*Los procesados habrían participado en la planeación y logística del ataque del 21 de agosto de 2025, que dejó seis personas muertas y más de 58 lesionadas.

Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales presentó ante un juez de control de garantías a Sebastián Torres Caicedo y Sebastián Rojas Becerra, señalados de participar en el atentado con explosivos contra la Base Aérea Marco Fidel Suárez, en Cali (Valle del Cauca).

De acuerdo con la investigación, dos camiones con explosivos fueron abandonados frente a las instalaciones militares el 21 de agosto de 2025.

Uno de los vehículos detonó y ocasionó la muerte de seis personas y lesiones a más de 58. Torres Caicedo y Rojas Becerra habrían intervenido en la planeación del ataque y realizado labores logísticas para facilitar la huida de quienes dejaron los automotores y evitar su captura.

La Fiscalía les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de homicidio y terrorismo; terrorismo; homicidio en persona protegida; homicidio en persona protegida en grado de tentativa; y fabricación, tráfico y porte de armas o municiones de uso restringido o privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos agravado.

Los procesados no aceptaron los cargos y deberán cumplir medida de aseguramiento intramural.

Estas dos personas fueron capturadas en dos inmuebles de Cali, durante diligencias adelantadas de manera articulada con la Sijin de la Policía Nacional.

En uno de los procedimientos fue detenida en situación de flagrancia Erly Tatiana Montoya Quintero, compañera sentimental de Torres Caicedo, con varias dosis de estupefacientes.

En ese sentido, fue imputada por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

La mujer fue afectada con medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario.

La Fiscalía informó que procesó a 275 presuntos agresores sexuales implicados en delitos contra niños, niñas y adolescentes entre el 1 de agosto y el 30 de septiembre de este año.

«Las actuaciones se desarrollaron en el marco de los ‘Meses de la Justicia para la Niñez’, una iniciativa institucional orientada a fortalecer el abordaje de hechos relacionados con actos que afectan la libertad, integridad y formación sexuales de los menores de edad», explicó la Fiscalía este lunes en un comunicado.

De las 275 personas presentadas ante jueces, al menos 258 fueron enviadas a prisión preventiva, de acuerdo con el balance divulgado por la entidad. Los casos se registraron principalmente en Antioquia y Tolima; Valle del Cauca; Bolívar y Córdoba; Santander y en Bogotá.

Entre los casos destacados por la Fiscalía está el de un profesor que fue procesado en Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá, por el presunto abuso sexual de un adolescente de 15 años ocurrido el pasado 10 de agosto, el mismo día en el que un terremoto de magnitud 7,4 sacudió al país dejando al menos 335 muertos.

Según la investigación, el hombre aprovechó su condición de docente y la confianza del joven para llevarlo hasta un apartamento y abusar de él.

En otro de los casos, ocurrido en Medellín en agosto de 2025, un hombre fue procesado por el presunto abuso sexual, violencia física y psicológica contra su hijastra de siete años.

La Fiscalía también reportó investigaciones por agresiones sexuales contra cuatro niñas y adolescentes de comunidades indígenas en el departamento de Vichada entre 2010 y 2025, así como otra contra un docente del departamento de Vaupés por presuntos abusos sexuales a cuatro de sus estudiantes menores de edad durante 2025.

Por petición de la Fiscalía General de la Nación, una magistrada del Tribunal Superior de Bucaramanga impuso medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo sobre una propiedad rural ubicada en Cimitarra (Santander), que presuntamente estuvo vinculada a actividades de estructuras paramilitares que delinquieron en el Magdalena Medio.

El inmueble, identificado como la finca Piedra Linda, está avaluado en más de 21.300 millones de pesos y tiene una extensión de 1154 hectáreas. Fue ocupado en diligencia realizada por el Grupo de Persecución de Bienes de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, adscrita a la Delegada para las Finanzas Criminales.

El predio habría sido utilizado para el entrenamiento físico y armado de integrantes de grupos paramilitares con presencia en la región.

Las labores de policía judicial y los testimonios obtenidos dan cuenta de que, en el lugar, al parecer, permanecieron instructores extranjeros contratados por dichas organizaciones ilegales.

Aunque Piedra Linda figura registrada a nombre de una particular, los análisis patrimoniales realizados pusieron en evidencia la posible relación con personas involucradas en actividades
de narcotráfico y de conformación de estructuras armadas.

La Fiscalía pondrá la hacienda a disposición de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), con el propósito de que sea destinado a la generación de recursos en favor de las víctimas del conflicto armado