso de escopolamina. Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado qué sustancia habría sido utilizada.

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Ejército investiga la muerte de dos soldados durante una pelea en un batallón

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*Uno de los soldados «accionó su arma de dotación contra un suboficial» y ocasionó su muerte.

El Ejército investiga la muerte de dos soldados tras una discusión que sostuvieron la madrugada de este martes en un batallón del municipio de Sogamoso, en el departamento de Boyacá (centro), que también dejó un militar y un perro heridos.

De acuerdo con la información preliminar del Ejército, uno de los soldados «accionó su arma de dotación contra un suboficial» y ocasionó su muerte. Luego del enfrentamiento, el militar se quitó la vida.

«Las circunstancias de lo ocurrido son materia de investigación por parte de las autoridades competentes», detalló el Ejército en un comunicado.

Después del incidente, la institución castrense activó los protocolos institucionales, que incluye la recolección de información para esclarecer los hechos.

Asimismo, dispuso de un equipo «interdisciplinario para acompañar a las familias del soldado y suboficial fallecidos, así como la atención médica de los afectados».

«El Ejército Nacional lamenta profundamente este suceso y expresa sus más sinceras condolencias y solidaridad a los familiares, compañeros y seres queridos de los militares fallecidos en este difícil momento», añadió la institución.

 

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A 14 ascendió el número de muertos por derrumbe en una mina de oro en Nariño

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*El gobernador de ese departamento, Luis Alfonso Escobar, vincula la tragedia en una mina artesanal de Santa Bárbara de Iscuandé con la informalidad minera y pide acelerar la formalización.

Doce de las 14 personas que murieron tras el derrumbe de un talud de tierra en una mina artesanal de Santa Bárbara de Iscuandé, en Nariño, son mujeres, y en su mayoría eran cabeza de hogar. Así lo confirmó el gobernador del departamento, Luis Alfonso Escobar. El mandatario también pidió el apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana para trasladar a los heridos en estado crítico.

Según el gobernador, el siniestro ocurrió el día anterior en el sector conocido como El Chambero, donde las comunidades explotan oro de aluvión a orillas del río. Escobar explicó que se trata de una mina a cielo abierto, trabajada de forma artesanal.

El mandatario seccional dijo que estaba en comunicación con el alcalde de Santa Bárbara, quien le informó que en total son 21 las personas afectadas: 14 fallecidas y siete heridas, cuatro mujeres y tres hombres. Escobar advirtió que cuatro de los lesionados están en condición crítica. Explicó que el hospital local, de primer nivel, no tiene la capacidad para atender su estado de salud.

El gobernador señaló que los heridos no pueden ser evacuados por vía marítima ni fluvial, por lo que su desplazamiento hacia Tumaco o Cali depende de transporte aéreo. Explicó que la víspera se gestionó el apoyo con mandos militares, entre ellos el general Salinas, pero que la operación se complicó porque en ese momento se atendía el accidente de un helicóptero en el Cauca y se coordinaba la evacuación de 19 soldados. “Uno entiende esto, pero hoy sí necesitamos que la movilización del ejército y de la fuerza aérea para tratar de trasladarnos estos 4 heridos sería muy importante”, afirmó el mandatario.

Al explicar por qué la mayoría de las víctimas son mujeres, tanto en este caso como en el de Policarpa, el gobernador respondió que muchas de ellas son cabeza de hogar y deben salir a trabajar para sostener a sus familias. Indicó que en este caso murieron familias enteras, que según su estimación serían dos o tres.

“Son las mujeres en su gran mayoría cabezas de hogar que tienen que salir a trabajar y son las menos, las más indefensas ante el esfuerzo físico que tú ves que se hace ahí en ese trabajo”, sostuvo. Añadió que quienes logran escapar suelen ser quienes tienen mayor habilidad física, y concluyó: “Hoy no escaparon 12 mujeres”.

Escobar recordó que la tragedia de Santa Bárbara de Iscuandé no es la primera de este tipo en el departamento. Según dijo, el 29 de agosto, en la zona de Policarpa, 12 personas fueron arrastradas por un talud: cinco mujeres y siete hombres. El gobernador atribuyó este tipo de deslizamientos a la explotación antitécnica. Según afirmó, suelen ocurrir cuando la actividad se realiza sin criterios técnicos ni ambientales.

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