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Fenómeno de La Niña afectaría a 550 mil familias en todo el país

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El plazo fijado por la Unidad venció el 20 de mayo y solo Bogotá, Cesar, Caldas, Guaviare, Santander y Chocó entregaron los documentos requeridos, indicó ante los mandatarios convocados por la Federación Nacional de Departamentos.

Gobernadores y alcaldes deben trabajar de manera más armónica, ustedes son autónomos en sus territorios, el gobierno no puede imponer cosas. El plan para enfrentar el fenómeno de ‘La Niña’ no es una imposición, nosotros esperamos sus planes departamentales y solo 6 los entregaron. Hago un llamado fraterno y respetuoso porque no tenemos tiempo”, advirtió.

Carlos Carrillo, director de la UNGRD, en la cumbre de gobernadores en MonteríaCarlos Carrillo, director de la UNGRD, en la cumbre de gobernadores en MonteríaUNGRD

En consecuencia, la UNGRD extendió el plazo hasta el 30 de junio y programó para los días 29 y 30 del mismo mes la asistencia técnica sectorizada para los gobernadores que lo requieran.

Carrillo reveló que cerca de 550,000 familias podrían verse afectadas por desastres, cerca de 16,000 viviendas destruidas y 224,000 podrían resultar averiadas.

En los meses de junio a agosto, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres se enfocará en la etapa de preparación para la respuesta. Es crucial contar con el apoyo del Ministerio de Hacienda y del Gobierno Nacional para asegurar los recursos necesarios”. La participación del director general de la UNGRD en la cumbre de gobernadores, en la que participaron 24 de los 32 mandatarios, fue crucial para fortalecer la cooperación y la coordinación entre los diferentes actores involucrados en la gestión del riesgo de desastres.

“Trabajaremos juntos para estar preparados y proteger  nuestra población”, enfatizó.

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El excongresista Musa Besaile, condenado por corrupción, quedó en libertad condicional

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Musa Besaile, excongresista del Partido de la U condenado por parapolítica y el escándalo del ‘Cartel de la Toga’, recibió libertad condicional y salió de su centro de reclusión. Estaba condenado a más de seis años de prisión.

Una decisión del Juzgado Segundo de Ejecución de Penas de Montería le dio la libertad condicional al exsenador, quien estaba recluido en el Centro de Ejecución Militar del batallón de la capital de Córdoba.

Besaile había sido condenado por la Corte Suprema por los delitos de concierto para delinquir agravado, tráfico de influencias y peculado por apropiación. El parlamentario estuvo implicado en redes de corrupción en donde hizo uso de su poder para obtener algunos beneficios.

Su libertad se habría dado debido al cumplimiento de tres quintas partes de la condena, así lo habría asegurado su abogado Hernando Bocanegra, quien también informó que Besaile se encontraba en delicado estado de salud.

Inicialmente, la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia había condenado al exsenador a 6 años y 20 días de prisión, además de imponerle una multa por un valor de $415.268.652 y una inhabilidad para ejercer cargos públicos por 83 meses; sin embargo, en el mes de mayo de 2023 el mismo tribunal le sumó 7 años de prisión por alianzas con grupos paramilitares.

Además, en febrero, Besaile había recibido una sentencia de dos años y seis meses de prisión por tráfico de influencias en el proceso Fonade, pues de acuerdo con el alto tribunal el excongresista, junto al Ñoño Elías, efectuaron “actividades burocráticas y de intermediación legal” en los asuntos contractuales de la entidad.

Debido a estas sentencias, las condenas de Besaile sumaron un total de 168 meses y 9 días de prisión, y se permitió que accediera a la libertad condicional por el cumplimiento de una parte de la pena.

Otro de los motivos que favoreció esta medida es que el excongresista no es solicitado por ninguna otra entidad, esto lo confirmó el Inpec, la autoridad carcelaria del país, y el Ejército, en una de cuyas sedes estaba recluido Besaile.

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Hombres que intentaron quemar vivos a 15 policías en un CAI fueron condenados a 18 y 20 años de prisión

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Dos sujetos fueron judicializados este viernes, 22 de noviembres, por el atentado realizado contra el CAI de La Aurora en Usme, Bogotá, en donde le prendieron fuego a una estructura en donde se encontraban 15 uniformados de la Policía que resultaron casi calcinados luego del ataque.

En medio de lo que fue catalogado como el estallido social, en la noche del pasado 4 de mayo de 2021 una multitud atacó con palos, piedras y bombas incendiarias al CAI que está ubicado en el barrio La Aurora, en la localidad de Usme, en Bogotá.

En esta estructura estaban refugiados 15 uniformados, quienes cumplían turno en su momento. El ataque fue más allá cuando, según la narración del juez quinto especializado de Bogotá, dos sujetos lanzaron bombas ‘Molotov’ a través de uno de los vidrios blindados, los cuales ya estaban debilitados gracias a los golpes.

Estos hombres son Kevin Hernández y Edwin Murcia, quienes fueron condenados por los delitos de terrorismo agravado y violencia contra servidor público.

“El juzgado emitirá sentencia de condena contra Kevin Hernández y Edwin Murcia únicamente por los delitos de terrorismo agravado y violencia contra servidor público (…) Adicionalmente, se emitirá sentencia de condena en contra de Edwin Murcia por el delito de tenencia, fabricación y tráfico de sustancias y objetos peligros”, fue la declaración en la audiencia del juez quinto especializado de la capital.

Ante los hechos, el togado los sentenció a 18 y 20 años de prisión respectivamente, pues en el caso de Murcia se encontraron dos artefactos explosivos en su residencia y los cuales tienen relación con las sustancias que en aquella noche le arrojaron a los policías.

La sentencia fue basada en pruebas contundentes en donde se destacan varios videos de las cámaras de seguridad, los cuales fueron claves para identificar a los responsables del hecho. También se desestimaron las pruebas presentadas por la defensa de estos hombres, las cuales fueron calificadas como contradictorias e inconsistentes.

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Fiscalía citó a declarar a Laura Sarabia en investigación por financiación de campaña Petro

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En el marco de la investigación que adelantan las autoridades sobre la presunta financiación irregular de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, la Fiscalía citó a declarar a Laura Sarabia, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre). La funcionaria deberá proporcionar detalles sobre los movimientos financieros de la campaña en región caribe.

En particular, Sarabia deberá dar explicaciones respecto a unos audios que le habría enviado Armando Benedetti, actual embajador de Colombia ante la FAO. En el diálogo, Benedetti hizo referencia a su papel en la obtención de recursos, afirmando que habría gestionado “activamente” alrededor de 15.000 millones de pesos para la campaña presidencial.

“Nadie me deja tirado tres horas ahí, un man que hizo 100 reuniones en una campaña, un man que consiguió 15.000 millones y ahora que busqué toda la plata y tú lo sabes más que nadie, pa’ que se fuera a los hoteles, para que se viniera para acá y todo lo demás”, le recriminó Benedetti a Sarabia, quien en ese momento se desempeñaba como jefa del gabinete presidencial.

“No tengo conocimiento de las afirmaciones del ciudadano Armando Benedetti en esos audios. Mi función en la campaña del entonces candidato Gustavo Petro era la coordinación de la agenda política, así como determinar a qué entrevistas asistía el candidato o debates o reuniones de materia política. Más allá de eso, el candidato fue enfático en decir que todo ingreso del recurso debía ser tramitado por el gerente de campaña y bajo las condiciones de la misma”, dijo sobre esos hechos Sarabia ante el Consejo Nacional Electoral, órgano que lleva a cabo la misma investigación.

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