Días atrás, el gobierno de Estados Unidos emitió sanciones contra 16 funcionarios del régimen de Nicolás Maduro, entre los cuales hay militares y funcionarios de la Corte Suprema y del organismo electoral de Venezuela.
Esas acciones de las autoridades norteamericanas se dieron por las “fraudulentas e ilegítimas afirmaciones de victoria (electoral del presidente Nicolás Maduro) y su brutal represión contra la libertad de expresión después de las elecciones”, así lo aseguró en su momento el subsecretario de Tesoro, Wally Adeyemo.
En complemento de esas medidas proferidas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el Congreso de ese país presentó un proyecto de ley que iría encaminado en acorralar al mandatario de Venezuela.
El grupo de senadores y representantes demócratas y republicanos presentaron esa iniciativa para aumentar de 15 millones a 100 millones de dólares la recompensa por la captura de Maduro.
De acuerdo con la explicación del senador republicano Rick Scott, “la recompensa sería pagada por el gobierno federal utilizando bienes incautados que ya están siendo retenidos de Maduro, funcionarios del régimen de Maduro y sus co-conspiradores, no fondos de los contribuyentes”.
Los activos retenidos al líder chavista y a sus aliados suman 450 millones de dólares. Nicolás Maduro carga con una acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos desde el año 2020 por tráfico de drogas.
