*La Policía capturó a varios integrantes de la organización delincuencial ‘Los Pinos’, señalada de coordinar homicidios, extorsiones y tráfico de drogas en Usaquén y San Cristóbal. Las autoridades aseguraron que algunos cabecillas dirigían las operaciones criminales desde cárceles del país.

La Policía Metropolitana de Bogotá desarticuló la estructura criminal conocida como ‘Los Pinos’, una organización dedicada al tráfico de estupefacientes, homicidios y extorsiones en las localidades de Usaquén y San Cristóbal.

La operación, desarrollada en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, permitió realizar 20 diligencias de allanamiento y registro, dejando varias capturas e imputaciones contra los principales integrantes de esta red delincuencial.

De acuerdo con las autoridades, la investigación se extendió durante más de un año y contó con labores de inteligencia, seguimientos, interceptaciones telefónicas y el trabajo de agentes encubiertos. La organización estaba conformada por 22 personas, 19 hombres y tres mujeres, y obtenía ganancias ilícitas cercanas a los 30 millones de pesos mensuales mediante la venta de drogas bajo la modalidad de menudeo.

Según la Policía, los integrantes de ‘Los Pinos’ distribuían estupefacientes en parques, vías públicas y cambuches de barrios como La Gloria y Los Libertadores.

Para mover la droga utilizaban taxis provenientes de la localidad de Usme y posteriormente la dosificaban en viviendas clandestinas. Las autoridades también establecieron que la organización marcaba la droga y diferentes espacios públicos con un símbolo de panda, utilizado para identificar su presencia criminal en la zona.

*Productos vencidos y en mal estado eran obtenidos en instituciones de salud, modificados en su apariencia, vendidos como originales por redes sociales y grupos de mensajería instantánea, y enviados a diferentes destinos del país, Venezuela y Ecuador.

La Fiscalía General de la Nación puso al descubierto a una red criminal señalada de comercializar a gran escala medicamentos adulterados para enfermedades de alta complejidad, poniendo en riesgo la vida y la salud de pacientes en Colombia y otros países de la región.

Los elementos materiales probatorios indican que productos farmacéuticos vencidos, descontinuados o en mal estado eran obtenidos en Instituciones Prestadoras de Salud (IPS), modificados en su apariencia para hacerlos pasar como originales y posteriormente ofrecidos y promocionados como tratamientos para el cáncer, el VIH, la diabetes, el lupus, la obesidad, los problemas hormonales y de crecimiento.

De igual manera, se conoció que el grupo delincuencial presuntamente contrató a una empresa de impresiones para falsificar los empaques y sellos, eliminar los registros caducados, poner fechas nuevas de expiración y lotes de fabricación.

Posteriormente, desde Cúcuta (Norte de Santander) comercializaba los medicamentos por redes sociales y grupos cerrados creados en sistemas de mensajería, y coordinaba su envío como encomiendas a diferentes ciudades del país, Venezuela y Ecuador. En la capital de Norte de Santander y su área metropolitana concentraban la distribución en droguerías de barrios y de manera informal a pacientes que buscaban medicamentos a menor costo.

En atención a los elementos materiales probatorios recopilados, 13 de los posibles integrantes de esta organización ilegal fueron capturados por servidores de Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional y el Ejército Nacional, en Bogotá, Cúcuta y Pelaya (Cesar). Un fiscal de la Unidad de Patrimonio Económico de la Seccional Norte de Santander los presentó ante un juez de control de garantías y les imputó, de acuerdo con su presunta responsabilidad individual, los delitos de concierto para delinquir, enajenación ilegal de medicamentos, usurpación de derechos de propiedad industrial, usurpación de derechos de propiedad intelectual y corrupción de alimentos, productos médicos o material profiláctico.

Los cargos no fueron aceptados. Los procesados son el señalado cabecilla del entramado ilegal, Domingo Antonio Gutiérrez; y los presuntos encargados de la coordinación, comercialización y transporte, entre otros roles, identificados como María del Carmen González, Leonardo André Pineda Galvis, Miller Sáenz Valderrama, Johan Alexis Pérez Acevedo, Diana Carolina Ordoñez García, Jairo Andrés Sarabia Pérez, Miguel Ángel López Ordoñez, Jeimmy Carolina Sandoval Hoyos, Patricia Parra Díaz, Gerson Yovanni Leal García, Robinson David Corredor Díaz y Andrea Mariana Varenzuela Sevilla.

*Por estos hechos, la Fiscalía ya imputó cargos a nueve personas señaladas de integrar la estructura investigada.

La Fiscalía General de la Nación radicó solicitud de audiencia de imputación contra la Indira Luz Barrios, exgobernadora de Arauca, por presuntas irregularidades en la aprobación y ejecución de tres proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías.

Las investigaciones se relacionan con obras de protección, alcantarillado pluvial y adecuación del relleno sanitario Brisas del Cravo, desarrolladas en los municipios de Arauca y Tame. Según la Fiscalía, las iniciativas superaron los 91.542 millones de pesos.

De acuerdo con el ente acusador, durante su administración habría sido designada como ejecutora la Asociación Regional de Municipios del Caribe, AREMCA, pese a que presuntamente no cumplía con los requisitos legales, técnicos, financieros y jurídicos exigidos para administrar recursos provenientes de regalías.

El caso hace parte de una investigación más amplia sobre un presunto entramado de corrupción que, según la Fiscalía, habría utilizado figuras asociativas de municipios para direccionar contratos financiados con dineros públicos del Sistema General de Regalías.

Por estos hechos, la Fiscalía ya imputó cargos a nueve personas señaladas de integrar la estructura investigada. El ente acusador sostiene que, a través de este esquema, habrían sido direccionados aproximadamente 101 proyectos por una cuantía superior a los 496.000 millones de pesos.