*Elementos materiales probatorios, evidencia física y análisis forenses permitieron establecer que no se trataría de un suicidio. Barranquilla.

La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a la funcionaria del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) Chirley Mildred Hernández Rojas, por su presunta participación en el crimen de su compañero sentimental, en hechos registrados el pasado 21 de marzo en Barranquilla.

El día de los hechos, en un inmueble del barrio Boston, las autoridades fueron alertadas sobre la presencia del cuerpo sin vida de un hombre que presentaba cuatro heridas ocasionadas con arma de fuego. La hoy procesada manifestó que se encontraba en otra habitación de la residencia cuando escuchó varias detonaciones y que, al llegar al lugar donde se encontraba la víctima, la halló sin signos vitales.

En la escena fueron ubicadas un arma de fuego y cinco vainillas. Las actividades investigativas adelantadas por la Fiscalía, así como el análisis de los elementos materiales probatorios, la evidencia física y los resultados forenses obtenidos a partir de la proyección de los proyectiles, permitieron establecer que se habría tratado de una muerte violenta que, presuntamente, fue ocasionada por la mujer.

Por estos hechos, un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Atlántico le imputó los delitos de homicidio con circunstancia de agravación punitiva; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

La procesada no aceptó los cargos y, por disposición de un juez de control de garantías, fue afectada con medida de aseguramiento en su lugar de domicilio. Uniformados de la Policía Nacional materializaron su captura por orden judicial el pasado 25 de agosto, en el barrio Boston de Barranquilla.

*El joven, de 17 años, aceptó los cargos formulados por la Fiscalía.

Las evidencias y los elementos materiales probatorios obtenidos por la Fiscalía General de la Nación con ocasión del homicidio del exalcalde de Yopal (Casanare), Jhon Jairo Torres Torres, permitieron documentar la presunta participación de un adolescente de 17 años en el ataque armado ocurrido el pasado 29 de septiembre.

El joven se habría traslado en una motocicleta como parrillero hasta el lugar de residencia del exmandatario, ubicado en zona rural de Yopal, y disparado en varias oportunidades contra la víctima.

Posteriormente, intentó escapar a bordo del vehículo, pero un accidente frustró la huida, así que fue retenido por la comunidad y entregado a unidades de la Policía Nacional. Entre tanto, el exalcalde fue llevado de urgencias a un centro asistencial, donde murió por la gravedad de las heridas recibidas. Preliminarmente, se tiene información de que el crimen, al parecer, fue ordenado por un privado de la libertad.

Las actividades de policía judicial se orientan a precisar esta y otras hipótesis que se manejan. Una fiscal de la Seccional Casanare presentó al adolescente ante un juez de control de garantías y le imputó los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Los cargos fueron aceptados. De acuerdo con lo establecido en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA), el menor de edad deberá cumplir medida de internamiento preventivo en un centro de atención especializada.

*Los elementos materiales probatorios indican que el procesado habría aprovechado la cercanía que mantenía con la menor de edad, quien participaba en actividades parroquiales y grupos juveniles a su cargo.

La relación de confianza que un sacerdote construyó con una niña de 13 años, a partir de su labor como guía espiritual, habría sido el pretexto utilizado por el religioso para ejercer actos en contra de la formación e integridad sexual de la menor de edad, en hechos ocurridos en noviembre de 2025, en Buga (Valle del Cauca).

Andrés Felipe Restrepo Obando, quien ejerció funciones pastorales en una parroquia del municipio, al parecer, estableció una relación de cercanía con la víctima, que participaba en grupos y encuentros juveniles que estaban a su cargo. De acuerdo con las evidencias obtenidas por la Fiscalía General de la Nación, el sacerdote presuntamente se valió de la autoridad y posición que ostentaba para llevar a la niña a una habitación de la casa cural, y realizar actividades de tipo sexual.

Posteriormente, la menor de edad habló con sus familiares y les contó lo sucedido. La versión fue reiterada ante profesionales de la salud, peritos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, y funcionarios de policía judicial que asumieron las labores investigativas.

En es sentido, un fiscal de la Unidad Especial de Investigación de Delitos Priorizados Cometidos contra Niños, Niñas y Adolescentes imputó al religioso el delito de acto sexual abusivo con menor de 14 años agravado, cargo que no fue aceptado. Tras evaluar los argumentos de las partes, el juez de control de garantías que dirigió las audiencias impuso a Restrepo Obando medida de aseguramiento de detención preventiva en centro carcelario.