*Mediante dos Equipos Conjuntos de Investigación (ECI) se fortalecerá la investigación y judicialización de las redes que trasladan víctimas colombianas a Europa con fines de explotación sexual.

La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón y los vicepresidentes de Instrucción del Tribunal de Marsella (Francia), François Bonnecarrere y Emmanuel Rodríguez, suscribieron dos acuerdos para la creación de Equipos Conjuntos de Investigación (ECI) que fortalecerán la cooperación judicial en expedientes contra la trata transnacional de personas.

La creación de los ECI fue protocolizada en simultánea en los dos países y estuvo acompañada por el embajador de Francia en Colombia, Sylvain Itté, el magistrado de enlace Alain Grellet, la directora de Asuntos Penales e Indultos del Ministerio de Justicia, Laureline Peyrefitte, y otros funcionarios franceses y colombianos.

Los equipos, con sede en París y Marsella (Francia), permitirán desarrollar investigaciones simultáneas sobre una misma organización criminal, intercambiar información judicial, incluidos testimonios, interceptaciones telefónicas y datos financieros, y coordinar operaciones en ambos países.

Las investigaciones estarán orientadas a identificar y judicializar las redes que captan personas en Colombia, las trasladan a Europa con fines de explotación sexual y obtienen beneficios económicos de esta actividad ilícita. Asimismo, permitirán impactar a quienes favorecen o participan en estas estructuras criminales en territorio francés. Los acuerdos también contemplan acciones coordinadas para garantizar la protección, atención y reparación integral de las víctimas, como parte de la estrategia conjunta para enfrentar este delito transnacional y afectar las economías ilícitas que genera.

La implementación de los Equipos Conjuntos de Investigación estará a cargo de la Dirección de Asuntos Internacionales y del Grupo de Trata y Tráfico de Personas de la Fiscalía General de la Nación, en coordinación con el magistrado de enlace de la Embajada de Francia para asuntos de trata de personas, la Dirección de Asuntos Penales e Indultos y la Jefatura Adjunta de Asuntos Internacionales del Ministerio de Justicia de Francia.

*El exfuncionario, al parecer, direccionó un contrato por 32 millones de dólares en favor de una empresa que no cumplía los requisitos técnicos, jurídicos y financieros.

La Fiscalía General de la Nación judicializó al exviceministro para la Estrategia y Planeación del Ministerio de Defensa Nacional, Luis Edmundo Suárez Soto, por su presunta participación en las irregularidades detectadas en la planeación y ejecución del contrato de mantenimiento de los helicópteros rusos MI-17 del Ejército Nacional.

De acuerdo con la investigación adelantada por un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción, el entonces viceministro, sin tener competencia funcional, habría direccionado el proceso contractual para el mantenimiento y suministro de repuestos de las aeronaves, suscrito el 31 de diciembre de 2024 por 32 millones de dólares.

Los elementos materiales probatorios indican que, presuntamente, ordenó adelantar la contratación mediante la modalidad de selección directa reservada para favorecer a una empresa representada por un ciudadano estadounidense que no acreditaba la experiencia técnica, la capacidad jurídica ni la solidez financiera requeridas.

Asimismo, habría intervenido en reuniones de estructuración para flexibilizar requisitos, mantenido comunicación directa con los contratistas y realizado gestiones ante la Aerocivil para agilizar un trámite indispensable para la ejecución del contrato. La investigación también estableció que conoció informes técnicos y jurídicos que advertían el incumplimiento de los requisitos por parte del contratista y, al parecer, dispuso que un funcionario específico realizara la evaluación financiera. Posteriormente, la forma de pago fue modificada para autorizar un desembolso anticipado del 50% del valor del contrato.

En ese sentido, el 15 de abril de 2025 fueron girados 16.231.700 dólares, aunque únicamente se habían ejecutado actividades por cerca de 2,6 millones de dólares. Tras la declaratoria de incumplimiento, permanecen pendientes de reintegro más de 13 millones de dólares.

Por estos hechos, la Fiscalía le imputó los delitos de falsedad ideológica en documento público, peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, tráfico de influencias de servidor público, prevaricato por acción, abuso de función pública y fraude procesal. Los cargos no fueron aceptados.

*Los involucrados habrían aprovechado la situación de poder que tenían sobre sus estudiantes para cometer los abusos.

Como resultado de las acciones investigativas lideradas por la Fiscalía General de la Nación, fueron judicializados tres docentes señalados de vulnerar la libertad, integridad y formación sexual de siete menores de edad en hechos ocurridos en Cesar, Bogotá y Meta.

El primer caso se registró en El Paso (Cesar), donde José Nolberto Muñoz Villazón fue judicializado por hechos ocurridos entre febrero y marzo de 2026. De acuerdo con la investigación, habría aprovechado su posición de autoridad para acercarse en múltiples ocasiones a una de sus alumnas, una adolescente de 14 años.

Por otra parte, en Bogotá, Hugo Horacio Poveda Lotero, entre 2019 y 2020, presuntamente sometió a un estudiante a múltiples agresiones de índole sexual.

Asimismo, en Villavicencio (Meta) fue judicializado Jimmy Cárdenas Machado, señalado de realizar conductas de naturaleza sexual contra cinco estudiantes menores de 14 años entre 2023 y marzo de 2026.

Por lo anterior, fiscales de la Unidad Especial de Investigación de Delitos contra Niñas, Niños y Adolescentes (UENNA) imputaron a los investigados, de acuerdo con su presunta responsabilidad individual, delitos como acto sexual violento agravado, acoso sexual, acceso carnal violento agravado, actos sexuales con menor de 14 años agravados, demanda de explotación sexual comercial con persona menor de 18 años agravada y acceso carnal abusivo con menor de catorce años agravado.

Los tres investigados no aceptaron los cargos y jueces de control de garantías les impusieron medida de aseguramiento en centro carcelario.