*También fueron capturados dos civiles.

La Fiscalía anunció que puso al descubierto una red delincuencial señalada de extraer y comercializar ilegalmente municiones y otros elementos de uso exclusivo de la fuerza pública, mediante maniobras que habrían permitido alterar los registros y controles establecidos para la custodia del material en diferentes sedes militares.

«Con la coordinación de un fiscal de la Delegada para la Seguridad Territorial, servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), la Policía Nacional y el Ejército Nacional capturaron a cinco señalados integrantes de la organización en Armenia, Ibagué, Florencia, Villavicencio y Bogotá. Se trata de tres suboficiales, uno activo y dos en retiro, y dos civiles», indicó la Fiscalía.

Así mismo fue notificado en la cárcel La Picota de Bogotá Óscar Roberto Cediel Hoyos, alias ‘Sargento García’, quien cumple una condena por tráfico de armas y sería el encargado de coordinar la actividad ilícita desde el centro carcelario.

Según la Fiscalía, la estructura contactaba a funcionarios que desempeñaban labores de almacenistas de armamento en diferentes guarniciones. Al parecer, les ofrecían dinero y otros beneficios a cambio de alterar registros, generar legalizaciones fraudulentas y facilitar la extracción de armas, municiones y componentes.

Posteriormente, estos elementos eran comercializados a diferentes grupos armados ilegales.

«Hasta el momento han sido documentados eventos delictivos en el Cantón Militar Coronel Jaime Rooke, de Ibagué, y en el Batallón de Infantería Mecanizada No. 5 ‘General José María Córdova’, en Santa Marta», indicó la Fiscalía.

El 20 de septiembre, en la manzana C casa 7 del barrio El Oasis, Santa Marta, se presentó una riña entre hermanos relacionada con una deuda de 40.000 pesos.

Durante el altercado, Gabriel Antonio Payares Bolívar habría agredido con un arma blanca a su hermana, Juana María Payares Bolívar, ocasionándole una lesión de gravedad en una de sus manos.

La víctima fue auxiliada por su hermana y su esposo, quienes la trasladaron inicialmente al puesto de salud de Bastidas y posteriormente a la Clínica Bahía, donde recibió atención médica debido a la gravedad de la lesión.

Gabriel Antonio Payares Bolívar fue capturado en flagrancia por uniformados de la Estación Bastidas y puesto a disposición de la Fiscalía 7 Seccional URI.

El caso fue tipificado como lesiones personales agravadas por circunstancias, conforme al artículo 119 del Código Penal.

*Los hechos ocurrieron entre septiembre de 2023 y noviembre de 2025 en Risaralda, Valle del Cauca y Quindío. En algunos casos, los automotores habrían sido reportados como hurtados después de ser dejados con el estupefaciente para intentar recuperarlos.

Cuatro vehículos abandonados con cargamentos de marihuana permitieron a la Fiscalía General de la Nación identificar a una organización dedicada al transporte de estupefacientes desde zonas de producción ilegal en Corinto, Caloto y El Palo (Cauca) hacia diferentes regiones del país.

Los hechos investigados ocurrieron entre septiembre de 2023 y noviembre de 2025, en Balboa (Risaralda), Guacarí y Buga (Valle del Cauca), y La Tebaida (Quindío).

En estos procedimientos fueron incautados 461 kilos y 467 gramos de marihuana. Las evidencias indican que los conductores dejaban en la vía los automotores en los que transportaban la sustancia ilícita y huían del lugar.

Posteriormente, algunos de ellos reportaban falsamente el hurto de los vehículos con el propósito de recuperarlos.

Cuatro de los posibles integrantes de este grupo delictivo fueron capturados y judicializados.

Se trata de Andrés Osvaldo Cuero Arroyo, quien sería el encargado de adquirir la marihuana y coordinar los desplazamientos; Migdonio Manuel Ordóñez Silva, señalado de realizar labores de vigilancia para advertir sobre la presencia o los controles de las autoridades; y Juan Camilo Martínez y Francisco Eliezer Orovio Mina, presuntos transportadores.

Por estos hechos, un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó a estas personas los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y concierto para delinquir.

Adicionalmente, a Cuero Arroyo le fue atribuido el delito de violencia contra servidor público, con circunstancias de agravación punitiva, por arrollar a dos policías que intentaron evitar que escapara luego de dejar abandonado un carro con estupefacientes; y a Camilo Martínez, el delito de falsa denuncia.

Los procesados no aceptaron los cargos y deberán cumplir medida de aseguramiento en
centro carcelario