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Imputados 24 miembros del Ejército por masacre en Putumayo

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Tres oficiales, cuatro suboficiales y 17 soldados fueron imputados por la Fiscalía por los hechos ocurridos en medio de una operación militar contra las disidencias de las Farc en 2022.

La Fiscalía presentó ante un juez de control de garantías en Puerto Leguízamo, en Putumayo a 24 integrantes del Ejército Nacional, que estarían involucrados en la masacre de 11 civiles el pasado 28 de marzo de 2022, en el caserío Alto Remanso, en zona rural de Puerto Leguízamo.

Las evidencias presentadas por el ente investigador demostrarían que, por orden del comandante del Batallón contra el Narcotráfico N°3, en inmediaciones de esa población fue adelantada una operación por parte de una unidad táctica para ubicar a alias Bruno, uno de los señalados cabecillas de la estructura disidente de las Farc autodenominada ‘Comandos Defensores de Frontera’.

De acuerdo al relato del fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, luego de varias horas de observación, y con pleno conocimiento de que ‘Bruno’ no estaba en la zona, unidades del Batallón contra el Narcotráfico y del Pelotón de Reconocimiento Táctico N°3, portando prendas oscuras, distintas a las que tradicionalmente usa el Ejército Nacional, accionaron sus armas de dotación contra el caserío Alto Remanso, justo cuando terminaba un bazar comunal.

Durante dos horas y media los uniformados realizaron cerca de 1.600 disparos contra 13 casas, una caseta comunitaria, el polideportivo y el embarcadero. Además, lanzaron granadas de 40 milímetros y de fragmentación. Producto de esa intervención murieron un gobernador indígena, el presidente de la Junta de Acción Comunal del caserío, un menor de edad y ocho personas más, que permanecían en estado de indefensión. Adicionalmente, quedaron heridos cinco civiles, entre ellos una adolescente embaraza que dormía en su vivienda.

La Fiscalía imputó a los 24 integrantes del Ejército los delitos de homicidio en personas protegida y homicidio en persona protegida tentado. Los cargos no fueron aceptados.

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Falleció el sargento Fabio Zúñiga, tercera víctima del atentado en Arauca

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El sargento viceprimero Fabio Andrés Zúñiga Burbano falleció la tarde de este jueves, luego que fuera víctima del atentado terrorista del Ejército de Libración Nacional (ELN), en la base militar de San Jordán.

Zúñiga Burbano se encontraba hospitalizado en Arauca, pues debido a la gravedad de sus heridas no había podido ser trasladado al Hospital Militar en Bogotá.

Con la muerte del sargento, se convierte así en la tercera víctima del atentado terrorista en las instalaciones militares de Arauca. Este hecho conllevó a que el Gobierno suspendiera los diálogos de paz con esta guerrilla.

Las primeras víctimas que murieron fueron los soldados profesionales Bayron Andrés Correa Vargas y Julián Patiño Arango. Quedando 16 en el Hospital Militar, de los cuales 8 están en la Unidad d Cuidados Intensivos (UCI).

Estos militares están en pronóstico sujeto a la evolución de sus lesiones, y el Hospital Militar señaló que en 48 horas daría un parte médico de su evolución.

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Capturan a alias ‘Mauricio’, señalado de atentar contra el padre de Francia Márquez

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Las autoridades capturaron en zona rural del departamento del Valle del Cauca, al presunto responsable de dos atentados contra el padre de la vicepresidenta, Francia Márquez, y la caravana de la alta funcionaria.

«Ha sido capturado Pablo León Solís del EMC (Estado Mayor Central, principal disidencia de las FARC) del Cauca, responsable de atentar contra el padre de la vicepresidenta y contra la vicepresidenta de Colombia», informó este jueves el presidente Gustavo Petro.

El detenido, a quien se le buscaba por los delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio, fue capturado en una zona rural de Jamundí, en el departamento del Valle del Cauca, en una operación conjunta de la Policía, el Ejército y la Fiscalía.

Se trata de alias ‘Mauricio’, quien es supuestamente el cabecilla de las redes de apoyo de la estructura ‘Jaime Martínez’, del EMC que no está en las negociaciones de paz, afirmó el director de la Policía, el general William René Salamanca.

En la operación también fue aprehendido un menor de edad y se incautaron dos armas de fuego, según el director de la Policía.

‘Mauricio’ estaba señalado de ser el autor del ataque con disparos a uno de los vehículos de la vicepresidenta y ministra de Igualdad y Equidad el pasado mes de julio cuando la caravana vicepresidencial, en la que no viajaba Márquez, salía desde Suárez.

El ataque sucedió en este municipio del convulso departamento del Cauca (suroeste), del que Márquez es oriunda, que los últimos meses ha sido el escenario de numerosas acciones terroristas del EMC contra instalaciones militares y de Policía, que han dejado muertos y heridos.

El pasado 16 de junio, Sigifredo Márquez, padre de la vicepresidenta, fue objeto de otro atentado cuando viajaba junto a un sobrino de seis años de la alta funcionaria entre las localidades de Timba, en el Cauca, y el caserío Robles, una zona rural de Jamundí.

Las autoridades también acusan al detenido de este otro atentado contra el padre de Márquez.

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Consejo de Estado no abre incidente de desacato contra el presidente Petro

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El Consejo de Estado se abstuvo este jueves de abrir incidente de desacato por el supuesto incumplimiento a la orden que se le impartió al presidente Gustavo Petro para que se retractara de unas afirmaciones que hizo contra el ciudadano Enrique Vargas Lleras, por irregularidades en el manejo de recursos de la salud que se habrían producido por parte de una EPS.

Para el Consejo de Estado, el escrito que presentó el mandatario para dar cumplimiento a ese fallo contiene su retractación expresa de las imputaciones que dieron origen a la demanda.

El Presidente, consideró el Consejo de Estado, admitió haberse referido al accionante, Enrique Vargas Lleras, por su participación en la junta directiva de la EPS y señaló que los hechos afirmados en la realidad solo son objeto de investigación.

Frente a la objeción de conciencia solicitado por el Presidente, el Consejo de Estado precisó que la tutela solo estaba encaminada a garantizar el derecho fundamental a la honra y buen nombre de un ciudadano; no a coartar la libertad de expresión del jefe del Estado, ni a impedir el cumplimiento de la obligación que tiene todo servidor púbico de denunciar ante las autoridades competentes irregularidades o ilícitos de los que tenga conocimiento.

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