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El papá de Lyan Hortúa fue miembro del clan del capo Diego Rastrojo. Lo apodaban el Mochacabezas por sus crueles crímenes

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La historia del secuestro de Lyan Hortúa tuvo un giro radical este jueves 22 de mayo.

Una vez en libertad, el tío y el padrastro del menor salieron a los medios a decir que se habían sentido abandonados por el Estado y que, agobiados por la desesperación por tener a Lyan en peligro, habían decidido pagar. Pero no todo era verdad.

SEMANA reveló cómo el secuestro de Lyan no había sido realizado exclusivamente por las disidencias Jaime Martínez que operan en la zona, sino que detrás del accionar de ese grupo criminal había mediado la orden de Diego Rastrojo.

El capo tenía un pasado con el papá de Lyan. Se trata de José Leonardo Hortúa, un hombre que fue conocido como alias Mascota y que trabajaba de la mano con Rastrojo. Le solían llamar el Mochacabezas, por la crueldad de los crímenes que cometía el grupo y que incluían el desmembramiento de sus víctimas.

Una vez en libertad, el tío y el padrastro del menor salieron a los medios a decir que se habían sentido abandonados por el Estado y que, agobiados por la desesperación por tener a Lyan en peligro, habían decidido pagar.

Hortúa había sido capturado en el año 2010, en una supuesta cumbre de la mafia en Pereira, pero había conseguido un año antes que le dieran casa por cárcel, con el argumento de una “enfermedad grave”.

El diario El Tiempo registró en su momento que las autoridades habían elevado alertas por esa concesión, dado que “alias Mascota no solo era uno de los herederos de Los Rastrojos, sino que era uno de los hombres más cercanos a Diego Rastrojo, quien fue capturado en Venezuela y está a la espera de ser extraditado a EE. UU.”.

El diario agregó: “Para mantener el poder de la banda criminal en Tuluá, había desencadenado toda una ola de violencia en la región, en donde las víctimas eran decapitadas y desmembradas por la guerra entre los mismos Rastrojos”.

Se considera que Hortúa fue el padrino de un hombre que hoy aterroriza la región. Se trata de Andrés Marín, alias Pipe Tuluá. El hombre que le declaró la guerra al Estado con su plan pistola es hoy el cabecilla de la organización criminal conocida como La Inmaculada, y se encuentra recluido en el pabellón de extraditables de la cárcel La Picota en Bogotá. También fue muy cercano a alias Alacrán y a alias Guacamayo.

El papá de Lyan fue asesinado en Cali en el año 2013, antes del nacimiento del pequeño. Hortúa estaba en una cita odontológica en el barrio San Luis. Los sicarios ingresaron al lugar y le dispararon a sangre fría.

Fuentes de la Policía le narraron a SEMANA el origen de la rencilla que habría desembocado en el secuestro de Lyan. El papá del niño habría puesto propiedades y dinero a nombre de la mamá, Angie Bonilla, y Rastrojo las quería de vuelta.

Se calcula que la deuda, a ojos del capo, ascendía a 37 mil millones de pesos. No se ha confirmado con exactitud cuánto pagaron por el rescate del menor.

Sin embargo, sí se sabe que el niño no era el objetivo principal de las disidencias, sino que una vez llegaron a la casa, al no encontrar ni a la mamá ni al padrastro, decidieron llevárselo.

El hecho generó una enorme tensión en el Valle del Cauca, donde hacen presencia varios de los más peligrosos grupos armados. De acuerdo con las autoridades, los actores armados de ese departamento, así como los capos, habrían pedido respetar la vida del niño. Muchos de ellos conocieron al papá de Lyan y se creía que si algo le pasaba al menor, podría estallar una guerra en el Valle.

“Ellos le dijeron que no se podían meter, que lo único que podían hacer era velar por la vida del niño, pero la plata se debía pagar completa”, le dijo uno de los investigadores a SEMANA.

Este jueves fue asesinado en Cali el primo del padrastro de Lyan, quien fue clave en la entrega del dinero para recuperar al niño. Su nombre era Antonio Cuadros. Murió en el barrio Bretaña, mientras que la mujer que lo acompañaba, de 54 años, resultó herida.

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Tres menores habrían muerto en el segundo bombardeo ordenado por el gobierno en el Guaviare 

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*Esta operación militar ha causado polémica por la presunta muerte de tres menores de edad.

El segundo bombardeo ordenado por el Gobierno de Abelardo De La Espriella comienza a generar un nuevo debate luego de que El Tiempo revelara que tres menores de edad habrían muerto durante la Operación AMÓN, desarrollada en zona rural de El Retorno, Guaviare.

El operativo fue anunciado por el presidente como un golpe contra estructuras de las disidencias de las Farc vinculadas a la facción de alias Calarcá.

Inicialmente, el Gobierno informó que la operación había dejado ocho personas muertas. Sin embargo, posteriormente el balance conocido ascendió a 11 fallecidos, mientras las autoridades avanzaban en la recuperación e identificación de los cuerpos.

Ahora, la información publicada por El Tiempo introduce un elemento especialmente sensible en el balance de la operación: entre los fallecidos habría tres menores de edad.

Hasta el momento, las autoridades no han divulgado públicamente una confirmación independiente con las identidades y edades de esos tres menores, por lo que el dato debe mantenerse atribuido al informe publicado por ese medio mientras avanzan los procedimientos oficiales de identificación.

El debate que vuelve a abrirse

La posible muerte de menores durante la operación vuelve a poner sobre la mesa uno de los debates más complejos del conflicto armado colombiano: la situación de niños, niñas y adolescentes reclutados por organizaciones ilegales.

El reclutamiento de menores es una grave vulneración de sus derechos y los convierte en víctimas de los grupos armados. Sin embargo, su eventual presencia dentro de campamentos o estructuras ilegales también ha generado históricamente cuestionamientos sobre las decisiones militares y las precauciones que deben adoptarse durante operaciones de bombardeo.

Guaviare, además, ha sido escenario reciente de operaciones contra grupos armados en las que la presencia de menores reclutados ha generado alertas y debates públicos. En junio de 2026, una operación contra estructuras de alias Iván Mordisco dejó tres integrantes muertos y permitió la recuperación de varios menores.

La Operación AMÓN fue presentada por el Gobierno como uno de los principales golpes militares de la nueva administración. Pero la revelación sobre la posible muerte de tres menores podría cambiar la discusión alrededor del operativo.

Ahora quedan varias preguntas por resolver: ¿Quiénes eran las víctimas?, ¿Qué edades tenían?, ¿Habían sido reclutadas por las disidencias y qué información tenían las autoridades antes de ordenar el bombardeo?

Las respuestas dependerán de las investigaciones y de la identificación oficial de los cuerpos.

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Ataque con drones sacude a Ataco, Tolima: explosivos fueron lanzados contra la Policía

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*El atentado ocurrió en el sur del Tolima y habría tenido como objetivos la estación de Policía y un camión en el que se movilizaban uniformados. La gobernadora Adriana Magali Matiz Vargas calificó el hecho como parte de una escalada criminal contra la fuerza pública.

Una nueva acción violenta contra la fuerza pública sacudió este domingo al municipio de Ataco, en el sur del Tolima, donde se registró un ataque con explosivos que habría sido ejecutado mediante drones contra unidades de la Policía. De acuerdo con información preliminar, entre dos y tres drones habrían sido utilizados durante la acción criminal. Entre los posibles objetivos estarían la estación de Policía de Ataco y un camión en el que se movilizaban uniformados del Escuadrón Móvil de Carabineros.

Aunque las autoridades avanzan en la verificación de lo ocurrido, de manera extraoficial se conoció que un policía habría resultado lesionado como consecuencia del ataque. Por ahora se espera el reporte oficial que permita establecer con precisión el número de personas afectadas y los daños ocasionados.

La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz Vargas, rechazó de manera contundente el atentado y aseguró que lo ocurrido en Ataco no constituye un hecho aislado, sino que hace parte de una serie de acciones violentas que, según señaló, grupos criminales estarían intentando imponer en diferentes zonas del departamento, “Lo de hoy en Ataco no es un hecho aislado”, afirmó la mandataria, quien sostuvo que se han registrado diferentes acciones contra la fuerza pública.

Según la gobernadora, los artefactos habrían sido empleados para atacar al Escuadrón Móvil de Carabineros y unidades de la Policía, poniendo en riesgo tanto el vehículo en el que se desplazaban los uniformados como la estación de Policía.

La mandataria fue enfática en señalar: “Rechazamos categóricamente esta escalada criminal” , al tiempo que advirtió que las autoridades no permitirán que los responsables utilicen el terror para desafiar al Estado, intimidar a la población o alterar la tranquilidad de los municipios del Tolima.

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Al menos 137.000 personas han desaparecido por el conflicto armado en Colombia desde 1921

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Al menos 137.000 personas han desaparecido por el conflicto armado en Colombia desde 1921, advirtieron este domingo las autoridades que señalaron que el 48,5 % de los casos ocurrieron en la década de los 2000.

Así lo señaló la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), que detalló en un comunicado que la primera víctima registrada fue Tobías Borda Cepeda, visto por última vez en 1921 en el municipio de Rondón, en el departamento de Boyacá (centro).

Según la UPBD, los seres queridos de Borda Cepeda, quienes eran hacendados de la región, no volvieron a tener información acerca de su paradero. En ese sentido, en el marco de la conmemoración este domingo del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, la Unidad señaló que los departamentos con más casos son Valle del Cauca, Antioquia y Meta.

El organismo hizo un llamado para que otras entidades públicas, así como actores privados y la sociedad en general, sumen esfuerzos que permitan dar con el paradero de quienes llevan décadas, años, meses o días sin regresar a sus hogares.

«Esta es una fecha fundamental para recordar que la desaparición no ha cesado. El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) nos señala que, después de la firma del acuerdo de paz (entre el Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC en 2016), 2.659 personas han sido desaparecidas», expresó la directora general de la UBPD, Luz Janeth Forero.

Justamente el CICR alertó el viernes pasado que al menos una persona ha desaparecido cada dos días este año por el conflicto armado colombiano, al documentar 99 casos entre enero y julio pasados.

Entre los desaparecidos, señaló el organismo internacional en un comunicado, hay 36 niños, niñas y adolescentes.

Sin embargo, el CICR destacó que el Gobierno colombiano puso en marcha este año la Política Pública Integral para la Atención, Prevención, Búsqueda e Identificación de Personas Desaparecidas, que supone, según el CICR, un avance hacia una respuesta más articulada y coordinada entre las diferentes organizaciones estatales.

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