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Frenan en seco a Tránsito por multas por Soat y tecnomecánica: ya no pondrán comparendos automáticos

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El Consejo de Estado fue claro y las secretarías de tránsito ya no podrán seguir imponiendo este tipo de comparendos.

El Consejo de Estado emitió un fallo que cambia la forma en la que las autoridades de tránsito podrán imponer sanciones y multas relacionadas con el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) y la revisión técnico-mecánica.

La decisión anuló apartes de varias circulares del Ministerio de Transporte que permitían la imposición de comparendos automáticos basados únicamente en la información cargada en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), incluso cuando los vehículos no estaban en circulación.

Según los demandantes, estas disposiciones excedían las facultades del Ministerio de Transporte al permitir que alcaldes, gobernadores y organismos de tránsito impusieran comparendos con base en el RUNT, sin que mediara la constatación de que el vehículo estuviera transitando.

Los accionantes argumentaron que ni la Ley 769 de 2002 ni la Ley 1383 de 2010 establecían la posibilidad de sancionar a propietarios cuyos automotores permanecieran estacionados y, por tanto, no podían ser considerados infractores.

¿Qué cambia con las multas por Soat y Tecnomecánica?

El Consejo de Estado declaró la nulidad parcial de las tres circulares en cuestión. Los apartes anulados son aquellos que habilitaban a las autoridades a expedir comparendos de forma automática basados exclusivamente en el cruce de datos del RUNT.

En consecuencia, las entidades de tránsito ya no podrán imponer sanciones a propietarios de vehículos que no se encuentren circulando. A partir de ahora, para proceder con una multa por SOAT o Tecnomecánica será necesario contar con pruebas de tránsito efectivo, como registros tecnológicos que demuestren que el vehículo estaba en circulación al momento de la infracción.

¿Por qué ya no podrán multar a vehículos que no circulen?

La Sección Primera del alto tribunal revisó si las circulares tenían validez jurídica. En su análisis, la Sala recordó que la normativa vigente exige como presupuesto la circulación del vehículo para que se configure una infracción. Es decir, la sanción debe derivar de una conducta activa de tránsito, no de la simple ausencia de registros en el RUNT.

El fallo precisó que la legislación sí permite el uso de medios tecnológicos para verificar infracciones, como las cámaras o la consulta en bases de datos. Sin embargo, esta facultad solo es aplicable cuando se demuestra que el vehículo estaba en circulación sin portar el SOAT o sin tener la revisión técnico-mecánica vigente.

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Familias del Pacífico colombiano aún viven entre grietas tres meses después del terremoto

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*Uno de los casos más graves se encuentra en Brubatá, una zona rural del municipio de Tadó, en el departamento del Chocó, donde solo quedó una casa en pie.

Numerosas familias del Pacífico siguen viviendo en casas dañadas, agrietadas o dependiendo de otros hogares para alojarse casi tres meses después del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el occidente del país, según un balance divulgado este jueves por Médicos Sin Fronteras (MSF).

«Observamos que muchas familias de las comunidades visitadas seguían ocupando sus casas afectadas o estaban siendo recibidas por familias de acogida, lo que afecta las condiciones de vida de ambas», señaló la organización humanitaria en su informe.

Uno de los casos más graves se encuentra en Brubatá, una zona rural del municipio de Tadó, en el departamento del Chocó, donde, según el censo de la comunidad, de las 65 viviendas que había antes del terremoto del pasado 10 de agosto solamente una quedó en pie.

La organización, que este jueves anunció el cierre de su atención a la emergencia tras diez semanas de trabajo, explicó que muchas viviendas continúan habitadas pese a presentar grietas por las que entra el agua y techos sostenidos con apoyos improvisados.

La emergencia agravó problemas que ya afectaban a las comunidades del Pacífico, especialmente en zonas rurales e indígenas con dificultades de acceso a servicios básicos, agua potable y atención sanitaria.

En las riberas de los ríos Baudó y San Juan, inundaciones que se produjeron después del terremoto destruyeron cultivos y dejaron a numerosas familias en una situación de mayor vulnerabilidad alimentaria, explicó la jefa de misión de MSF en Colombia, Siham Hajaj.

«Las problemáticas preexistentes se agudizaron por el terremoto. Centenares de familias afectadas por conflicto, violencia y restricciones de acceso a servicios básicos perdieron sus hogares», señaló Hajaj, quien reclamó una respuesta integral y sostenida para atender las necesidades de estas comunidades.

Durante las diez semanas de intervención, los equipos de MSF realizaron 5.001 consultas, de las cuales 4.645 fueron de salud física y 356 de salud mental, además de distribuir filtros de agua y artículos de primera necesidad.

En seis municipios del Chocó, la organización identificó que una parte importante de las enfermedades estaba relacionada con el consumo de agua no segura.

También detectó cerca de 100 casos de malaria y más de 40 de dengue, especialmente en las zonas rurales. El balance oficial del terremoto cifra en 335 los fallecidos, 103 los desaparecidos y 4.516 los heridos.

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Avanza megaoperativo en Bogotá para expulsar a más de 80 peligrosos delincuentes extranjeros

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En un megaoperativo articulado entre las principales fuerzas de seguridad e inteligencia del país, las autoridades avanzan en Bogotá con el traslado y posterior expulsión de más de 80 ciudadanos extranjeros que permanecían bajo custodia judicial por la comisión de diversos delitos de alta severidad. La intervención interinstitucional cuenta con la participación activa de la Policía Nacional, funcionarios de Migración Colombia, efectivos de las Fuerzas Especiales y unidades del Ejército Nacional.

El procedimiento operativo inició durante las horas de la tarde en las instalaciones de la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL (Sijín), ubicadas en el centro de Bogotá, en inmediaciones de la carrera décima y las antiguas dependencias de la Policía Metropolitana.

En la sede judicial se concentró a los requeridos, donde personal especializado de Migración Colombia, junto a oficiales de altos mandos de la Policía Nacional, adelantó uno a uno los trámites administrativos, la verificación de expedientes y el diligenciamiento de la documentación reglamentaria requerida para concretar la medida de expulsión del territorio colombiano.

Durante la tarde y la madrugada posterior, se coordinaron los esquemas de seguridad necesarios para garantizar el control del perímetro exterior e interior de las instalaciones de retención.

Hacia las 2:15 de la madrugada, las autoridades iniciaron la fase de evacuación de los detenidos desde las celdas de la Sijín. Los retenidos fueron extraídos en bloques organizados de a 20 personas, bajo la estricta custodia de comandos armados del GOES y uniformados del Ejército Nacional, quienes custodiaron el abordaje hacia los buses de la Policía Nacional dispuestos sobre las vías aledañas.

Una vez abordados los vehículos, se puso en marcha una fuerte caravana de seguridad con rumbo al occidente de la ciudad. El convoy tomó la calle Sexta escoltado por una decena de vehículos de la Policía, camionetas institucionales, motocicletas del personal de tránsito y tanquetas blindadas. El dispositivo garantizó el trayecto ininterrumpido hasta las instalaciones del Aeropuerto Militar de Catam, donde los trasladados quedaron bajo custodia a la espera de la logística aérea.

De acuerdo con los reportes de las autoridades y la cobertura en el lugar de los hechos, las personas objeto del operativo registran antecedentes y procesos vinculados a graves afectaciones a la seguridad ciudadana. Entre las conductas punibles imputadas a los extranjeros destacan delitos de extorsión, homicidio y diversas modalidades delictivas ejecutadas en Bogotá y distintas regiones del país.

Tras su arribo a la terminal aérea militar de Catam, se dispuso el transporte aéreo de los retenidos mediante un vuelo directo hacia la ciudad de Cúcuta, en el departamento de Norte de Santander. Desde este punto fronterizo se completará el trámite de expulsión y deportación terrestre hacia territorio venezolano en el transcurso de las próximas horas.

 

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Dos muertos y 10 heridos dejó riña e intento de motín en URI de Puente Aranda, en Bogotá

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*La emergencia se registró al interior de las instalaciones, donde un enfrentamiento entre personas privadas de la libertad obligó a la intervención de las autoridades.

dos personas murieron y otras 10 resultaron heridas en medio de una riña y un intento de motín registrado en la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Puente Aranda, en Bogotá.

De acuerdo con la información preliminar, los hechos se presentaron al interior de las instalaciones de esta URI, donde se habría desatado un enfrentamiento entre personas privadas de la libertad. La situación generó una emergencia que dejó varias personas lesionadas y obligó a la intervención de las autoridades.

Las autoridades no se han pronunciado oficialmente sobre el suceso, pero familiares de algunos de los detenidos han dado a conocer que la riña ya deja un saldo de dos muertos y ocho heridos. Varios de los involucrados que resultaron con heridas fueron trasladados a la Clínica de Occidente y al Hospital Santa Clara.

Sobre uno de los fallecidos, sus familiares fueron los encargados de confirmar que era uno de los detenidos en la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía General de la Nación y que resultó gravemente herido. A pesar de que alcanzó a ser trasladado con vida a la Clínica de Occidente, donde recibió atención médica, no logró sobrevivir.

Se está a la espera de que las autoridades que atienden la situación den un informe oficial sobre lo que ocasionó la emergencia en la URI, la cifra oficial de heridos y fallecidos, así como de las acciones que se tomarán por este hecho.

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