Ante la Procuradora Regional de Instrucción del Magdalena, fueron denunciados Ricardo Montoya Infante y Ruth Escobar de Reyes, delegado y exdelegada de la Registraduría Departamental del Magdalena. La registraduría pagó $ 961.006.737, por demandas laborales causadas al parecer por destituciones sin justa causa.

Kevin Castaño Escalante reiteró solicitud de investigación disciplinaria por presuntas faltas. Aportó evidentemente suficiente material probatorio de las presuntas conductas disciplinariamente reprochables en las que ha incurrido el delegado departamental.

Por su parte ese órgano de control advirtió que revisada la denuncia, los hechos que se denuncian como irregulares se
refieren a la posible responsabilidad que le asistiría al señor Ricardo Yesid Montoya, en su calidad de Delegado de la Registraduría Nacional del Estado Civil, al presuntamente adelantar destituciones injustificadas a través de procesos disciplinarios internos, los cuales han sido, según el quejoso, revertidos en la jurisdicción contenciosa administrativa y por lo cual ha sido condenada la entidad al pago de la suma de dinero indicada.

“Ni si quiera el despacho se ha atrevido a realizar un investigación integral, que con lleve a determinar la responsabilidad o no del funcionario y para muestra un botón: están los múltiples procesos en los que le ha correspondido a la Registraduría resarcir de su arcas dineros, hechos estos que generan un detrimento en el erario, a parte del daño social, moral de la institución y de la dignidad de las personas que fueron víctimas de sus actuaciones”, describe un aparte de la denuncia.

Castaño Escalante además señaló, que algunas de las conductas denunciadas fueron prescritas, pero otras no y las que sí, deben servir como antecedentes para mirar con objetividad los reproches en procesos radicados.

Ante la Oficina de Control Disciplinario de la Registraduría Nacional se interpuso otra denuncia

Ante Juan Urrea Hernández, Jefe de la Oficina de Control Disciplinario de Instrucción de la Registraduría Nacional, Lilia Erazo López, con C.C 36.532.601 de Aracataca; y Elkin Castaño Escalante, interpusieron otra denuncia teniendo en cuenta que la acción disciplinaria es la facultad que posee la propia administración y todos los ciudadanos de acudir ante las autoridades competentes, para que se adelanten las investigaciones y se impongan las sanciones legales contra servidores y ex servidores públicos que cometan irregularidades en el desempeño de la función, en atribuciones conferidas por la Ley 1952 de 2019, modificada por la Ley 2094 de 2021, en especial por las competencias reasignadas por la Resolución 7901 de 29 de marzo de 2022, solicitó ante dicha oficina la medida en mención.

Los denunciantes dejaron plasmado que, al parecer, desde el año 2013, se evidenciaron dentro de la Registraduría Departamental del Magdalena, hechos complejos de tracto sucesivo, de carácter permanente o continuado, basados en el incumplimiento de sus deberes, abuso de derechos y extralimitación de funciones, que han ocasionado destituciones injustificadas de funcionarios.

Acotan los denunciantes que los presuntos responsables que mediante fallos administrativos debidamente ejecutoriados han obligado al Estado en cabeza de la Registraduría Nacional, a desembolsar NOVECIENTOS SESENTA Y UN MILLONES SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS ($961.006.737), las personas causantes de estos hechos presuntamente dolosos y gravemente culposos son RicardoMontoya Inafante, funcionario (activo) y Ruth María Escobar de Reyes,  (exfuncionaria).