La investigación por el caso de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) sigue avanzando. La Fiscalía General de la Nación ya solicitó audiencias de imputación de cargos y de medida de aseguramiento privativa de la libertad para el exdirector de la entidad, Olmedo López, el exsubdirector de manejo de desastres Sneyder Pinilla y el contratista Luis Eduardo López. Además, compulsó copias a la Corte Suprema de Justicia para investigar a nueve congresistas.

Pues, de acuerdo con Sneyder Pinilla, al menos 15 congresistas estarían implicados en el entramado de corrupción en la entidad, que se basó en el desvío de miles de millones de pesos de un contrato para la compra de carrotanques para La Guajira. No obstante, las irregularidades en la Ungrd van más allá y podrían involucrar a más funcionarios.

Así las cosas, en múltiples diligencias investigativas, la Fiscalía obtuvo los nombres de nueve congresistas relacionados con el caso de corrupción. Los dos primeros son el presidente del Senado de la República, Iván Name, y el presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle. Los dos funcionarios ya están siendo indagados por la Corte Suprema de Justicia; el magistrado de la Sala Instrucción Francisco Farfán ordenó la práctica pruebas documentales y testimoniales en mayo de 2024 por su presunta participación en los delitos de cohecho propio y enriquecimiento ilícito.

De acuerdo con Pinilla, los presidentes del Senado y de la Cámara recibieron $3.000 millones y $1.000 millones, respectivamente, del contrato para la compra de los carrotanques para La Guajira. Con este dinero, que supuestamente recibieron los congresistas de manera presencial y en efectivo, debían comprometerse a impulsar las reformas sociales del Gobierno del presidente Gustavo Petro en el Congreso.

“Es ahí cuando nace el contrato de los carrotanques, para poder entregarles a estas dos personas, al doctor Name y al doctor Calle…. la orden de proveeduría se hace el 12 de octubre (2023), en un par de horas. Lo que yo hago es que le digo a un contratista que es de la Unidad: ‘Venga, hágame un favor, présteme 4.000 millones de pesos… Ese contratista me presta los $4.000 millones y son los que yo posteriormente entrego. Había un afán muy grande de entregar el recurso, pero yo no había encontrado la forma de hacerlo, claro, porque no teníamos presupuesto”, aseveró el ex subdirector de desastres de la Ungrd en conversación con Semana.

Por otro lado, Olmedo López señaló al tercer congresista presuntamente implicado en el caso: el presidente de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, Wadith Manzur. El exfuncionario de la entidad aseguró que el político obtuvo beneficios del entramado. Sin embargo, no mencionó cuáles fueron las ganancias que recibió ni qué rol cumplió en las acciones corruptas que tuvieron lugar en la Ungrd.

“Este tema de los carrotanques va más allá de los vehículos. Toca a aforados, para darte solamente un nombre, el presidente de la Comisión de Acusación, Wadith Manzur, es uno de los beneficiados de todo este proceso”, precisó el exdirector. La acusación generó escozor porque el congresista está liderando la célula legislativa que está investigando la presunta financiación irregular de la campaña del presidente de la República.

Los otros siete congresistas que serían investigados por la Corte Suprema de Justicia, por solicitud de la Fiscalía, son:

El senador Juan Pablo Gallo Maya, del Partido Liberal.
El representante a la Cámara Juan Diego Muñoz Cabrera, del partido Alianza Verde.
La representante a la Cámara Karen Astrith Manrique Olarte, de una de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz.
La senadora Liliana Esther Bitar Castilla, del Partido Conservador.
El senador Julio Elías Chagüi Flórez, del Partido de la U.
El representante a la Cámara Julián Peinado Ramírez, del Partido Liberal.
Estos siete congresistas no han sido mencionados por Olmedo López o Sneyder Pinilla en declaraciones públicas ante los medios de comunicación. No obstante, han dado detalles del caso ante la Fiscalía que, a su vez, ha llevado a cabo un proceso de valoración de material probatorio que la motivó a compulsar copias a la Corte Suprema de Justicia para que investigue a los congresistas en cuestión.