Los análisis contables, inspecciones judiciales y otras técnicas investigativas puestas en marcha por la Fiscalía General de la Nación, con apoyo de la Policía Nacional, evidenciaron las maniobras ilícitas a las que habría recurrido Arnold David Cuellar Florian, alias Chatarra, para ocultar los dineros obtenidos por los denominados préstamos ‘gota a gota’,
hurtos y el tráfico de estupefacientes en Neiva (Huila).

Al parecer, adquirió bienes y los puso a nombre de su círculo familiar más cercano. Para evitar que las transacciones fueran detectadas habría dispuesto de un equipo de contadores y abogados que le daba apariencia de legalidad a todos los movimientos comerciales.

En marzo pasado, murió alias ‘Chatarra’ y las personas que figuraban como titulares de las propiedades habrían mantenido el dominio y la administración de establecimientos de comercio, 30 taxis, 19 motocicletas y tres camionetas de gama alta, generando ganancias ilegales a través de una flota de vehículos de servicio público y otros activos.

En ese sentido, fueron capturadas y judicializadas Lindaría Florian Ardila, Francy Milen, Linda Mayerli, Lina Mildrey y Fran Noli Cuéllar Florian. Un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos les imputó los delitos de lavado de activos con el subyacente de enriquecimiento ilícito.

Adicionalmente, a la señora Florian Ardila le fue imputado el cargo de porte ilegal de armas de fuego, en el entendido de que, durante las diligencias de detención realizadas en Neiva, le fueron encontrados varios cartuchos de diferentes calibres. Por disposición del juez de control de garantías todas las procesadas deberán cumplir medida de
aseguramiento en centro carcelario.

En las audiencias concentradas la Fiscalía obtuvo medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo sobre los bienes detectados en el curso de la investigación. De esta manera, no podrán ser vendidos ni comercializados.

Una modalidad delictiva utilizada para ingresar estupefacientes al aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá y garantizar su salida a destinos internacionales quedó al descubierto en una investigación liderada por la Fiscalía General de la Nación, con apoyo de la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional.

Los presuntos involucrados son trabajadores de una empresa de seguridad que, al parecer, recogían diversas cantidades de clorhidrato de cocaína y marihuana en hoteles de la localidad de Fontibón, las camuflaban en los uniformes, chalecos y otros accesorios; y aprovechaban que tenían permisos para moverse por la terminal aérea para cruzar los filtros de seguridad hasta los baños de las salas de abordaje y entregar las sustancias ilícitas a
viajeros específicos que salían a España.

Michel Sneider Sánchez Jiménez, Jesús Iván Surmay Navarro, Flor María Arias Vega y Heidy Johana Galindo Arias serían los empleados implicados. Un fiscal de la Dirección Especializada contra el Narcotráfico los presentó ante un juez de control de garantías y les imputó el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Los cuatro procesados recibieron medida de aseguramiento en centro carcelario.

En el curso de esta investigación las autoridades lograron la captura en flagrancia de tres transportadores o pasantes, que llevaban ocultos 37 kilogramos de cocaína en sus equipajes.

Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las regiones, fue citada por la Fiscalía a imputación de cargos por sus aparentes vínculos con el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

La diligencia quedó programada para el próximo 29 de noviembre, y en ella la exfuncionaria quedará vinculada a un proceso en el que se le investigará por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias.

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