La gerente del Fondo Adaptación, Angie Rodríguez, denunció al presidente Gustavo Petro ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes en compañía de su abogado, el exmagistrado Wilson Ruiz.

Los presuntos delitos por los que denunció al mandatario son: peculado por aplicación oficial diferente, constreñimiento ilegal, injuria y calumnia y tráfico de influencias como servidor público.

Rodríguez y su defensa también anunciaron que radicarán una denuncia penal en la Fiscalía porque, presuntamente, miembros de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) han proferido amenazas contra la exfuncionaria.

La decisión se produce después de que diferentes funcionarios del Gobierno, incluido el mandatario, advirtieran sobre la posibilidad de presentar denuncias por los presuntos delitos de injuria y calumnia en respuesta a las afirmaciones hechas por Rodríguez.

A través de sus redes sociales, Wilson Ruiz confirmó que asumió la representación jurídica de la exfuncionaria y anunció la presentación de una denuncia ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.

“Junto a mi equipo jurídico estamos acompañando a Angie Rodríguez, exgerente del Fondo Adaptación. Por ello, presentaremos una denuncia contra Gustavo Petro ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes para que se investiguen las presuntas conductas del Presidente en su contra. Cometió una serie de agravios por los que tendrá que responder”, escribió Ruiz.

Rodríguez, quien también se desempeñó como directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), aseguró que cuenta con información sobre la presunta participación de funcionarios del Gobierno en hechos de corrupción, así como en la supuesta entrega irregular de contratos y cargos a personas recomendadas.

La exfuncionaria manifestó que está dispuesta a entregar toda la información y las pruebas que dice tener ante la Fiscalía General de la Nación, con el propósito de que las autoridades investiguen los hechos denunciados.

*Durante la Audiencia de Reconocimiento de Verdad en la JEP.

De manera contundente y sin vacilaciones salpicó el teniente coronel en retiro Luis Fernando Borja Aristizábal a entonces altos mandos del Ejército con prácticas de ‘falsos positivos’ entre 2007 y 2008 en el departamento de Córdoba.

Los señalamientos los dijo en la Audiencia de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial de la Paz, realizado el día anterior en la ciudad de Valledupar.

“Mi general Freddy Padilla de León, entonces comandante general de las fuerzas militares, conocía lo que estaba pasando, conocía que estábamos asesinando gente inocente”, afirmó.

También salpicó al General Mario Montoya Uribe, quien en su momento fue comandante del Ejército; al General Óscar Enrique González Peña, excomandante del Comando Conjunto del Caribe I; y al General Luis Roberto Pico Hernández, entonces comandante de la Séptima División del Ejército. “Esto no era una manzana podrida, no era una rueda suelta. Todos sabíamos lo que estaba pasando, absolutamente todos”, dijo sin duda alguna.

Además, señaló al excomandante de la Brigada 11 del Ejército, con sede en Montería, quien les exigió cuotas de muertos.

“Mi Coronel Jorge Arturo Salgado Restrepo, comandante de la Brigada 11 desde noviembre de 2007 hasta que salí trasladado 2008, sabía que estábamos asesinando personas y cuando llegó a la unidad colocó cuota de muertos. La Fuerza Conjunta de Tarea Sucre tenía 3 muertos mensuales”, dijo el teniente coronel retirado.

También salpicó al coronel William Peña Forero, comandante de la Brigada 11 del Ejército en el año 2007, de quien dijo que sabía que “estábamos asesinando personas inocentes” y en varias oportunidades le pidió resultados relacionado con asesinatos para quedar en el primer lugar de escalafón dentro de las brigadas del Ejército.

“Todos ellos los nombro porque lo que siempre he manifestado a ustedes las víctimas, a la magistratura y a la justicia ordinaria desde el 2010 es que esto no era una manzana podrida, no era una rueda suelta. Todos sabíamos lo que estaba pasando, absolutamente todos”, reiteró.

Su intervención concluyó con una frase contundente: “Una vez le dije a unas víctimas que no pregunten quién dio la orden, pregunten quiénes sabían lo que estaba pasando”.

*El suceso ocurrió en febrero de 2023, al interior de la vivienda que compartían las mujeres. La madre falleció dos meses después del brutal ataque.

Un juez de conocimiento condenó a 50 años de prisión a Duván Esteban Ruiz Rodríguez por el asesinato de su abuela y su madre, de 82 y 52 años, respectivamente. Según trascendió, Ruiz Rodríguez asesinó a las dos mujeres en una casa del conjunto residencial Altos del Progreso, del barrio Santana de Girardota.

Los hechos se registraron a las 5:20 de la mañana del domingo 5 de febrero de 2023. Tras los gritos de auxilio de ambas mujeres, los vecinos irrumpieron en el inmueble. Cuando llegaron, se encontraron con que ambas estaban tendidas en el suelo y la casa completamente ensangrentada.

Con el apoyo de personal del Cuerpo de Bomberos de Girardota, ambas mujeres fueron trasladadas al Hospital San Rafael, de la localidad. La abuela, María Ilía Méndez Yonda, de 82 años, falleció antes de ser atendida por los médicos por cuenta de las dos puñaladas que recibió en la espalda.

La otra mujer, hija de la víctima e identificada como Yolanda Rodríguez Méndez, de 55 años fue remitida al Hospital San Vicente Fundación, de Medellín, por las múltiples heridas que sufrió en la cabeza con esta arma blanca. Posteriormente, dos meses después del ataque, falleció.

Ese día, Ruiz Rodríguez escapó del lugar, pero mediante la persecución de la Policía fue capturado cuando se ocultaba dentro de una fundación, con su ropa completamente ensangrentada.

Durante el juicio, la Fiscalía demostró que Ruiz Rodríguez ejercía violencia constante contra las mujeres, por lo que el procesado fue declarado responsable del delito de feminicidio agravado en concurso homogéneo y sucesivo. Tras los alegatos de las partes, un juez halló al hombre responsable del feminicidio, por lo que lo condenó a 50 años de cárcel.