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EPM y la Sociedad Hidroeléctrica Ituango llegan a acuerdo conciliatorio que favorece la protección del patrimonio público y la estabilidad energética del país

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*El acuerdo conciliatorio aprobado por el Tribunal Arbitral establece una resolución definitiva de los conflictos técnicos, jurídicos y económicos en disputa, derivados del contrato BOOMT

*El resultado se logra gracias a un trabajo riguroso de los equipos técnicos, financieros y jurídicos de las dos entidades, y de sus asesores externos

*Este es un hito muy relevante para la estabilidad y la confiabilidad al Sistema Interconectado Nacional, ya que le permitirá a EPM avanzar en la finalización del proyecto que aportará el 17 % de la energía que necesita el país

En el marco de la controversia entre EPM y HI, el Tribunal Arbitral ha aprobado el acuerdo conciliatorio presentado por ambas partes, con el concepto favorable del delegado de la Procuraduría General de la Nación, quien confirmó que se cumplían los requisitos y presupuestos legales y jurisprudenciales necesarios para su aprobación. Las condiciones técnicas, jurídicas y económicas acordadas se fundamentan en la valoración de la contingencia, así como en posiciones técnicas y comerciales recíprocas y razonables, orientadas a preservar y reequilibrar el contrato BOOMT. Esto garantiza su ejecución futura en condiciones de estabilidad, previsibilidad y preservación del patrimonio público, además de contribuir a la estabilidad energética del país.

Las partes realizarán los ajustes al contrato BOOMT para incorporar los acuerdos alcanzados y aprobados por el tribunal. Estos cambios permitirán a HI recibir una remuneración periódica, la cual se calculará siguiendo la metodología establecida y reflejada en el modelo financiero del contrato BOOMT. Además, se abordarán aspectos técnicos relacionados con la construcción y la puesta en operación del proyecto.

Para John Maya Salazar, gerente general de EPM “el acuerdo alcanzado nos permitirá seguir concentrados en finalizar la segunda etapa del proyecto, que pondrá en operación cuatro unidades adicionales a las que ya están funcionando. De este modo contribuiremos a la confiabilidad del Sistema Interconectado Nacional. Además, el acuerdo conciliatorio asegura a EPM su sostenibilidad financiera y garantiza la continuidad de las transferencias al Distrito de Medellín, lo que le permitirá atender los proyectos establecidos en su plan de desarrollo”.

Por otra parte, el acuerdo le asegura a la Gobernación de Antioquia y a EPM, accionistas de HI, recibir recursos financieros, vía dividendos, para desarrollar proyectos sociales, ambientales y de infraestructura en beneficio del Departamento de Antioquia, para Medellín y para el País.

Con el acuerdo se está evitando la terminación anticipada del contrato BOOMT, lo que habría implicado una reducción en las rentas que EPM recibe de la generación de energía. Además, se logran los recursos de remuneración para HI, necesarios para el pago de dividendos al IDEA, la Gobernación de Antioquia, EPM y a los accionistas minoritarios.

*Antecedentes del acuerdo*

EPM Ituango y HI firmaron el 30 de marzo de 2011, el contrato BOOMT (Build, Own, Operate, Mantain and Transfer) para la construcción, financiación, operación, mantenimiento y transferencia de la central hidroeléctrica Ituango, la obra de infraestructura más grande que se construye en el país. Dicho contrato fue cedido a EPM mediante un contrato de cesión el 19 de enero de 2013.

El 28 de abril de 2018, cuando el Proyecto alcanzaba el 87 % de cumplimiento en su cronograma y presupuesto, se registró el taponamiento y destaponamiento natural de la Galería Auxiliar de Desviación (GAD), lo que marcó el inicio de la contingencia. EPM no escatimó esfuerzos ni recursos para proteger a la comunidad, cuidar el ambiente y avanzar en la construcción de la central de generación de energía, con el fin de mitigar los riesgos aguas abajo de la presa.

El 12 de mayo de ese mismo año, el túnel de desviación derecho del Proyecto se destaponó, de manera natural, sumándose a la contingencia ya existente. Como consecuencia, fluyeron 5,000 m3/s de agua de forma continua al menos durante cuatro horas, lo que obligó a la evacuación preventiva de poblaciones ubicadas aguas abajo de la presa. Posteriormente, el túnel de desviación derecho se volvió a taponar naturalmente con material de derrumbe y permaneció así hasta el 19 de septiembre de 2024, cuando se produjo su cierre definitivo, en una proeza de la ingeniería.

En 2020, HI presentó un proceso arbitral contra EPM, alegando incumplimientos contractuales relacionados con el cierre de las compuertas de desviación e inicio del llenado del embalse (hito 7), entrada en operación comercial de la unidad 4 (hito 8) y de la unidad 1 (hito 9) del contrato BOOMT.

El 24 de junio de 2024, HI promovió una nueva demanda arbitral en la que buscaba, entre otras cosas, que se declarara el incumplimiento de EPM respecto a la fecha de entrada en operación de la última unidad de generación de la central hidroeléctrica Ituango (hito 10). Además, solicitaba que se le condenara al pago de la remuneración correspondiente, así como las cláusulas penales de apremio, los intereses moratorios y la penalidad por la terminación anticipada del contrato BOOMT.

A su vez, EPM presentó una demanda de reconvención en la que solicitaba que, para el cálculo de la remuneración a la que tendría derecho HI, se considerara el costo promedio ponderado de la deuda incurrida por EPM, las provisiones ambientales y sociales requeridas por el proyecto, así como la modificación de la fecha de puesta en operación de la primera etapa, entre otras variables.

Desde el segundo semestre de 2024, EPM y HI llevaron a cabo negociaciones buscando encontrar soluciones a las controversias surgidas. Se firmaron varios documentos de entendimiento y, finalmente, establecieron de manera conjunta, un acuerdo conciliatorio para la resolución definitiva de los conflictos, el cual fue aprobado el día de ayer por parte del Tribunal Arbitral.

Con este resultado, se pone fin al proceso arbitral iniciado por HI contra EPM.

Un impulso a la sostenibilidad del territorio

A la fecha, el proyecto hidroeléctrico Ituango presenta un avance del 94.48%; ha entregado transferencias del sector eléctrico entre febrero de 2023 y noviembre de 2025 por $179,102 millones a 155 municipios del país, dos Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) y un Parque Nacional.

EPM es promotor de desarrollo en los 16 municipios de las áreas de influencia e interés de la central Hidroituango. Desde sus inicios a hoy, la Empresa ha invertido 2.6 billones de pesos, cifra histórica en las subregiones del Norte, Occidente y Bajo Cauca antioqueño.

En materia ambiental, EPM realiza la compensación de 24,121 hectáreas de bosques seco tropical, húmedo tropical y premontano en la zona de influencia del Norte y Occidente de Antioquia. Para el desarrollo de la estrategia de compensación y restauración, EPM cuenta con un vivero para la producción de plántulas de especies nativas de los bosques seco y húmedo tropical.

De igual forma, el territorio cuenta con un centro de atención y valoración de fauna, que permite con profesionales especializados atender los diferentes animales que puedan resultar afectados por las obras o por cualquier otra circunstancia; estudios poblacionales de aves, felinos y la nutria, además de monitoreos de fauna y flora y de fauna íctica, incluyendo monitoreo de ecosistemas acuáticos aguas abajo del Proyecto, entre otras inversiones en materia ambiental.

*Algunos Hechos de Progreso*

– Construcción y recuperación de más de 1,500 kilómetros de vías nuevas y recuperadas.
– 122 instituciones educativas, entre nuevas y mejoradas.
– 739 familias con vivienda nueva o mejorada
– 800 viviendas nuevas, construidas en madera dentro del programa Aldeas.
– 5,489 familias son beneficiadas con el servicio de gas natural.
– Optimización de sistemas de acueducto en algunos de los municipios del área de interés. Entre otras inversiones destacadas.

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Nuevo atentado con explosivos en el peaje La Agustina, en la vía Panamericana entre Cali y Popayán

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*El ataque, fue perpetrado con un dron, dejó daños leves en la infraestructura, y cierre del corredor durante varias horas, mientras autoridades atendían el incidente.

Un atentado con explosivos se registró hacia la 1:00 de la madrugada de este sábado 7 de noviembre en el sector del peaje La Agustina, en el municipio de Cajibío ubicado sobre la vía Panamericana, en el corredor que comunica a Popayán con Cali. El ataque, que habría sido perpetrado mediante un dron, ocasionó daños materiales leves en la infraestructura.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, no se registraron personas lesionadas, de la Fuerza Pública ni civiles de la comunidad. Tras lo ocurrido, la vía permaneció cerrada durante algunas horas mientras se adelantaban las verificaciones correspondientes.

A esta hora, el tránsito vehicular se encuentra habilitado y se reporta normalidad en este corredor vial.

Este nuevo episodio se suma a otros hechos de orden público registrados en el mismo corredor durante 2026. El pasado 4 de mayo, la Policía Nacional informó sobre la ubicación y desactivación de un cilindro con aproximadamente 60 kilogramos de explosivos en la vereda La Agustina, mientras que el 8 de agosto la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) rechazó un atentado contra la infraestructura del peaje que se encontraba en construcción en este sector.

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Familias del Pacífico colombiano aún viven entre grietas tres meses después del terremoto

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*Uno de los casos más graves se encuentra en Brubatá, una zona rural del municipio de Tadó, en el departamento del Chocó, donde solo quedó una casa en pie.

Numerosas familias del Pacífico siguen viviendo en casas dañadas, agrietadas o dependiendo de otros hogares para alojarse casi tres meses después del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el occidente del país, según un balance divulgado este jueves por Médicos Sin Fronteras (MSF).

«Observamos que muchas familias de las comunidades visitadas seguían ocupando sus casas afectadas o estaban siendo recibidas por familias de acogida, lo que afecta las condiciones de vida de ambas», señaló la organización humanitaria en su informe.

Uno de los casos más graves se encuentra en Brubatá, una zona rural del municipio de Tadó, en el departamento del Chocó, donde, según el censo de la comunidad, de las 65 viviendas que había antes del terremoto del pasado 10 de agosto solamente una quedó en pie.

La organización, que este jueves anunció el cierre de su atención a la emergencia tras diez semanas de trabajo, explicó que muchas viviendas continúan habitadas pese a presentar grietas por las que entra el agua y techos sostenidos con apoyos improvisados.

La emergencia agravó problemas que ya afectaban a las comunidades del Pacífico, especialmente en zonas rurales e indígenas con dificultades de acceso a servicios básicos, agua potable y atención sanitaria.

En las riberas de los ríos Baudó y San Juan, inundaciones que se produjeron después del terremoto destruyeron cultivos y dejaron a numerosas familias en una situación de mayor vulnerabilidad alimentaria, explicó la jefa de misión de MSF en Colombia, Siham Hajaj.

«Las problemáticas preexistentes se agudizaron por el terremoto. Centenares de familias afectadas por conflicto, violencia y restricciones de acceso a servicios básicos perdieron sus hogares», señaló Hajaj, quien reclamó una respuesta integral y sostenida para atender las necesidades de estas comunidades.

Durante las diez semanas de intervención, los equipos de MSF realizaron 5.001 consultas, de las cuales 4.645 fueron de salud física y 356 de salud mental, además de distribuir filtros de agua y artículos de primera necesidad.

En seis municipios del Chocó, la organización identificó que una parte importante de las enfermedades estaba relacionada con el consumo de agua no segura.

También detectó cerca de 100 casos de malaria y más de 40 de dengue, especialmente en las zonas rurales. El balance oficial del terremoto cifra en 335 los fallecidos, 103 los desaparecidos y 4.516 los heridos.

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Avanza megaoperativo en Bogotá para expulsar a más de 80 peligrosos delincuentes extranjeros

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En un megaoperativo articulado entre las principales fuerzas de seguridad e inteligencia del país, las autoridades avanzan en Bogotá con el traslado y posterior expulsión de más de 80 ciudadanos extranjeros que permanecían bajo custodia judicial por la comisión de diversos delitos de alta severidad. La intervención interinstitucional cuenta con la participación activa de la Policía Nacional, funcionarios de Migración Colombia, efectivos de las Fuerzas Especiales y unidades del Ejército Nacional.

El procedimiento operativo inició durante las horas de la tarde en las instalaciones de la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL (Sijín), ubicadas en el centro de Bogotá, en inmediaciones de la carrera décima y las antiguas dependencias de la Policía Metropolitana.

En la sede judicial se concentró a los requeridos, donde personal especializado de Migración Colombia, junto a oficiales de altos mandos de la Policía Nacional, adelantó uno a uno los trámites administrativos, la verificación de expedientes y el diligenciamiento de la documentación reglamentaria requerida para concretar la medida de expulsión del territorio colombiano.

Durante la tarde y la madrugada posterior, se coordinaron los esquemas de seguridad necesarios para garantizar el control del perímetro exterior e interior de las instalaciones de retención.

Hacia las 2:15 de la madrugada, las autoridades iniciaron la fase de evacuación de los detenidos desde las celdas de la Sijín. Los retenidos fueron extraídos en bloques organizados de a 20 personas, bajo la estricta custodia de comandos armados del GOES y uniformados del Ejército Nacional, quienes custodiaron el abordaje hacia los buses de la Policía Nacional dispuestos sobre las vías aledañas.

Una vez abordados los vehículos, se puso en marcha una fuerte caravana de seguridad con rumbo al occidente de la ciudad. El convoy tomó la calle Sexta escoltado por una decena de vehículos de la Policía, camionetas institucionales, motocicletas del personal de tránsito y tanquetas blindadas. El dispositivo garantizó el trayecto ininterrumpido hasta las instalaciones del Aeropuerto Militar de Catam, donde los trasladados quedaron bajo custodia a la espera de la logística aérea.

De acuerdo con los reportes de las autoridades y la cobertura en el lugar de los hechos, las personas objeto del operativo registran antecedentes y procesos vinculados a graves afectaciones a la seguridad ciudadana. Entre las conductas punibles imputadas a los extranjeros destacan delitos de extorsión, homicidio y diversas modalidades delictivas ejecutadas en Bogotá y distintas regiones del país.

Tras su arribo a la terminal aérea militar de Catam, se dispuso el transporte aéreo de los retenidos mediante un vuelo directo hacia la ciudad de Cúcuta, en el departamento de Norte de Santander. Desde este punto fronterizo se completará el trámite de expulsión y deportación terrestre hacia territorio venezolano en el transcurso de las próximas horas.

 

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